El nuevo plan de Biden para combatir el tráfico de inmigrantes: estas son las claves
Una nueva sociedad entre los departamentos de Justicia (DOJ) y Seguridad Nacional (DHS) tiene como objetivo desmantelar operaciones de tráfico de personas y apoyar los procedimientos de inmigración para reducir y castigar a los coyotes que operan en Centroamérica y México. Así lo informaron ambas agencias federales.
La iniciativa asoma en el tercer aniversario del establecimiento de la denominada Fuerza de Tarea Conjunta Alfa (JTFA), creada poco después de la llegada de Biden a la Casa Blanca como parte de los esfuerzos para detener el tráfico indocumentado en la frontera sur, que desde el 2021 registra cerca de 10 millones de hallazgos (detenciones) por parte de la Patrulla Fronteriza.
La nueva estrategia consiste en “esfuerzos adicionales para desmantelar las operaciones de tráfico de personas y aumentar la responsabilidad de quienes violan nuestras leyes de inmigración”, señalaron ambos departamentos en un comunicado.
La JTFA fue lanzada en junio de 2021 por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas y el fiscal general, Merrick B. Garland. Su objetivo es el desmantelamiento de organizaciones de tráfico y trata de personas que operan en y a través de Guatemala, Honduras, El Salvador y México.
Los resultados hasta ahora
Tanto Mayorkas como Garland señalaron que las operaciones bajo el mandato de JTFA han incrementado en un 25% el número de acusados de tráfico de extranjeros en los últimos tres años, y que el Departamento de Justicia “está reacomodando recursos” para brindar incentivos financieros “y proponiendo mayores penas para los delitos de tráfico de personas”.
El DOJ, además, “está coordinando con los fiscales federales fronterizos y sus distritos, así como con el DHS y otras agencias de aplicación de la ley, para evaluar las necesidades actuales y la asignación de recursos, e identificar oportunidades disponibles y potencialmente nuevas para abordar cuestiones de inmigración”.
La estrategia menciona además que el DOJ “seguirá dando prioridad al procesamiento de casos relacionados con el tráfico de personas, trabajando a través de la JTFA (dirigida por la Sección de Derechos Humanos y Enjuiciamientos Especiales de la División Penal), y los esfuerzos de las fiscalías federales individuales y sus socios encargados de hacer cumplir la ley”.
Qué ha conseguido la JTFA
El reciente informe sobre resultados precisa que los procesamientos por delitos graves por contrabando “han seguido una trayectoria ascendente, aumentando un 27% desde 2020”.
“Estos casos son significativos”, agrega. Y señala que los resultados “incluyen el tráfico de personas tanto de poblaciones vulnerables como de personas que plantean problemas de seguridad, así como el transporte ilegal de activos y contrabando, la huida a alta velocidad de las fuerzas del orden y la posesión de armas de fuego por parte de acusados de contrabando humano”.
“Centrarse en los procesamientos por delitos graves de contrabando crea un efecto disuasorio, que no sólo afecta al acusado, sino que crea un efecto dominó que desalienta el contrabando en el futuro”, dice el DOJ. Y agrega que “otros procesamientos por contrabando se centrarán en rutas conocidas utilizadas y controladas por cárteles y otros grupos criminales organizados”.
Estadísticas del trabajo hecho por la JFTA
Las operaciones llevadas a cabo por la JTFA seguirán centrándose en los traficantes de personas de más alto nivel: los peores de los peores”, apunta el comunicado.
Indica que desde su creación, en junio de 2021, ha logrado importantes resultados tangibles, entre ellos:
- Más de 300 arrestos, incluidos líderes, organizadores y facilitadores importantes;
- Más de 240 condenas en Estados Unidos;
- Más de 170 acusados estadounidenses sentenciados, con sentencias importantes de 30 años o más de prisión;
- Incautaciones y decomisos sustanciales de activos y contrabando, incluidos millones de dólares en efectivo, bienes inmuebles, vehículos, armas de fuego y municiones, y drogas; y
- Múltiples acusaciones y solicitudes de extradición exitosas contra objetivos de liderazgo extranjero ubicados en Guatemala, México y Honduras.
El reporte también señala que la semana pasada “la líder de una organización de tráfico de migrantes fue sentenciada a 10 años de prisión por su papel en el tráfico de más de 100 migrantes desde Honduras a Estados Unidos con fines de lucro”.
Programa de recompensas
La estrategia de seguimiento y persecución de bandas de traficantes de personas incluye un programa de recompensas (ASR) “diseñada para desmantelar el liderazgo de las organizaciones de tráfico de personas que llevan a migrantes a través de Centroamérica y la frontera sur de Estados Unidos”, se lee en el documento.
Explica que la ASR utilizará la autoridad legal existente, a través del Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional del Departamento de Estado, “para ofrecer recompensas financieras por información que conduzca a la identificación, ubicación, arresto o condena de los principales responsables de importantes actividades de tráfico de personas en la región”.
