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Inmigrantes indocumentados

Juez federal determina que ley de Nueva Jersey que prohíbe las cárceles de ICE es "inconstitucional"

En el dictamen de 41 páginas, el juez federal Robert Kirsch señaló que el gobierno federal “tiene un amplio e indudable poder sobre el tema de inmigración y el estatus de los extranjeros" y que esa autoridad surge del poder que le otorga la Constitución.
Publicado 30 Ago 2023 – 12:57 PM EDT | Actualizado 30 Ago 2023 – 12:58 PM EDT
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Un juez federal catalogó como "inconstitucional" la cárceles privadas para inmigrantes.

En un dictamen de 41 páginas, el juez Robert Kirsch, de la Corte del Distrito de Nueva Jersey, avaló los argumentos presentados por el Departamento de Justicia (DOJ) y el operador de prisiones privadas CoreCivic. Aseguró que la ley la cláusula de supremacía de la Constitución, que prohíbe a los estados anular los estatutos federales.

Kirsch concluyó en la sentencia que “si Nueva Jersey se opone a cómo el gobierno federal lleva a cabo sus operaciones de detención, debería hacer uso de su voz a través de sus
representantes electos y elecciones federales”.

La decisión agrega que hacer cumplir la ley de 2021 promulgada por Nueva Jersey “cerraría la última instalación que queda” en ese estado, a la cual tiene la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE). Asegura que la legislación se convirtió en “un puñal directo al corazón de la política migratoria del gobierno federal”, el único responsable “de hacer cumplir las leyes civiles de inmigración, incluso, cuando sea necesario, a través de la detención, lo que hace a la AB 5207 inconstitucional según la cláusula de supremacía”.

La ley de Nueva Jersey del 2021

A finales de agosto de 2021, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy (demócrata), promulgó la ley AB 5207 para prohibir la renovación, ampliación o activación de nuevos acuerdos con centros de detención de ICE manejados por empresas privadas para detener a inmigrantes mientras transcurren sus procesos de deportación de Estados Unidos.

La nueva ley convirtió al estado en el quinto del país en limitar o prohibir este tipo de contratos.

De acuerdo con los contratos entre ICE y las empresas privadas, los inmigrantes detenidos esperan en centros de detención sus audiencias de corte mientras se enfrentan a la posibilidad de ser deportados de Estados Unidos.

Cuando la AB 5207 entró en vigor, el gobierno federal pagaba unos $120 diarios por cada extranjero arrestado en una cárcel de ICE.

Las razones del dictamen

En la sentencia, el juez Kirsch explicó que el gobierno de Estados Unidos “tiene un amplio e indudable poder sobre el tema de inmigración y el estatus de los extranjeros".

El dictamen agrega que el Congreso ha especificado “qué extranjeros pueden ser expulsados de Estados Unidos y los procedimientos para hacerlo". Señala que “una característica principal del sistema de deportación es la amplia discreción ejercida por los funcionarios de inmigración".

También precisa que, conforme la ley y el precedente jurídico, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) —incluido ICE— “desempeña un papel importante en hacer cumplir las leyes de inmigración del país". Agregó que el ingreso o reingreso ilegal a Estados Unidos viola la ley federal, ante lo cual “la estructura estatutaria federal indica cuándo es apropiado arrestar a un extranjero durante el proceso de deportación”.

Asimismo, la corte precisó que “bajo ciertas circunstancias, el Congreso requiere que ICE detenga a no ciudadanos en espera de la resolución de sus trámites migratorios” y que el fiscal general, a su vez, puede "detener a cualquier extranjero” que sea inisible o deportable.

Critican la decisión de Kirsch

Tras la sentencia, el American Friends Service Committee (AFSC) cuestionó el fallo y pidió al gobierno de Joe Biden que “ponga fin a la detención de inmigrantes”.

La organización defensora de los derechos de los inmigrantes indicó que el fallo de Kirsh “favorece al contratista de prisiones privadas CoreCivic” y que fue emitido “solo dos días antes de su contrato con ICE para operar el Centro de Detención de Elizabeth (EDC)”, un compromiso que estaba a punto de expirar.

"No es sorprendente que CoreCivic, una corporación penitenciaria privada con un historial documentado de abuso en Nueva Jersey y más allá, quiera mantener abierto el Centro de Detención de Elizabeth", dijo Araceli Argueta, directora de organización y defensa del AFSC. "En 2021 CoreCivic ganó $552 millones” por contratos con ICE, dijo.

“Este fallo es un revés devastador para nuestras comunidades de inmigrantes”, dijo Serges Demefack, coordinador del Proyecto de Justicia para Inmigrantes Negros del AFSC. “En lugar de continuar y ampliar la detención de inmigrantes, el gobierno de Biden debe cerrar EDC y otros centros de detención en todo el país y crear un sistema de inmigración que dé la bienvenida y apoye a las personas en lugar de enjaularlas y dañarlas”, precisó.

El 19 de agosto, tras la publicación de un informe de 1,600 páginas sobre las condiciones en cárceles de ICE durante el gobierno de Donald Trump, la agencia federal aseguró a Univision Noticias que las condiciones en los centros de detención “han mejorado desde entonces”.

ICE dijo además que “se toma muy en serio su compromiso de promover entornos seguros, protegidos y humanos para quienes están bajo nuestra custodia”. Aseguraron que desde enero de 2021 “se han cerrado o reducido múltiples centros de detención de inmigrantes” y que “estamos comprometidos con garantizar, en la medida de lo posible, que las personas permanezcan en un centro que esté cerca de la familia, los seres queridos o los abogados registrados”.

Un portavoz también dijo que la agencia “revisa y mejora continuamente las operaciones de detención civil para garantizar que los no ciudadanos (inmigrantes indocumentados) reciban un trato humano, estén protegidos contra daños, reciban la atención médica y de salud mental adecuada, así como la información y protecciones a las que tienen derecho”.


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