Política migratoria para venezolanos no garantiza permanencia en EEUU
La nueva política migratoria para Venezuela, un programa que entra en vigencia una vez se publique su reglamento en el Registro Federal este 19 de octubre, no garantiza que los beneficiarios permanecerán en Estados Unidos y podrán ser deportados al término de dos años.
La estrategia, publicada este miércoles en el diario oficial estadounidense, señala que hasta 24,000 venezolanos podrán entrar legalmente al país por medio de un patrocinador que viva legalmente en Estados Unidos y pase una serie de controles biométricos de seguridad y verificación de antecedentes criminales.
Mientras la regla se publica, el servicio de inmigración activó ayer martes la página para que patrocinadores venezolanos de parientes inmediatos puedan iniciar el proceso para traerlos a Estados Unidos.
Quienes califiquen (como refugiados temporales) recibirán un permiso de isión a Estados Unidos por un período de dos años y tendrán opción de solicitar una autorización de empleo (EAD) por el mismo período de tiempo.
Sin embargo, la nueva norma advierte que “el período de dos años también permitirá a las personas buscar ayuda humanitaria u otros beneficios migratorios a los que puedan ser elegibles, y trabajar y contribuir a la economía de los Estados Unidos mientras lo hacen”.
Pero aquellos a quienes no se les concede asilo u otro beneficio migratorio disponible, “ deberán salir de los Estados Unidos al vencimiento de su período autorizado de libertad condicional o, generalmente, será puesto en proceso de deportación después del vencimiento del permiso”, añade.
A su vez, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) precisó que la implementación del programa (Proceso de Libertad Condicional para venezolanos) “está condicionado a que México continúe aceptando a ciudadanos de ese país sudamericano deportados por Estados Unidos”.
Deportaciones automáticas
La regla también indica que los inmigrantes venezolanos que no se acojan a este proceso, y en su lugar ingresen a Estados Unidos “sin autorización entre puntos de entrada, será objeto de expulsión o remoción”.
La regla reitera que entrará en vigor el día en que sea publicado en el Registro Federal, es decir el 19 de octubre, y que quedan excluidos todos aquellos venezolanos a quienes “se les ha deportado u ordenado salir del país dentro de los cinco años anteriores.
Tampoco califican aquellos que han entrado sin autorización a Estados Unidos entre puertos de entrada, a México o Panamá “después de la fecha de este aviso publicación” (en el Registro Federal).
Abogados de inmigración consultados por Univision Noticias indicaron que aquellos que, aquellos inmigrantes que entraron a Panamá o México antes de la publicación de la regla, “deberán entonces demostrar a las autoridades estadounidenses que se hallaban en esos países rumbo a la frontera sur de Estados Unidos en busca de asilo”.
Será en ellos en quienes recaerá la evidencia de la prueba. “Mi consejo es que guarden los recibos de gastos que hicieron durante el viaje, por los lugares donde hayan pasado, boletos de trenes, de autobuses, porque todo eso les ayudará a demostrar que no ingresaron después de la fecha de publicación de la regla”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California.
Y también los mensajes colocados en las redes sociales, textos que les enviaron a familiares explicando dónde estaban que se encontraban bien y esas cosas. E incluso selfies enviados a parientes. Y si tienen un boleto de avión que utilizaron para avanzar más rápido, mucho mejor. Toda esa información será de mucha utilidad para cuando lleguen a la frontera”, indicó.
Estrategia de largo plazo
El reglamento de la nueva política migratoria para Venezuela también advierte que “reducirá la migración irregular en el mediano y largo plazo, pero anticipamos una continuación sustancial de presiones a lo largo de la frontera suroeste en los próximos meses”.
El gobierno dijo que el DHS estaba implementando “un esfuerzo inmediato para abordar el número creciente de encuentros de ciudadanos venezolanos en la frontera sur con México “a medida que continuamos implementando una estrategia más amplia y a largo plazo” para reducir el flujo migratorio.
El DHS también dijo que “anticipamos que este nuevo esfuerzo reducirá los niveles récord de ciudadanos venezolanos que buscan ingresar irregularmente a Estados Unidos entre puntos de entrada a lo largo de la frontera sur, mientras al mismo tiempo proporciona un proceso para que ciertos venezolanos ingresen a Estados Unidos de manera segura y ordenada”.
“Solo aquellos que cumplen con los criterios especificados y pasan la seguridad nacional y la investigación de seguridad pública serán elegibles para consideración de libertad condicional bajo este proceso”, precisa la regla.
Caso por caso
La regla también advierte que cada solicitud de patrocinio familiar será analizada “caso por caso” y sometido a estrictas medidas de seguridad biométrica por el DHS.
Al detallar los objetivos del programa, el DHS explicó que el programa, similar al implementado en abril para Ucrania, pretende:
- Mejorará la seguridad en la frontera con México al reducir la migración irregular de venezolanos;
- Mejorar la seguridad fronteriza y la seguridad nacional mediante la examinación de las personas antes de su llegada a un punto de entrada a Estados Unidos;
- Reducir la tensión en el personal y los recursos disponibles del DHS en la frontera;
- Minimizar el impacto interno de la migración irregular venezolana;
- Desincentivar un peligroso viaje irregular que pone en peligro la vida de los migrantes y su seguridad en riesgo, y dejar de enriquecer a las redes de contrabando humano;
- Cumplir importantes compromisos y metas de política exterior, tal como gestionar la migración de manera colaborativa en el hemisferio.
Las deportaciones de venezolanos
En cuanto a las deportaciones o expulsiones de inmigrantes venezolanos que no califican para uno de los 24,000 cuyos de la nueva política, el reglamento explica que en estos momentos existen herramientas activas para expulsar extranjeros, entre ellas el Título 42 de los Centros para el Control de las Enfermedades (CDC), activado en marzo de 2020 por la pandemia del coronavirus.
Bajo esta política “se puede impedir la entrada o expulsar a los no ciudadanos para evitar la propagación de enfermedades transmisibles”, puntualiza la regla.
El DHS también advierte que Venezuela actualmente “no permite las repatriaciones a través de vuelos chárter”, situación que “limita significativamente su capacidad” operativa para expulsar extranjeros de ese país.
Sin embargo y pese al rechazo de Venezuela de aceptar repatriados de connacionales, el gobierno confía en que tanto el programa como las herramientas vigentes y disponibles en la frontera, podrá reducir el tamaño de la crisis en la frontera que en los primeros 11 meses del año fiscal 2022 registró la detención o hallazgo de más de 2.1 millones de extranjeros indocumentados.
Además del Título 42 el gobierno cuenta con la aplicación del Título 8 de la Ley de Inmigración, que permite la deportación de extranjeros por razones de inisibilidad. Y la facultad discrecional de los agentes federales para devolver a México si consideran que no existe una causa válida de asilo o la persona detenida ha tenido una o varias expulsiones anteriores.
La regla señala que, en un plazo de 90 días a partir de la publicación en el Registro Federal, comiencen a adjudicarse las primeras solicitudes de patrocinio, trámite que será istrado por la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).