El programa está a objetivos de alta prioridad, tal como:
- Líderes de ciertos cárteles identificados y otras organizaciones transnacionales responsables del tráfico de personas a través del hemisferio occidental y a través de la frontera sur de los Estados Unidos;
- Líderes y organizadores de redes de tráfico de personas responsables de ciertos eventos identificados con víctimas masivas; y
- Ciertos fugitivos internacionales identificados de alta prioridad buscados por delitos de tráfico de personas.
El DOJ dijo también que estudia ofrecerá “recompensas adicionales” a los informantes cuya información resulte en la confiscación de ganancias criminales de actividades de tráfico de personas.
Mayores castigos para los traficantes
El gobierno de Biden señala que desde al menos 2016, el DOJ y el DHS han instado a la Comisión de Sentencias de Estados Unidos a considerar endurecer las penas para quienes cometen delitos de tráfico de personas.
Según las actuales directrices sobre sentencias, “no tienen en cuenta plenamente la gravedad o el alcance de la mala conducta de los acusados en casos de tráfico de personas, lo que da lugar a incentivos perversos y a una menor capacidad de los fiscales para perseguir a los líderes de las organizaciones de tráfico de personas. A pesar de las renovadas solicitudes del Departamento de Justicia y del DHS el año pasado, la Comisión no ha reforzado significativamente las penas para los traficantes de personas más peligrosos”.
Debido a este vacío, tanto el DJS como el DHS dicen que están “apoyando a los fiscales en sus esfuerzos por responsabilizar a las personas acusadas de tráfico de personas peligroso”, al tiempo que el DOJ tiene la intención de buscar penas nuevas y mayores contra los traficantes de personas para responder adecuadamente por la gravedad de su conducta criminal y el daño y miseria humana que causa.
La propuesta realizaría tres cambios importantes a la pauta de sentencias de Estados Unidos que rige los delitos de tráfico de personas:
- Crear niveles de pena más severos basados en la cantidad de personas traficadas por el acusado;
- Aumentar las penas cuando la conducta del acusado resulte en lesión o muerte a más de una persona; y
- Garantizar que los acusados estén sujetos a mejoras en las sentencias por agresión sexual y otros tipos de conducta sexual prohibida cometidas durante el delito de contrabando, incluso si esa conducta ocurrió fuera de la jurisdicción de los EE. UU.
El DOJ dijo que seguirá en asociación con el DHS para dirigir a fiscales adicionales y personal de apoyo “para aumentar los procesamientos federales relacionados con la inmigración en las Fiscalías Federales fronterizas cruciales”.
Los esfuerzos incluyen el despliegue de fiscales federales auxiliares especiales del DHS en las fiscalías federales fronterizas, la asignación de personal de apoyo a las fiscalías federales críticas, la búsqueda de abogados del DOJ para brindar detalles en las fiscalías federales en los distritos fronterizos y la asociación con agencias federales para identificar recursos adicionales para combatir estos crímenes.
AILA aplaude la nueva estrategia
Tras el anuncio hecho por l DOJ y el DHS, la Asociación América a de Abogados de Inmigración (AILA), que agrupa a más de 15,000 abogados y profesores universitarios en todo el país, dijo que el esfuerzo es “exactamente” donde el gobierno federal debe apuntar.
“La lucha contra la trata y el contrabando de personas, actividades dominadas por los cárteles, es exactamente donde el DHS y el DOJ deberían centrar sus esfuerzos para reducir la delincuencia y mejorar la gestión fronteriza”, dijo Ben Johnson, director ejecutivo de AILA.
Johnson agregó que “Cada año, las víctimas sufren un trauma terrible por estos crímenes abominables, por lo que es fundamental que las fuerzas del orden se enfoquen en ellas para garantizar la seguridad de las comunidades estadounidenses y de las personas que son víctimas de los cárteles”.
“Las agencias deberían dedicar mayores esfuerzos a proteger a las víctimas de operaciones de contrabando y poner fin a la práctica de detenerlas mientras sirven como testigos contra sus traficantes”, apuntó.
El presidente de AILA dijo además que, “sin embargo, es motivo de grave preocupación el plan de las agencias de aumentar los procesamientos de personas por entrada o reingreso indebido después de su deportación”. Y recordó que cuando el presidente Biden asumió el cargo (el 20 de enero de 2021), “AILA lo instó a reducir e incluso detener tales procesamientos, y la profundidad de nuestra preocupación no ha cambiado”.
“Estos procesamientos se llevan a cabo con frecuencia de tal manera que se niega el debido proceso a personas que a menudo se ven sometidas a procedimientos apresurados. Estos procesamientos también desperdician recursos finitos que deberían utilizarse para combatir actividades delictivas que plantean amenazas a la seguridad pública, como el tráfico ilegal de narcóticos y armas de fuego o el contrabando de personas”, indicó Johnson.
El presidente de AILA concluyó que “el impacto de estas leyes criminaliza conductas como intentar reunirse con la familia, regresar después de una deportación errónea o solicitar asilo, sin hacer nada para traer orden y seguridad a la frontera sur”.
