Quiénes son los inmigrantes prioritarios para la deportación, según el Departamento de Seguridad Nacional
Este sábado fue filtrado a los medios un memorando firmado por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), John Kelly. Se trata del reglamento de las órdenes ejecutivas sobre el muro y las ciudades santuario del 25 de enero, por ello incluye cuestiones clave para aplicar la nueva política migratoria del presidente Donald Trump. Entre las cuestiones más relevantes, especifica una lista de prioridades con los extranjeros que serán deportados de manera acelerada:
- Aquellos que han cometido crímenes o delitos graves.
- Aquellos indocumentados que fueron deportados y regresaron a Estados Unidos sin autorización.
- Los indocumentados con orden de deportación final, aunque no hayan cometido delitos.
- Los indocumentados con orden de deportación final en ausencia o que asistieron a las cortes de inmigración para cumplir con sus citas ante un juez.
El documento también reitera la orden de Trump de poner fin a la práctica de detener y liberar (catch an release), y que "todos los extranjeros sin autorización de permanencia serán detenidos, arrestados y procesados" por el DHS. Otra cuestión determinante es la eliminación de todos los beneficios que existían para indocumentados, aunque se anuncia que se activarán beneficios para ciudadanos víctimas de indocumentados criminales.
Quiénes podrán permanecer
A diferencia de los decretos sobre el muro en la frontera y las ciudades santuario, que hacen hincapié en cuáles son los indocumentados que deben ser deportados, el memorándum de Kelly menciona quienes no son una prioridad de expulsión para el gobierno. La lista incluye:
- Aquellos que el secretario del DHS, o a quien él designe, en uso de su discrecionalidad, detengan la deportación.
- Los extranjeros que obtengan una orden de alivio o protección contra la deportación (congelan sus casos).
- Aquellas personas que, tras ser detenidas, el DHS determine que se trata de un ciudadano, residente legal permanente, asilado, refugiado o tiene un estatus temporal válido en el país. (Aplica a aquellas personas detenidas y que no llevaban consigo identificación que pruebe su permanencia legal en el país).
- Los extranjeros que obtengan libertad condicional.
- Aquellos que luego de pedir asilo hayan demostrado un temor creíble y el proceso continúa.
- Los indocumentados beneficiarios de la Acción Diferida de 2012 (DACA) que no han cometido delitos.
Kelly cita en el memorando el Artículo 235 de la Ley de Inmigración (INA), que regula la inspección de extranjeros que solicitan la entrada a Estados Unidos, y aclara que todo individuo que llega al país, sea o no por un puerto de entrada, incluso aquellos que son interceptados en el mar, se le considera como un solicitante de isión. Por tanto, indica, está sujeto al cumplimiento de las normas de isibilidad y a ser inspeccionados por un agente federal del CBP, quien decide su entrada legal al país.
“Quiere decir que todo extranjero que viene o está en el país, el gobierno quiere saber quién es, meterlo su identidad en una base de datos, y en el caso de los indocumentados, que sea un juez de inmigración quien decida si es isible o no, si puede quedarse o debe ser deportado”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Angeles, California.
Qué dice la Sección 235
La Sección 235 estipula que todos los extranjeros deben ser inspeccionados, o de lo contrario podrán ser deportados de Estados Unidos. En cuanto a los polizones, indica que no son elegibles para permanecer en el país.
Respecto a los solicitantes de asilo, el memo dice que sólo serán considerados para permanecer aquellos que demuestren un temor creíble durante la entrevista con un agente de la oficina de asilo del servicio de inmigración.
Kelly también señala que hasta que no se determine si un extranjero indocumentado será deportado o no, será detenido, y que el arresto impedirá que los no autorizados para permanecer en el país cometan crímenes. La privación de libertad, precisa, aumentará la probabilidad de que se cumplan las órdenes de deportación.
