La Patrulla Fronteriza pide ayuda al gobierno federal para responder a una "crisis humanitaria sin precedentes" en la frontera
La frontera sur de Estados Unidos llegó a un "punto de quiebre" esta semana. Eso dijo el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Kevin McAleenan, desde el sector el Paso, uno de los puntos más calientes de la frontera en los últimos meses por el número creciente de unidades familiares y menores no acompañados que se están entregando a las autoridades para pedir asilo.
"Hace dos semanas hice un resumen a los medios y testifiqué en el Congreso que el sistema migratorio estaba en un punto de quiebre. Ese punto de quiebre ha llegado esta semana a la frontera. CBP está enfrentando una crisis humanitaria y de seguridad fronteriza sin precedentes a todo lo largo de la frontera sur", dijo el comisionado, que explicó que justo momentos antes de que iniciara la rueda de prensa, un grupo de padres e hijos salvadoreños se entregaron a agentes de CBP.
En cifras, McAleenan dijo que actualmente tienen más de 12,000 migrantes en custodia en sus instalaciones. Lo atribuye a las "debilidades" del sistema migratorio que, dice, hace que los inmigrantes sepan que una vez que son atrapados serán dejados en libertad mientras esperan su audiencia con un juez. Estima que para marzo alcanzarán las 100,000 detenciones, el número más alto alcanzado en un mes en una década.
"4,000 es un número alto (...) 6,000 es un nivel crítico. 13,000 no tiene precedentes", aseguró McAleenan.
"La única forma de fundamentalmente resolver este flujo es que el Congreso actúe y que se restituya la integridad de nuestro sistema migratorio", dijo al enfatizar que mientras esto no se lleve a cabo "tomaremos todas las acciones que estén en nuestro poder" para atender la crisis en la frontera. "Necesitamos asistencia y recursos adicionales para atender este flujo", aseguró al pedir a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) agilizar los procesos para recibir a las familias y a los niños no acompañados en sus centros, también afectados por la crisis que ha llevado a una escasez de camas para recibirlos.
El punto en el que el comisionado dio su rueda de prensa, El Paso, en el segundo con más cruces en la frontera sur de Estados Unidos, después del Valle del Río Grande, también en el sur de Texas. En enero, en las 268 millas que contempla este sector, más de 25,000 familias fueron arrestadas, una cifra que escaló 1,588% en relación con el mismo mes de 2018 y que sola sumó más detenciones que los nueve sectores de la frontera sur juntos en ese mismo mes del año pasado. Y en febrero los números no cedieron: 36,298 familias fueron aprehendidas.
Este miércoles, los periodistas que cubrieron la noticia en el terreno, mostraron imágenes de decenas de inmigrantes esperando ser procesados por la Patrulla Fronteriza agrupados en un espacio improvisado por las autoridades en El Paso.
Las soluciones temporales a la crisis
Como consecuencia del flujo creciente, McAleenan dijo que las estaciones de la Patrulla Fronteriza que están procesando a esos inmigrantes los están liberando a Estados Unidos —por primera vez en una década, precisó— mientras esperan ser llamados por un juez para iniciar sus casos de asilo, dado que las instalaciones de ICE tampoco tienen camas disponibles para albergar al número de personas que están siendo procesadas.
Además, advirtió que los agentes de la Patrulla Fronteriza comenzarán a asumir tareas de ICE, como decidir a discreción quién puede ser liberado con o sin grillete, quién debe permanecer detenido y quién deportado. "No es algo que queremos hacer", dijo McAleenan, "es algo que nos toca hacer dada la sobrepoblación en nuestras instalaciones".
"Estamos haciendo lo que podemos para simplemente evitar una tragedia en nuestras instalaciones, pero con estos números que vemos creo que es una asunto de tiempo", agregó.
También están redireccionando indefinidamente a 780 agentes de la Patrulla Fronteriza con responsabilidades de chequeo en puertos de entrada para cooperar en el procesamiento y transporte de inmigrantes, y en la vigilancia en hospitales, lo que cree "generará un impacto en el tráfico en la frontera", así como un aumento en el tiempo en los cruces a pie y vehiculares. Explicó que han pedido la cooperación de la misión de apoyo de CBP, con voluntarios que puedan asistir en áreas desde recursos humanos hasta tecnología, así como de los albergues y organizaciones no gubernamentales.
Además, dijo que han pedido apoyo general al gobierno federal para aumentar la capacidad de respuesta de CBP. Eso incluye a la Guardia Nacional, al Departamento de Defensa y a dependencias en materia de salud. Y aunque los cruces han aumentado, aseguró que el apoyo voluntario que piden en la comunidad no incluye que los ciudadanos patrullen la frontera.
Sin embargo, estas acciones que aplicará la Patrulla Fronteriza pueden estar sujetas a demandas en tribunales para que sean las cortes quienes resuelvan hasta dónde pueden llegar los poderes de esta agencia.
¿Quiénes son?
La mayoría de las detenciones en la frontera sur son de familias y menores no acompañados procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador, que en algunos casos buscan con su migración salir de la pobreza que viven en sus países por la falta de trabajo y oportunidades. Otros huyen de la violencia generalizada que han generado las pandillas.
A diferencia de años anteriores, cuando quienes cruzaban en su mayoría eran mexicanos solos que huían de las autoridades y podían ser deportados rápidamente, ahora los centroamericanos se entregan sin ninguna resistencia y pueden pasar entre dos y cinco años esperando una respuesta a sus solicitudes de asilo.
En el caso de los menores no acompañados, el Congressional Research Service (CRS) ha dicho en distintas ocasiones que un alto porcentaje de ellos son detenidos en puestos fronterizos y procesados bajo diversas leyes, entre ellas una aprobada por el Congreso en 2008 conocida como Ley William Wilberforce de Reautorización para la Protección de Víctimas del Tráfico de Personas (TVPRA, en sus siglas en inglés). Ella impide la deportación inmediata de los menores a sus países de origen, con excepción de los que vienen de países fronterizos como México, que sí son repatriados.
La legislación establece que los niños deben ser procesados y que un juez de inmigración debe decidir su futuro en Estados Unidos.
En entrevistas con inmigrantes, cuentan que el primer interrogatorio con la Patrulla Fronteriza suele ser muy rápido y que incluso en muchos casos ni siquiera les dejan explicar por qué vinieron a Estados Unidos. Los funcionarios alegan que esto se debe justamente a la sobrepoblación que llega a la frontera versus su capacidad de respuesta. Algunos centroamericanos dicen que duermen apiñados en celdas pequeñas con hasta cinco personas, que comen el mismo burrito frío en cada comida y que son recluidos en condiciones insalubres.
En un recorrido que hizo el martes en las instalaciones de El Paso del Norte, McAleenan encontró celdas en cuarentena con personas enfermas. Y en los últimos cuatro días, contó, han tenido en sus centros niños con 45 grados de fiebre, una niña de dos años con convulsiones, una mujer de 19 años que requirió una operación urgente de corazón y un hombre de 40 años que llegó con falla en varios órganos y se negó a ser atendido. "Estamos salvando vidas, pero eso viene con un alto costo para nuestra labor", aseguró.
En los últimos meses, cuatro personas han muerto en custodia de la Patrulla Fronteriza, entre ellos, Jakelin Caal, de 7.
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