Jueces de inmigración piden al fiscal general Garland que les permita ser representados por un sindicato
Aunque todavía no ha sido confirmado como fiscal general, el juez Merrick Garland recibió esta semana una carta en la que los jueces de inmigración le piden que “tome todas las medidas necesarias para preservar el derecho” de ser representados por un sindicato.
La misiva fue enviada a nombre de los 500 jueces, todos ellos empleados del Departamento de Justicia (DOJ).
“Durante más de 40 años, los jueces de inmigración no supervisores han estado representados por su sindicato, la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ). En 2019 el Departamento de Justicia de la istración Trump presentó una petición para despojar a los jueces de inmigración de su derecho legal a ser representado por un sindicato”, señalan los jueces.
El plan de Trump
En agosto de 2019 el DOJ lanzó una estrategia para “descertificar” a la NAIJ, maniobra que estaba dirigida a “silenciar a una organización cuyos han sido abiertamente críticos de la agenda de aplicación de la ley de inmigración del gobierno, conocida como ‘tolerancia cero’.
El Departamento presentó una petición solicitando a la Autoridad Federal de Relaciones Laborales (FLRA) que determine si se debería revocar la certificación del sindicato porque sus son considerados "funcionarios istrativos" no elegibles para organizarse colectivamente.
A diferencia de otros jueces federales que forman parte de la rama judicial, los jueces de inmigración son nombrados por el Fiscal General y son empleados del DOJ.
La treta emprendida por el gobierno era dejar sin voz a los jueces de inmigración. “Este es el último ataque del gobierno contra la independencia del tribunal de inmigración”, dijo entonces Víctor Nieblas, un expresidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA). “La istración está tratando de silenciar las voces sindicales de los jueces de inmigración, entidad que expresa las preocupaciones de los jueces para promover una operación más eficiente del sistema judicial”, añadió.
El primer fallo
A finales de julio del año pasado, un año después de la carga para anular el sindicato, la FLRA determinó que los jueces de inmigración tienen plenos derechos laborales, decisión que les permite permanecer sindicalizados y ejercer conforme dicta el debido proceso migratorio y no obedecer órdenes del Fiscal General.
La agencia encargada de proteger los derechos y el lugar de trabajo de los empleados federales indicó no haber hallado mérito en los argumentos entregados por el DOJ respecto a que los jueces son “gerentes” a quienes se les debe negar el derecho de formar un sindicato y negociar colectivamente con su empleador.
Susan S. Bartlett, directora regional de la FLRA, escribió en la decisión que los jueces de inmigración “no son funcionarios istrativos porque ellos actúan como jueces reuniendo hechos de testigos y documentos, y aplicando esos hechos a las leyes, reglamentos, precedentes y decisiones existentes en la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA)”.
Revierten el fallo
Cuatro meses después que FLRA determinara que los jueces de inmigración tienen plenos derechos laborales, decisión que les permite permanecer sindicalizados y ejercer conforme dicta el debido proceso migratorio y no obedecer órdenes del Fiscal General, un de la misma entidad revirtió la decisión y aceptó los argumentos presentados por el gobierno de Trump.
El segundo dictamen, entregado el lunes de 2 noviembre, un día antes de la elección presidencial, indica que los jueces no pueden sindicalizarse porque son "funcionarios del gobierno" y, por lo tanto, no pueden formar ni ser de una organización laboral.
La decisión despojó a casi 500 jueces federales de sus derechos de negociación colectiva.
En el fallo, el de tres la FLRA, dos de ellos nombrados durante el gobierno de Trump, revirtieron la decisión adoptada por la Dirección Regional (RD) de la Autoridad, negaron la petición de la NAIJ y excluyó a todos sus de pertenecer a un sindicato bajo el argumento de que son “funcionarios de la gerencia” y, por lo tanto, “no son apropiados para sindicalizarse según el Estatuto FLRA”.
Tras la decisión, la NAIJ reiteró que los asaltos permanentes por parte del gobierno de Donald Trump para deshacer el sindicato y “diezmar los derechos de negociación” de los jueces se trataba de un esfuerzo diseñado para “transformar la fuerza laboral federal en un organismo a voluntad y profundamente politizada”.
De regreso a la batalla
Tras la toma de posesión de Joe Biden el pasado 20 de enero, la NAIJ no pierde el tiempo y apunta sus baterías al fiscal general para que revierta lo actuado por sus antecesores y regrese la certificación del sindicato.
En noviembre “la FLRA) revocó una determinación de su propio abogado general fallando a favor de la petición del DOJ de descertificar al sindicato. El demócrata miembro de la Autoridad disintió, caracterizando la decisión de la mayoría como "la antítesis de toma de decisiones razonada", dice la carta.
Y agrega: “la descertificación del sindicato de jueces de inmigración es contraria a precedentes de larga data y una clara represalia contra los jueces de inmigración por su adjudicación justa e imparcial de las leyes de inmigración”.
“Le solicitamos que usted, como Fiscal General designado, tome todas las acciones para asegurar que los jueces de inmigración puedan seguir siendo representados por su sindicato”, finaliza la petición.
