“Hicimos una vida aquí, echamos raíces y ahora nos quieren echar”, dice inmigrante nicaragüense con TPS
Miles de inmigrantes indocumentados provenientes de Centroamérica viven momentos de angustia al enterarse, el lunes, que el gobierno de Donald Trump anunció el fin del TPS de Nicaragua y la extensión por otros seis meses del amparo a Honduras mientras el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sigue revisando informes entregados por el gobierno de Tegucigalpa.
La prórroga se activó automáticamente para Honduras porque el gobierno federal, 60 días antes de la última extensión (que vence el próximo 5 de enero de 2018), no tenía una decisión final sobre el tema.
El anuncio pone en la mira de las deportaciones a unos 60,000 inmigrantes indocumentados que llevan casi dos décadas en Estados Unidos, quienes confiaban en que la Casa Blanca concedería la décimo cuarta extensión desde que el amparo fue aprobado por primera vez el 5 de enero de 1999, tras el paso del huracán Mitch por Centroamérica.
“Imagínese usted lo que estamos pasando”, dice María Elena Hernández, una inmigrante nicaragüense que vino a Estados Unidos el 7 de diciembre de 1996. “Vine a trabajar para sacar adelante a mi familia, para salir de la pobreza y huir de la guerra”, cuenta.
Dos años y un mes después de establecerse en el sur de Florida, Hernández fue uno de los casi 92,512 nicaragüenses y hondureños que fueron beneficiados en un principio con el TPS, programa que activado por el gobierno de Bill Clinton (1993-2001) en respuesta humanitaria tras el paso del huracán Mitch por Centroamérica.
“En esos años nuestros países estaban sufriendo mucho por la inseguridad, las posiciones políticas, los desastres naturales y todo eso. Muchos tuvimos que salir huyendo, y cuando llegamos aquí no nos quedamos de brazos cruzados, vinimos a ayudar a los que estaban y también a los que vinieron después de nosotros”, explica.
Como muchos otros inmigrantes nicaragüenses que huyeron antes que ella tras la llegada del Sandinismo, una parte de la familia de Hernández vivía en Miami. “Aquí estaba mi hermano José Vicente. Él fue militar antes de la llegada de Daniel Ortega. Lo metieron preso por 10 años, hasta que pudo huir y encontrar refugio en Estados Unidos. Él fue quien me recibió en el 96”.
Vida dedicada al trabajo
Hernández hace una pausa para recordar. “Una viene aquí para estudiar, con la esperanza de aprender, pero hay que trabajar, mucho, para salir adelante y también para sostener a la familia que se quedó en Nicaragua. Allá se quedaron varios de la familia que dependían de los pocos que estábamos acá, así es que había que trabajar. Y también esforzarnos para salir adelante. No fue tarea fácil”.
El TPS, además de otorgar un amparo de la deportación, concede una autorización de empleo que vence en la misma fecha del programa. Además de Honduras y Nicaragua, hoy en día existen otros 11 países que cuentan con el mismo beneficio, y en total se han visto beneficiados 439,625 inmigrantes, según datos de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).
Hernández cuenta que lo más difícil en los primeros años viviendo en Estados Unidos “fue ver lo complicado que resultaba para muchos inmigrantes insertarse en la comunidad, integrarse, y conocer sus derechos”.
“He visto muchos problemas, y eso me llevó a poner mi granito de arena ayudando a través de la Unión (el Sindicato Internacional de Empleados y Servicios, SEIU, filial 32BJ). Aprendí a pelear y enseñar a otros a que luchen por sus derechos, porque les paguen lo justo, a conseguir beneficios. Eso hice y eso sigo haciendo”, dice con cierto aire de orgullo.
La Unión no acepta entre sus filas a indocumentados. “Todos tienen papeles o estatus legal como yo. E incluso ayudo a trabajadores estadounidenses. Viena usted que muchos, aunque aquí hayan nacido, necesitan ayuda en algún momento para que les respeten sus derechos. A esos también he ayudado”.
Un hijo de Hernández, ahora de 36 años de edad, regresó a Nicaragua después de vivir varios años en Estados Unidos.
Activista a tiempo completo
En medio de la entrevista asoman sonrisas. “Todo esto me hace feliz, ayudando a otros me siendo satisfecha. No importa de dónde sean, norteamericanos, residentes, de otro país, con TPS o green card (tarjeta verde de residencia). Mire, lo importante es conseguirles derechos y respeto. Sobre todo eso, que les respeten su trabajo”.
Además de luchar por derechos laborales, Hernández también es reconocida en las filas de la SEIU por su trabajo en pro de la inmigración. “Batallamos para parar las deportaciones, detener los buses de ICE para que no deporten gente. Y la reforma migratoria. Después de haber hecho todo esto, de haber construido nuestras vidas aquí, sentimos que de la noche a la mañana nos quieren quitar todo, nuestras vidas, nuestros sueños y nuestras esperanzas”.
El fantasma de la expulsión asomó el pasado 24 de mayo, cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la última prórroga del TPS de unos 57,000 haitianos protegidos de la deportación desde marzo de 2010 tras un potente terremoto que azotó el país caribeño.
Una semana después del anuncio, el entonces secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), John Kelly, puso en duda la continuidad de los TPS de Honduras, Nicaragua y también El Salvador.
“Hay personas que llevamos 20 años aquí y no sabemos cómo nos sentiríamos en nuestros países si nos echan. Hemos vivido dentro de la ley, somos de aquí, nos dedicamos a cuidar este país, a trabajar y ayudar a otros, a los más desvalidos que nosotros. Es inhumano separar a las personas”, dice Hernández cuando piensa de la posibilidad de que el gobierno de Trump les cancele el amparo de sus deportaciones.
Un mensaje a Trump
A la pregunta de qué mensaje le entregaría al presidente Trump si lo tuviera enfrente, “le diría que tenga en cuenta nuestras vidas, que debería estar agradecido de las personas que venimos a aportar. Esto es un país de inmigrantes y hay una diversidad de culturas que debemos respetar. No podemos cambiar la identidad de Estados Unidos”.
Hernández, por ahora, no tiene planes de irse a Nicaragua. “Tenemos que apoyarnos, toda la comunidad. Y decirle al presidente que llevamos dos décadas trabajando legalmente en este país y no es justo que se nos vaya a correr, así como así”.
“Mire, hicimos una vida aquí, echamos raíces y ahora nos quieren echar a nuestro país”, protesta. “Y sabe qué, en Nicaragua y Honduras todavía hay desastres naturales, somos países pobres y la naturaleza sigue castigándonos. Y si Trump cancela el TPS, pues tenemos que cumplir, pero antes de irnos vamos a luchar hasta las últimas consecuencias por quedarnos legalmente”.
Cuando la conversación terminaba, Hernández lanzó un leve suspiro y dijo: “Yo soy católica, ¿sabe? Yo le diría al presidente que cumpla con lo que prometió a todos los cristianos de este país, que los ayudaría. Pues que lo haga, ahora, que nos ayude, y que deje a un lado toda esa demagogia que utiliza”.
Mientras esperaba el anuncio del DHS, Hernández confesó que todas las noches le seguirá pidiendo al buen Dios que le hable al presidente “para que le ablande el corazón”.
