Cientos de miles de inmigrantes que llevan décadas en EEUU están en la mira de las deportaciones de Trump
La política migratoria de ‘tolerancia cero’ del presidente Donald Trump no hace diferencia entre un inmigrante que llegó recientemente a Estados Unidos y otro que lleva décadas y tiene familia mixta, con cónyuge e hijos estadounidenses. Ambos grupos están en la mira del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para arrestarlos y deportarlos, ya sea porque les quitaron los beneficios de permanencia o se encuentran acumulando tiempo de permanencia ilegal.
Uno de los grupos, aquellos que entraron a partir de octubre de 2022 y en enero de 2023 (unos 530,000 venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses) y alrededor de 930,000 que lo hicieron bajo la aplicación móvil CBP One, penden de lo que resuelvan los tribunales de justicia tras varias demandas interpuestas en contra del gobierno.
El otro grupo, los que llevan décadas de permanencia, los están clasificando, por ahora, bajo tres categorías de deportación: quienes tienen una orden de deportación; quienes tienen antecedentes criminales y quienes violaron la ley de inmigración incluso estando sin permiso en el país, una falta de carácter civil que para la Casa Blanca de Trump se convirtió en un crimen.
Y es precisamente ante esta amenaza que organizaciones están preocupadas porque no existen planes de recepción ni de reintegración tanto en México como en el norte de Centroamérica.
“En lugar de ser migrantes devueltos rápidamente en la frontera estadounidense, ahora es más probable que los retornados tengan muchos años de residencia en Estados Unidos y vínculos estrechos con Estados Unidos”, explican los investigadores María Jesús Mora y Ariel G. Ruiz Soto en un informe publicado por el Migration Policy Institute (MPI).
Por su parte, Francisco Moreno, director ejecutivo de la Confederación de Federaciones Mexicanas en Los Ángeles, California, dice que ante la amenaza de deportaciones masivas lanzada por el gobierno “nos preocupa el incierto futuro inmediato de aquellos inmigra tes que llevan mucho tiempo en el país echando raíces”.
Perspectiva "miope e insostenible"
Tanto Mora como Ruiz Soto indican que mientras México, El Salvador, Guatemala y Honduras cuentan con programas de recepción y reintegración existentes, e incluso en algunos casos los están ampliando o lanzando otros nuevos, “estas iniciativas han sido en gran medida ineficaces para mejorar las condiciones a largo plazo de los retornados, las cuales a menudo fueron la razón por la que las personas migraron en primer lugar”.
En las conclusiones contenidas en el informe denominado “El lado olvidado de la deportación: El costo de ignorar los retos de reintegración de los retornados”, ambos especialistas advierten que el éxito de la reintegración de los retornados, que se traducirá a una reducción de la migración irregular recurrente, “dependerá de una infraestructura de reintegración con los recursos necesarios en estos cuatro países (México, El Salvador, Guatemala y Honduras), que tal solo en 2024 recibieron a 319,000 retornados ”.
“Esto requerirá un replanteamiento fundamental de una responsabilidad compartida con los Estados Unidos”, añade. “La probabilidad de un aumento significativo en las deportaciones desde Estados Unidos ofrece la oportunidad de replantearse donde cae la responsabilidad por los programas de reintegración, y posibles estrategias para lograr mejores resultados, tanto en materia de integración como de gestión de la migración”, escriben Mora y Ruiz Soto.
“Seguir pensando que una vez que los retornados llegan a los países receptores están fuera de la vista y de la mente es una perspectiva miope e insostenible”, puntualizan.
También puntualizan que, “los programas de recepción y reintegración de la región en estos momentos se encuentran con recursos insuficientes. Y podrían enfrentar nuevos desafíos ante los drásticos recortes a la ayuda exterior estadounidense y el aumento de repatriados”. Y señalan que “además, el perfil cambiante de los retornados podría requerir programación de reintegración diferente” a la conocida hasta ahora.
Las conversaciones de estos cuatro países con el gobierno estadounidense “deberían ir más allá de su voluntad de recibir a los retornados y abarcar también posibles maneras de aumentar su capacidad para reintegrar a los migrantes en sus sociedades. Hacerlo así sería beneficioso para el bienestar a largo plazo de los repatriados y para todas contrapartes involucradas", señalan.
“Estamos muy preocupados”
Moreno dice que el escenario es “alarmante” y “preocupante” a casi 100 días de la toma de posesión de Trump. “No solo por las personas que están repatriando bajo los términos de la nueva política migratoria, sino también para quienes se están yendo voluntariamente por miedo”.
El activista dijo que “para poder tener un plan y una estrategia de recibimiento, tenemos planeado para el miércoles “reuniones en ambas cámaras del Congreso Mexicano (Cámara de Diputados y Senado) de México para pedirles que obligue al Gobierno de México que presente un programa específico donde explique qué hará para recibir a los mexicanos repatriados de Estados Unidos”.
