Hizo $5.6 millones explotando indocumentados y ICE planeó un año la redada para detenerlo
O'NEILL, Nebraska.— De cada cheque quincenal de 500 dólares que le pagaba a sus trabajadores indocumentados, Juan Pablo Sánchez Delgado descontaba 50 dólares de comisión y de 50 en 50 acumuló una fortuna de 5.6 millones de dólares en tres años y medio, de acuerdo a la justicia de Estados Unidos.
Sánchez, un inmigrante mexicano sin papeles, fue detenido el 8 de agosto de 2018 durante un operativo de la Unidad de Investigaciones Especiales de ICE (HSI), que incluyó el allanamiento a tres grandes procesadoras de alimentos de Nebraska y Minnesota a las que él proveía de mano de obra indocumentada utilizando como fachada tres empresas contratistas, un mercado de abarrotes y un restaurante mexicano.
Junto a Sánchez Delgado fueron arrestados 12 de sus familiares y socios, y 130 trabajadores indocumentados; esta es una de las mayores redadas de inmigración que se ha ejecutado en la era de Donald Trump y la más grande hasta ahora en esos estados.
Este 27 de noviembre, Sánchez fue condenado a 10 años de prisión por los delitos de lavado de dinero y de albergar a extranjeros indocumentados. Sánchez también deberá pagar una multa de 100,000 dólares y al cumplir su condena será deportado. Del grupo de 13 acusados, él es quien ha recibido la condena más severa en el juicio que se celebra el Lincoln, Nebraska, desde principios de mes; el proceso incluye a algunos familiares y amigos de Sánchez y a representantes de las empresas involucradas, que han sido juzgados en libertad y en algunos casos, absueltos de responsabilidad en la trama.
La mayoría de los 130 trabajadores detenidos por ICE han sido liberados a cambio de colaborar con las investigaciones, pero siguen sin tener un estatus para permanecer en Estados Unidos y con casos abiertos en cortes de inmigración. Unos 20 de ellos han obtenido permisos de trabajo pero las empresas donde solían trabajar –y a veces las mismas donde fueron detenidos– ya no quieren contratarlos directamente, pese a que siguen necesitando esa mano de obra.
Las investigaciones en su contra comenzaron un año antes de la redada, con detenciones individuales de migrantes sin documentos que trabajaban para las empresas Christensen Farms, Elkhorn River Farms LLC, O’Neill Ventures LLC y GJW LLC.
Leonel, nacido en Xela, Guatemala, y con 19 años en Estados Unidos, fue uno de los primeros indocumentados arrestados en mayo de 2017 en el marco de las investigaciones contra Sánchez Delgado.
Leonel trabajó cuatro años para Juan Pablo Sánchez, lavando entre cuatro y cinco camiones al día que usaba la empresa Christiansen Farms para transportar marranos en jornadas agotadoras: “Eran trocas de tres niveles, pequeños como de un metro de altura o menos creo yo, y teníamos que meternos ahí de rodillas, sacar todo el chip que le dicen, la viruta, luego ya echarle agua con las mangueras de presión. Y nos poníamos a lavar ahí agachados todos incómodos a dejarlo limpio para poder meter nuevos puercos”, describe Leonel.
Al principio ganaba 600 dólares quincenales, luego fue aumentando hasta 800 en 2017, antes de que lo detuvieran. Leonel cambiaba los cheques en El Mercadito, una tienda de abarrotes propiedad de Sánchez y de su familia ubicada en O’Neill, un pueblo de 3,700 habitantes en Nebraska.
En cada canje la tienda retenía una cuota de 30 a 50 dólares por cheque, dependiendo de la suma; en compensación, el trabajador podía llevarse un monto equivalente en productos –frutas, harina, tortillas, enlatados– que con frecuencia estaban caducados. Además de las páginas de Facebook de las contratistas creadas por Sánchez y su familia para operar el negocio, ese era el lugar donde comúnmente iban a preguntar por trabajo los migrantes sin documentos.
“Cuando llegábamos a la tienda (Juan Pablo) nos decía: ‘Muchachos, si necesitan trabajo, yo tengo trabajo’ o ‘Háblenme si ocupan trabajar’. Y ya él nos metía en la papa, en el tomate, nos metía en la marranera”, relata Leonel.
Sánchez Delgado los empleaba a través de dos compañías –JP and Sons, LLC y J Green Valley, LLC– que estaban registradas a nombre de su hijastro, Antonio de Jesús Castro, y que no verificaban la identidad de sus trabajadores, de acuerdo a la acusación de la Fiscalía. Hubo casos en los que también retuvo dinero de los trabajadores alegando que era para pagar impuestos federales y seguro social.
Las compañías a nombre del hijastro de Sánchez tenían contratos con Elkhorn River Farms LLC, O’Neill Ventures LLC y GJW LLC para proveerles mano de obra. Gracias a esta intermediación, las empresas eludían el pago de impuestos locales y el costo de seguros para sus empleados, de acuerdo a la acusación de la Fiscalía.
