"No puedo dejar que el miedo me quite la esperanza": voluntarios que con y sin documentos se organizan para registrar las redadas

DURHAM, Carolina del Norte.- En la ciudad hay complejos de apartamentos y estacionamientos de casas móviles donde el 80% o el 90% de los inquilinos son hispanos. A las 5:00 de la mañana empiezan a moverse: los niños se arreglan para la escuela, las padres cocina y salen a calentar el carro, a tirar la basura. Cuando llegan a la ciudad los agentes federales del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), Iván Almonte comienza a recibir mensajes ya desde esa hora, de gente que ve camionetas extrañas rondando su calle o policías en las esquinas y sospecha que algo pasa o está por pasar.

“La gente es muy específica. Dicen: ‘Iván, aquí está una camioneta estacionada, vidrios polarizados y siempre está el carro de mi esposo, los dos carros de los vecinos. Un cuarto carro es sospechoso ya’. Eso empezaba a generar el caos”.

Iván Almonte es activista comunitario en Durham, Carolina del Norte. Es mexicano, tiene 40 años y ha vivido la mitad de ellos en Estados Unidos sin documentos. Hace dos años fundó un movimiento de base llamado Acción Política Latina y antes trabajó como orientador de estudiantes y padres en el sistema de escuelas públicas. Su número está en los chats que utilizan los migrantes hispanos de la ciudad para reportar la presencia de ICE y en las listas de os de las familias que temen que alguno los suyos sea arrestado y deportado.

Hace exactamente un mes las denuncias se dispararon y tenían fundamento. Entre el miércoles 6 y el viernes 8 de febrero, ICE detuvo a más de 225 personas en siete condados de Carolina del Norte que no colaboran con el programa 287(g), que da potestad a las policías locales de actuar como agentes de migración. Al menos 20 de esas detenciones se produjeron en Durham, la mayoría de ellos en los parques de tráilers y en los apartamentos del norte de la ciudad poblados de hispanos.

Sean Gallagher, director de la oficina de regional de ICE que cubre Georgia y las Carolinas, describió este operativo como la “nueva normalidad” que reinará de ahora en adelante en el país: ICE actuará con más fuerza justamente en los condados “santuario” como estos.

Los alcaldes de las ciudades afectadas por las redadas en Carolina del Norte están de manos atadas. "No podemos impedir que ICE opere en nuestras ciudades, pero podemos y debemos denunciar estas redadas que desestabilizan los vecindarios, traumatizan a los niños, hieren a muchas personas inocentes y crean desconfianza en la aplicación de la ley", dijeron en un comunicado conjunto el jueves 14 de febrero.

Todo esto ha obligado a la comunidad a organizarse más. “Esta agresión fue muy directa y la sentimos. No era como en la época de (Barack) Obama que deportó mucha gente calladamente y tras bambalinas. Por lo menos con Trump sabes lo que te espera; lo que dice, lo hace, y ya te preparas para lo que viene, que es lo peor, que es lo que hemos visto. Nuestro trabajo como organizadores comunitarios es preparar a la comunidad en todos los sentidos: mentalmente, emocionalmente. Que no bajen la guardia, que estén vigilantes”, dice Almonte.

Desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, hace dos años, Almonte y otros voluntarios hispanos, con documentos y sin ellos, registran las detenciones y las denuncias de redadas de migración: reciben denuncias a través de redes sociales y acuden para verificar si efectivamente hubo arrestos y si se trataba de un operativo de ICE.

Esta red ha permitido verificar algunos arrestos antes de que las autoridades de migración informen oficialmente de ellos, y a la vez, poner en marcha sistemas de apoyo económico o legal para evitar la deportación de los arrestados en los casos donde es posible.

“ Es una incertidumbre, porque migración no actualiza la información de los detenidos al instante. Pueden durar tres, cuatro días. Y la gente va en persona a las cárceles locales a buscar a sus familiares y no están y resulta que fue migración (quien se los llevó) pero no saben. Mental y emocionalmente es triste todo eso. Es como un secreto a voces, es como decir: ‘Estamos afectados pero tenemos que guardar silencio, tenemos que seguir escondidos’”, dice Almonte.

Algunas de las familias que los voluntarios apoyan mantienen su información en el anonimato porque tal vez otro familiar en esa casa tiene orden de deportación y al denunciar su caso, expone a toda la familia.

La elección de Almonte ha sido no permanecer en las sombras, a pesar de que en 20 años no ha conseguido legalizar su estatus migratorio. Su madre es residente y su papá es ciudadano. Y él, que ha sido víctima de siete crímenes en Estados Unidos, aún está tramitando una visa U.

“Me siento muy empoderado. Como he aprendido tanto a sobrevivir, el estatus no me puede hacer más o menos persona. No tengo que dejar que el miedo me quite las esperanzas y las ganas de seguir luchando, porque al final de cuentas se trata de eso”.