Más de 130 organizaciones civiles advierten que la deportación masiva de Trump "sería trágica" para familias, comunidades y empresas
Preocupados por el retorno de la política migratoria de 'tolerancia cero' y las deportaciones masivas, una coalición integrada por 139 organizaciones de derechos humanos y civiles emitió una declaración dirigida al presidente Joe Biden, para que su istración tome medidas que protejan los derechos de permanencia de cientos de miles de inmigrantes vulnerables y evite que sean expulsados masivamente de Estados Unidos por órdenes del presidente electo, Donald Trump.
Entre las medidas prometidas por Trump que serán canceladas una vez regrese a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025, se incluyen la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), programas de Estatus de Protección Temporal (TPS), aplicación móvil CBP One y parole humanitario (CHNV) para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Esta semana el nominado por Trump como zar de la frontera que dirigirá el plan de deportaciones masivas, Tom Homan, aseguró que "hay más de 1.5 millones de delincuentes extranjeros convictos en este país con órdenes finales de deportación que vamos a buscar. Hay miles de de pandillas, de pandillas inmigrantes ilegales que vamos a buscar”.
El jueves Univision Noticias reportó que, de acuerdo la base de datos de la Oficina de Revisión de casos de Inmigración (Corte de Inmigración, EOIR), entre los años fiscales 2015 y 2024 los jueces han emitido 929,619 órdenes de deportación en ausencia, el probable primer blanco del nuevo gobierno, de acuerdo con. Los anticipos compartidos por Homan.
A este grupo podrían añadirse unos 560,000 titulares de DACA, más de 550,000 beneficiarios de TPS, 37,000 detenidos en cárceles de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), más de 850,000 extranjeros que ingresaron bajo la aplicación CBP One y no han ajustado sus estatus de permanencia, al igual que unos 530,000 titulares de la CHNV, quienes solo tienen un año para pedir asilo y dos años para cambiar su estado de permanencia bajo cualquier otro programa vigente.
Qué pide a Biden la coalición
“Instamos a su istración a tomar medidas decisivas e inmediatas para proteger a los dreamers, titulares de TPS, así como a otros residentes de larga data de la deportación masiva y la separación familiar”, indica el pedido. Y agrega que, las medidas de protección también deben “salvaguardar las protecciones para las personas que huyen de la persecución”.
“Una gran parte de las personas amenazadas viven y trabajan actualmente con autorización de empleo, y su expulsión sería trágica para las familias, las comunidades y las empresas”, precisa la solicitud.
“Nuestras comunidades inmigrantes se encuentran en una encrucijada mientras el presidente electo Trump amenaza con hacer realidad sus promesas de campaña de regresar a un sistema de inmigración cruel y caótico”, añade. Y advierte que “las vidas de las familias estadounidenses (nuestros vecinos, propietarios de pequeñas empresas, trabajadores agrícolas) están en juego, por lo que instamos a la istración Biden-Harris a que atienda la urgencia del momento con acciones inmediatas para proteger a las familias inmigrantes vulnerables, los beneficiarios del TPS, los Dreamers y otras personas que corren el riesgo de una deportación masiva y la separación familiar”.
Reclamo de alivio permanente
La coalición, entre otros, integrada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), CASA, el Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN), organizaciones religiosas, grupos comunitarios, y Justicia para las Familias Inmigrantes, señalan que “necesitamos un sistema que proporcione un alivio permanente a dreamers, ayude a las familias a permanecer juntas y dé la bienvenida a los refugiados”.
Previendo el escenario que se desencadenará a partir del 20 de enero, cuando Biden entregue la presidencia a Trump y en base a las declaraciones vertidas hasta ahora, la coalición dice que “no hay duda de que el nuevo gobierno impondrá cambios de gran alcance en nuestro sistema de inmigración, desmantelará las vías legales y reformulará la aplicación de la ley de inmigración tal como la conocemos. No hay tiempo que perder”.
Recomiendan, además, que el presidente Biden debe “proteger a las personas vulnerables del riesgo de deportación” y para ello urgen “garantizar que las personas vulnerables y las personas elegibles para los programas temporales existentes no queden atrapadas en el sistema de detención y proteger a los niños de la deportación”.
Entre las recomendaciones, la coalición incluye extender las coberturas y duración de los TPS y permisos de trabajo, garantizar que los titulares de DACA y otros residentes de larga data puedan beneficiarse de las políticas actuales y puedan trabajar rápidamente para procesar todas las solicitudes de renovación del programa, otorgar solicitudes de libertad condicional anticipada, así como preservar las vías para que los titulares de DACA “tengan a un estatus legal a través de sus empleadores”.
En cuanto a los trabajadores agrícolas, el grupo de organizaciones pide “protecciones” asegurándoles “un trato justo”, además de “salvaguardar a los solicitantes de asilo y refugiados procesando cuanto antes sus solicitudes de permisos de trabajo para evitar que los inmigrantes se queden fuera de la fuerza laboral autorizada”.
Conferencia de Obispos se une al clamor
Por su parte, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), se unió a las preocupaciones de las organizaciones civiles y de derechos humanos en favor de protecciones para los inmigrantes y pidió que se “reconozca” el aporte y la dignidad de los inmigrantes.
“Nos solidarizamos firmemente con nuestros hermanos y hermanas inmigrantes que viven y trabajan en Estados Unidos”, se lee en una carta firmada entre otros por el arzobispo Timothy P. Broglio, presidente de la Conferencia, y el Obispo Jaime Soto de Sacramento, presidente de la junta directiva de la Red Católica de Inmigración Legal, Inc. (CLINIC).
Los religiosos indicaron que “desde la fundación de nuestra nación, los inmigrantes han sido esenciales para el crecimiento y la prosperidad de esta sociedad. Llegan a nuestras costas como extranjeros, atraídos por las promesas que ofrece esta tierra, y se convierten en estadounidenses. Siguen proporcionando seguridad alimentaria, servicios de salud y muchas otras habilidades esenciales que sustentan a nuestra próspera nación”.
La USCCB dijo además que “nuestro país merece un sistema de inmigración que ofrezca vías justas y generosas hacia la ciudadanía plena para los inmigrantes que viven y trabajan durante muchos años dentro de nuestras fronteras”.
También señalaron que “Estados Unidos debería tener un sistema de inmigración que proteja a los migrantes vulnerables y a sus familias, muchos de los cuales ya han sido víctimas de actores criminales”.
El plan de deportaciones masivas de Trump incluye la unificación de agentes federales de distintas agencias, incorporación de policías locales (estatal, condal y municipal) y tropas de la Guardia Nacional.
Durante su primer gobierno, entre enero de 2027 y enero de 2021, el equipo político de Trump encabezado por Stephen Miller, desempolvó la Sección 212(f)), una poderosa herramienta que le otorga al presidente poderes para cambiar partes de la ley de Inmigración y nacionalidad (INA) sin la aprobación del Congreso. Expertos anticipan que en su segundo gobierno de apoyará nuevamente en esa polémica herramienta.