Sánchez Delgado comenzó sus operaciones en 2015 en O’Neill, Nebraska, un pueblo agrícola conocido como 'la capital irlandesa de Estados Unidos' en el medio oeste, y pronto se fueron extendiendo hacia Minnesota.
La acusación no precisa el número exacto de inmigrantes que Sánchez contrató durante ese periodo, pero cita la estadística que observaron el día de la redada en la tomatera de O’Neill como ejemplo de la magnitud del esquema urdido por Sánchez: “Para el 8 de agosto de 2018, la mayoría de los integrantes de la fuerza de trabajo de O’Neill Ventures LLC eran trabajadores extranjeros que no podían trabajar legalmente en Estados Unidos”.
Leonel fue detenido dos veces en el año previo a la redada ejecutada por ICE en Nebraska y Minnesota y enfrentó un proceso por robo de identidad del que salió absuelto. Estuvo casi un año desempleado, hasta que consiguió un trabajo a una hora por carretera de O’Neill.
El día de la redada, su esposa Carmen y su suegro también fueron detenidos en el allanamiento a una planta procesadora de papas y se quedaron sin empleo. Meses después, Carmen obtuvo un permiso para trabajar pero las empresas que le daban empleo a través de Juan Pablo Sánchez ya no quieren contratarla directamente.
“Ayudó a mucha gente, pero no supo hacer su negocio”
“Rumores siempre había en la tomatera: que ahí venía la migración, que venían por el pez gordo. Y el pez gordo era (Juan) Pablo”, dijo Rosa, una mexicana de 60 años que fue arrestada en la tomatera de la empresa O’Neill Ventures LLC, en O’Neill, donde trabajó por más de dos años. (Su nombre fue cambiado, a pedido suyo, para proteger su privacidad). Permaneció detenida desde las 9:00 de la mañana del 8 de agosto hasta las 5:00 de la mañana del día siguiente, y eso bastó para quedar en el limbo.
“Fui de las últimas que agarraron. No piensas qué hacer, yo estaba como con la mente en blanco. Es una cosa muy fea”, recuerda Rosa en una entrevista con Univision. “Lo que pasó fue una desgracia para nosotros porque se nos acabó todo. Estoy en la depresión completa, todos estamos en la cuerda floja y yo más, porque no estoy casada ni tengo hijos aquí”, dice, después de más de un año sin trabajar, con un gasto mensual de 100 dólares en medicinas y el temor de que su proceso frente a las cortes de inmigración acabe en deportación.
Rosa ha vivido los últimos veinte años entre México y Estados Unidos, cruzando la frontera para trabajar por temporadas. Pese a todo lo que ha ocurrido, ella sigue viendo a Juan Pablo y a su familia como benefactores porque le dieron trabajo en su restaurante cuando llegó al pueblo, sin dinero y sin un lugar donde vivir.
“Tenían su restaurancito, vivían modestamente. Hace tres o cuatro años (Juan Pablo) puso el negocio de estar de contratista y le cobraba a la gente que mandaba a trabajar y en cuatro años ayudó a mucha gente dándole trabajo, la gente lo quería mucho. Pero no supo hacer su negocio”, dice Rosa.
Luego el cambio del tren de vida de Juan Pablo y los lujos que le daba a su esposa y a sus dos hijas comenzaron a notarse en el pueblo. “Ellos traían carritos normales y de repente hace unos tres años, todos traían unas troconas. Y uno no más decía: ‘¿de dónde saca tanta plata el Pablo?’. La chiquilla que todavía tenía, ni cumplía los 15 años traía una trocota, y los 15 años se los festejaron con botellas de vino de lo mejor, de whisky, y música y todo”, cuenta Rosa.
De los 5.6 millones de dólares que Sánchez acumuló bajo el esquema de empleo de las contratistas, la Fiscalía ha recuperado menos de la tercera parte: 130,000 dólares en efectivo que encontraron en las casas allanadas Nevada y Nebraska, y tres propiedades en Las Vegas valoradas en 1.5 millones de dólares y registradas a nombre de la empresa M Castro Properties, LLC, propiedad de Magdalena Castro Benítez, esposa de Sánchez Delgado.
De acuerdo a la justicia de Estados Unidos, Magdalena Castro-Benítez actuó como "manager financiero" de su esposo en la operación de lavado de dinero y fue condenada a dos años y medio de prisión por ese delito.
Mientras tanto, todos los representantes de las empresas que contrataban los servicios de Sánchez detenidos en la gran redada del 8 de agosto de 2018 y vinculados a juicio están siendo juzgados en libertad. Mayra Jiménez, secretaria de O'Neill Ventures y John Glidenn, manager de una granja de cerdos propiedad de GJW, LLC, han declarado hasta ahora que no tenían conocimiento de que los trabajadores tercerizados no tenían documentos para trabajar legalmente en Estados Unidos.
Aún cuando los jurados los encuentren culpables de haber contratado inmigrantes sabiendo que no tenían documentos, ninguno de ellos enfrentaría una pena de prisión pues, de acuerdo a la ley, su falta sería meramente istrativa y se paga con una multa de hasta 3,000 dólares por cada empleado.
