Senado de Florida aprueba proyecto de ley que autoriza el transporte de inmigrantes a cualquier parte del país
Con 27 votos a favor y 12 en contra, el Senado de Florida aprobó una iniciativa de ley, patrocinada por republicanos, que permitirá al gobernador Ron DeSantis expandir “oficialmente” un controvertido programa para transportar a inmigrantes -liberados por el gobierno federal en la frontera mientras esperan la resolución de sus casos de asilo- a cualquier parte del país, principalmente las denominadas 'ciudades santuario'.
El proyecto crea un programa de transporte de extranjeros no autorizados y designa un presupuesto de $10 millones para su traslado hacia otros estados.
En septiembre de 2021 DeSantis anunció un paquete de severas medidas migratorias en ese estado del sureste del país, entre ellas una orden ejecutiva (21-223) que prohíbe que todas las agencias de Florida bajo el ámbito del gobernador faciliten la inmigración ilegal a Florida, a menos que la ley federal o estatal exija lo contrario.
La estrategia también requiere la recopilación de información de los funcionarios estatales sobre el alcance y costos de la inmigración ilegal en Florida, el nombramiento de un zar de Seguridad Pública para garantizar que se lleven a cabo las acciones dirigidas por la orden ejecutiva y presentó una demanda al gobierno federal en abierto desafío a la política del 'Catch and Release' (Captura y liberación), tal y como lo hizo sin éxito el expresidente Donald Trump durante su gobierno.
En 2022 el gobernador de Florida financió varios traslados en autobuses y aviones privados de inmigrantes en proceso de asilo por parte del gobierno federal desde Florida y Texas hacia los estados de Nueva York y Massachussets, política que fue tildada por la Casa Blanca, los estados receptores y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes de “cruel” e “inhumana”.
Qué dice la ley
El proyecto de ley republicano 6-B crea el programa de traslados dentro de la División de Manejo de Emergencias de Florida. El objetivo, señala, es “facilitar el transporte de extranjeros inspeccionados no autorizados dentro de Estados Unidos” hacia otros lugares fuera del Estado.
El blanco de la iniciativa son aquellos inmigrantes que llegaron a la frontera sur con México, solicitaron asilo, pasaron la primera etapa de una entrevista de miedo creíble, fueron procesados, sus casos enviados a la Corte de Inmigración (EOIR) y luego se les permitió esperar en libertad la resolución de sus casos porque no representan una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.
La iniciativa justifica el programa indicando que los extranjeros sujetos a ser “trasladados” son individuos “no autorizados” (para permanecer en el país), pero que tiene documentación
del Gobierno “que lo procesó y lo puso en libertad sin haber sido itidos de acuerdo con la Ley federal de Inmigración”.
La iniciativa no menciona que el gobierno federal trata a los extranjeros que vienen en busca de asilo tal y como lo señala el debido proceso.
Bajo la orden de DeSantis
La nueva iniciativa de ley precisa además que el programa de traslado se fundamenta en una orden ejecutiva firmada por DeSantis en la que el gobernador ordena a las agencias bajo su mando tomar “las medidas necesarias para proteger a los floridanos de los impactos de la crisis fronteriza”.
El mandatario estatal agrega que, si no lo hacen, el estado de Florida “puede experimentar efectos perjudiciales, incluidos aumento del crimen, disminución de oportunidades económicas y afectar los salarios para trabajadores estadounidenses y nuevas cargas sobre los sistemas de educación y atención médica”.
Cabe señalar que DeSantis tiene aspiraciones de buscar la nominación presidencial del Partido Republicano en 2024 y respalda la política migratoria de tolerancia cero del expresidente Trump.
Además, tanto DeSantis como Trump culpan a los inmigrantes, sin mayores pruebas, del incremento del crimen y la afectación en los salarios en el estado y la nación.
El programa tiene fecha de vigencia hasta el 30 de junio de 2025.
Plan peligroso
En caso de ser aprobado por la Cámara de Representantes de Florida (también controlada por los republicanos) y promulgado por DeSantis, el nuevo plan de traslado de inmigrantes “es peligroso porque está interfiriendo en una función que le corresponde sólo al gobierno federal, como es la inmigración”, dice Angel Leal, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “Es el gobierno federal, a través de todas las agencias que participan en el proceso, quien se encarga del proceso de estas personas”.
Leal dijo que el plan de Florida “hace suponer que (estos traslados) son con el permiso del inmigrante”, pero no explica que “en algunos casos los extranjeros se verán forzados a firmar sus traslados bajo coacción indebida y sin que la persona sepa que tiene la opción de no firmar su traslado”.
“Hay muchas preguntas que no tienen respuesta”, advierte. “Los estados están incursionando en el tema de inmigración enviando inmigrantes a otros estados, no sabemos si los traslados son coordinados entre todas las agencias que participan en el debido proceso, si el transporte es autorizado, adónde los enviarán, quién o quiénes los recibirán, si al lugar donde serán enviados serán recibidos, atendidos y les proporcionarán información respecto a sus casos de inmigración. Hay muchas preguntas sin respuestas en esta iniciativa de ley”.
Leal dijo además que “tampoco se menciona qué tipo de trato darán a los menores no acompañados”, uno de los grupos más vulnerables cuyo trato y proceso está regulado bajo el Acuerdo Judicial Flores de 1997. “Por lo que ahora de mira, pareciera que no hay coordinación con el gobierno federal para garantizar el respeto al debido proceso migratorio de estas personas”, indicó.
En la mayoría de casos, los inmigrantes cuando se trasladan o los envían a otros estados, deben notificar a las autoridades migratorias el cambio de dirección y buscar ayuda legal paara mover sus juicios al nuevo estado y/o ciudad donde residirán. Si faltan a una sola audiencia, "recibirán una orden de deportación en ausencia y perderán sus derechos de permanencia en Estados Unidos", advierten abogados consultados por Univision Noticias.
La orden ejecutiva de 2021
En septiembre de 2021 DeSantis firmó la Orden Ejecutiva 21-223 que prohíbe que cualquier agencia del Estado bajo su mando ayude al gobierno federal, o cualquier contratista federal u organización no gubernamental, en el transporte a Florida de cualquier extranjero ilegal aprehendido en la frontera del suroeste, salvo que la ley federal o estatal exija lo contrario.
También exige:
- Verificar la elegibilidad de un extranjero para recibir beneficios cuando corresponda;
- Utilizar todos los medios de investigación legales para determinar el número y la identidad de extranjeros ilegales transportados desde la frontera suroeste a Florida desde enero de 2021 a la fecha efectiva de la orden ejecutiva;
- La información debe incluir nombre, el país de origen y la última dirección conocida de cada extranjero ilegal y los antecedentes criminales;
- Ficha de inmigración (si ha entrado antes al país) y la última dirección conocida del patrocinador de cada extranjero ilegal (si corresponde); y
- Ubicación y estado de los procedimientos de deportación para cada extranjero ilegal, incluyendo si el extranjero no se ha presentado al procedimiento de expulsión.
El estado de Florida define como extranjero ilegal a las personas que se encuentran en Estados Unidos y no tienen un estado de inmigración legal según las leyes de inmigración. El gobierno de Biden los llama ’no ciudadanos’ que han sido liberados conforme el debido proceso y esperan la resolución de sus casos de asilo en los tribunales de inmigración.
Cabe señalar que la Corte de inmigración tiene más de 2 millones de casos acumulados y en promedio cada expediente puede demorar hasta 4 años en ser resuelto.
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