Ciudadanos arrestados, soldados sin paga: denuncian violación de derechos en operación de Texas para frenar a migrantes
El Departamento de Justicia (DOJ) investiga presuntas violaciones de derechos civiles que se han cometido en Texas bajo la costosa frenar los cruces de migrantes que, por el contrario, siguen en ascenso. La información fue confirmada por los medios ProPublica y The Texas Tribune.
Desde el inicio de la operación el año pasado, distintos medios han hallado problemas en esta política, que van desde detenciones a estadounidenses a cientos de kilómetros de la frontera hasta el descontento de funcionarios de la Guardia Nacional porque no se les paga y porque son desplegados con poco tiempo de antelación y sin funciones claras.
Cuando el operativo Lone Star fue anunciado por Abbott en marzo de 2021, el gobernador hizo hincapié en que serviría para responder al aumento de migrantes indocumentados que cruzaban la frontera por ese estado, así como para reducir la actividad criminal de traficantes humanos de drogas.
Y aunque los arrestos por invadir propiedad privada siguen a la cabeza —constataron el Tribune, ProPublica y The Marshall Project— en las estadísticas se han sumado casos que nada tienen que ver con la frontera, como peleas callejeras, agresiones sexuales y acoso.
Uno de ellos es el de Thomas King-Randall, cuenta ProPublica. El hombre estadounidense tenía dos horas en una calle de Midland, Texas, a casi 200 millas de la frontera, esperando a su exnovia para dejarle a las dos hijas que tenían juntos. Esa noche le tocaba cuidarlas a ella. Cuando la madre llegó, pasadas las 10:30 de la noche de un día de semana, se bajó borracha de la camioneta de su nuevo novio, con quien discutía, señala un reporte policial.
King-Randall contó en una entrevista, dice el medio, que el nuevo novio de la madre —de origen latino— le dijo a King-Randall que era "un insulto a la raza", lo que ocasionó una pelea entre ambos, que dejó al recién llegado con los ojos hinchados por los golpes que recibió, así como con sangre en la nariz. Una orden de arresto fue emitida entonces en contra de King-Randall y lo detuvieron un mes después cuando intentaba renovar su licencia en una de las oficinas del Departamento de Transporte estatal. Su caso fue uno de los que entró en las estadísticas de la operación Lone Star.
Aunque Abbott ha centrado su discurso en que la operación ha logrado el arresto de traficantes humanos y de drogas, una investigación de los tres medios demostró que en los primeros siete meses de su implementación, 40% de los más de 7,200 arrestos hechos en ese tiempo involucraban solo cargos por cruce de propiedad privada. Un exjefe de la Patrulla Fronteriza, Víctor Manjarrez, dijo en abril al Tribune que aunque esas detenciones elevarían los números del gobernador, no frenaban de ninguna manera la actividad criminal de carteles y mafias.
En esa misma tónica, la estrategia de Abbott ha sido criticada fuertemente en los últimos meses, cuando las cifras de migrantes arrestados en la frontera sur sigue en ascenso y cuando aparecen nuevos camiones con migrantes, como el que recientemente fue hallado en San Antonio, con decenas de muertos en la cabina trasera.
Soldados descontentos
Otra de las fallas en las que indagan las autoridades es en el despliegue de la Guardia Nacional. En tiempos anteriores los soldados habían sido notificados para presentarse con suficiente antelación, incluso de meses, pero cuando el otoño pasado la presión política aumentó en Texas por la llegada de migrantes a la frontera con México, les ordenaron presentarse en no más de 72 horas. De no hacerlo, contó un soldado al Tribune, se emitiría una orden de arresto en su contra.
Para ese tiempo, en septiembre, pasaron de unos 1,000 que se habían presentado voluntariamente, a una movilización obligatoria que llegó a unos 10,000 soldados.
Tras entrevistas con más de 30, el medio corroboró problemas adicionales. Entre ellos, uno de cada cinco había tenido problemas con pagos tardíos de su sueldo, incompletos o sin ocurrir por meses. También hablaron de la escasez de equipo crítico, desde suministros médicos hasta placas para chalecos antibalas. Explicaron que muchos vivían en tráliers apretados con decenas de soldados. Dijeron que se sentían subutilizados y que veían con poca frecuencia a migrantes mientras hacían sus labores de vigilancia en lugares aislados y en los que estuvieron desplegados sin baños portátiles por meses.
La investigación
Según el Tribune, al menos dos agencias de Texas involucradas con la operación —que ha recibido de legisladores estatales más de 3,000 millones de dólares para tomar medidas en la frontera por los próximos dos años— confirmaron que el Departamento de Justicia lleva a cabo investigaciones sobre los problemas mencionados anteriormente. En un correo interno enviado en mayo, funcionarios del Departamento de Seguridad Pública dijeron que el DOJ buscaba revisar si la operación Lone Star había violado el Título VI del la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe a las agencias que reciben fondos federales la discriminación basada en la raza, el color de la piel o el país de origen.
En una de las cartas revisada por el diario, el vice consejero general del Departamento de Seguridad Pública de Texas dice que el DOJ está investigando si la agencia está sometiendo a quienes son detenidos como parte de la operación Lone Star a "condiciones diferenciales e ilegales de confinamiento basado en lo que perciben como su raza o país de origen".
La investigación que ocurre ha sido una solicitud hecha además por grupos de derechos civiles —como la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU— y de defensa de migrantes. Han citado investigaciones de estos medios que muestras que algunos de los migrantes fueron detenidos y mantenidos en prisión por muchos meses como consecuencia de los retrasos de los fiscales.
La Operación Lone Star, dijo Kate Huddleston, abogada de ACLU, “está atacando a individuos con un castigo mayor y los somete a un sistema penal estatal separado que se crea específicamente para este propósito y que está plagado de violaciones de derechos civiles”. Sin embargo, para Abbott, los arrestos que ocurren bajo esta operación son "completamente constitucionales".
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