Por ahora “no hay casi nada”, explica. “Sólo les dan $2,000 pesos (unos 100 dólares) y un pasaje en camión (autobús) para que lleguen a sus pueblos de origen. Eso no es ayuda, ellos, los repatriados (deportados) son personas que han luchado toda su vida y nuestro país no los está recibiendo con los brazos abiertos. Necesitamos urgentemente que el Congreso apruebe un programa especialmente diseñado para ellos”.
“No tienen casa, no llevan nada, solo llevan consigo cuando los deportan años y tristeza. Exigimos que los atienda nuestro gobierno”, añade,
En un discurso que Moreno tiene previsto pronunciar ante ambas cámaras del legislativo mexicano el miércoles, el activista señala que “quiero llamar la atención sobre una crisis silenciosa, pero profundamente humana: la situación de nuestros connacionales repatriados ya sea de manera voluntaria o forzada, especialmente bajo las políticas migratorias de la istración de Donald Trump”.
“Miles —y posiblemente millones— de mexicanas y mexicanos que durante años contribuyeron con su trabajo al desarrollo económico de Estados Unidos ahora se ven obligados a regresar a un país que no está preparado para recibirlos”, precisa.
Para enfrentar este reto y evitar que muchos de los deportados caigan en pobreza extrema, “dice que “México debe diseñar de manera urgente políticas de reinserción social y económica que garanticen a empleos dignos, reconocimiento de su experiencia laboral y habilidades, apoyo en salud mental y física, programas educativos para jóvenes repatriados y seguridad y protección en sus comunidades de origen o reasentamiento”.
“Hacemos un llamado a la conciencia nacional: a reconocer, atender y abrazar a nuestros repatriados como lo que son, parte esencial de nuestra nación y de nuestro futuro”, concluye.
Más allá de México
Para el MPI el problema no sólo atañe a México. E indica que, hasta ahora México, El Salvador, Guatemala y Honduras han respondido de forma proactiva y pragmática, dados los acuerdos de repatriación que mantienen desde hace décadas con Estados Unidos y el hecho de que sus ciudadanos representan aproximadamente dos tercios de los 13.7 millones de inmigrantes indocumentados que se calcula que hay en el país.
Según el estudio elaborado por Mora y Ruiz Soto, las 319,000 deportaciones del 2024 sólo son una fracción de lo prometido por Trump durante su primer año, donde ha asegurado que la cifra alcanzará a 1 millón. Y recuerda que hasta ahora México, Guatemala y El Salvador han accedido a recibir a nacionales de terceros países, bajo diversos procesos—ninguno más notorio que el acuerdo del gobierno salvadoreño de encarcelar a deportados venezolanos en su prisión de alta seguridad, el CECOT-, pero no hay información que clarifique qué harán con los mexicanos que sean repatriados o deportados.
“La falta de financiación sostenible, las capacidades institucionales desiguales y la voluntad política incoherente que han obstaculizado esfuerzos de recepción y reintegración anteriores seguirán planteando obstáculos importantes para aquellos gobiernos que traten de lograr resultados positivos para los retornados y sus comunidades de acogida”, señalan.
Los investigadores concluyen además que “si uno de los objetivos principales de la deportación es reducir la intención de los retornados de emigrar nuevamente de manera irregular hacia Estados Unidos, el gobierno estadounidense y los países receptores deberían tener una responsabilidad compartida para garantizar su reintegración económica, social y cultural”.
“Actualmente, esta es una prioridad secundaria, y la decena de millones de dólares en la asistencia anual estadounidense que anteriormente había ayudado a las organizaciones internacionales en su misión de apoyar los programas de reintegración existentes en Centroamérica, se ha recortado o está en peligro. En caso de que el gobierno estadounidense llegara a aumentar de manera significativa las deportaciones, es probable que estos programas tuvieran dificultades para satisfacer las necesidades de los repatriados; esto podría ser contraproducente, ya que aumentaría la posibilidad de que se repitiera la migración irregular”, advierte el informe.
Por último, Mora y Ruiz Soto subrayan que “durante mucho tiempo, el planteamiento de Estados Unidos de dar prioridad al control migratorio se ha centrado principalmente en llevar a cabo expulsiones y devoluciones de migrantes indocumentados, y en ver a la reintegración de los retornados como responsabilidad exclusiva de los países receptores. Este es un planteamiento con poca visión a largo plazo, particularmente cuando se tiene en cuenta evidencia global que indica que, muchos retornados vuelven a emprender viajes si se encuentran con las mismas o peores condiciones que los llevaron a emigrar en un principio”.