Congelarán casos
Gálvez explica que un paso importante dentro del memorando es que a partir de ahora “los abogados vamos a poder pedirle a los jueces y los fiscales de inmigración que congelen los casos de deportación de manera indefinida a aquellos indocumentados que llevan tiempo y no tienen crímenes”.
“Esta práctica, vigente sobre todo desde la publicación de las prioridades de deportación del presidente Barack Obama del 20 de noviembre de 2014, fue suspendida en las últimas cuatro semanas. Pero comenzando el martes, el primer día hábil después del feriado de mañana, se podrá solicitar nuevamente este beneficio para congelar los procedimientos de deportación”, agregó.
Gálvez dijo que según el memorándum el gobierno “ya no considera como prioridad de deportación” a los indocumentados que no han cometido crímenes, “y los beneficiarios podrán solicitar un permiso de trabajo y no vivir con el miedo de que serán deportados de Estados Unidos”.
Las prioridades de Trump
El 25 de enero Trump mencionó algunos delitos que convierten en deportable a un indocumentado. La lista incluye a:
- Quienes hayan cometido actos que constituyen un delito penal imputable.
- Quienes hayan incurrido en fraude o tergiversación deliberada en relación con cualquier asunto oficial o solicitud ante un organismo gubernamental.
- Quienes hayan abusado de cualquier programa relacionado con la recepción de beneficios públicos.
- Quienes estén sujetos a una orden final de expulsión, pero que no han cumplido con su obligación legal de abandonar Estados Unidos; o
- Quienes a juicio de un funcionario de inmigración supongan un riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional.
También mencionó a quienes hayan sido condenados por cualquier delito aun cuando dicho cargo no haya sido resuelto. Gálvez dijo que en estos casos "serán los jueces de inmigración quienes tomen la decisión final".
La base de datos
Para determinar quién se queda y quién es deportado, el gobierno de Trump busca introducir los nombres de todos los indocumentados en una gigantesca base de datos que el gobierno, a través del Pentágono, construyó en respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.
“Los 11 millones de inmigrantes indocumentados están en la mira del gobierno de Trump para ser fichados y sus datos ingresados en esta base de datos. Todos van a ser detenidos y arrestados, y serán los jueces de inmigración y las autoridades del DHS quienes dedican quién se queda y quién no en base a los méritos de cada caso”, comenta Gálvez.
Según agrega el abogado, “debe quedar claro que las prioridades de deportación que había establecido el presidente Obama en el 2014 ya no existen. Ahora son otras, más severas. Trump cambió el escenario”.
Abogados consultados por Univision Noticias dijeron temer que la implementación de las nuevas órdenes ejecutivas, entren en conflicto con los derechos civiles, sobre todo con extranjeros legales que sean detenidos por agentes federales y no porten documentos de identificación consigo.
Otros detalles del memo
Kelly también explica en el memorando que aumentará la dotación de personal en el DHS para aumentar la capacidad de respuesta en todas las agencias involucradas en el proceso de inmigración.
Simultáneamente expandirá el Programa 287(g) de la Ley de Inmigración, que le permite al gobierno hacer acuerdos con las policías locales (estatales y municipales) para que ejerzan funciones como agentes federales del servicio de inmigración.
Esta medida le permitirá a Trump contar con una fuerza nacional de deportación que ya funcionó entre el 2002 y el 2008, sustituido por Comunidades Seguras y descontinuado por Obama tras fuertes críticas de la comunidad civil por los abusos cometidos en los procedimientos de arresto y ejecución de la política migratoria, entre ellos la falta de transparencia en las deportaciones de extranjeros.
El memorando también establece el despliegue de un plan conjunto con el Departamento de Justicia para ampliar el número de jueces en las cortes de inmigración y descongestionar los más de 534,000 casos acumulados en los tribunales, que actualmente cuentan con solo 273 magistrados.
Las nuevas contrataciones, establece el documento, permitirán acelerar las deportaciones de extranjeros criminales, de acuerdo con los planes de Trump establecidos en las órdenes ejecutivas.
