Senadores fustigan la política migratoria del gobierno de Trump y exigen que reúna a las 539 familias aún separadas
Un grupo de 17 senadores Donald Trump que termine de reunificar a 539 familias afectadas por la separación forzosa de sus hijos en la frontera de México entre mayo y junio.
Hasta la semana pasada el número de familias no reunificadas era de 559.
“Urgimos al DHS a que tome acciones inmediatas para reunir a las familias separadas en la frontera sur”, escribió el grupo de legisladores, 16 demócratas y un independiente, Bernnie Sanders, exprecandidato presidencial por el Partido Demócrata en la elección 2016. La misiva fue enviada el martes.
“El DHS debe ofrecerles a estos padres la oportunidad de regresar a los Estados Unidos con una concesión de libertad condicional humanitaria (bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, Sección 212 (d)) para reunirse con su hijo. Esas familias reunidas a su vez, deberían ser puestas en libertad para continuar su solicitud de asilo u otras formas de protección para las cuales pueden ser elegibles”, agregaron
Las separaciones de familias fueron llevadas a cabo entre el 5 de mayo y el 9 de junio bajo el marco de la política de 'tolerancia cero' del gobierno de Trump en la frontera.
En ese período de tiempo el DHS reconoció haber separado a 2,551 menores. Si bien no existe una política de separación forzosa de niños, el Departamento de Justicia (DOJ) dispuso levantar cargos criminales por ingreso ilegal al país a inmigrantes indocumentados que entraran por lugares no autorizados, como un puerto fronterizo.
La ley determina que si una persona tiene cargos criminales no puede tener bajo su custodia a sus hijos hasta no resolver primero la causa criminal iniciada en su contra.
La política provocó una ola de protestas dentro y fuera de Estados Unidos en contra del gobierno, obligando a Trump a suspender las separaciones, pero no los juicios de deportación iniciados a los detenidos, incluyendo a niños.
La demanda de la ACLU
Tras una demanda presentada en junio por la Unión de Libertades Civiles (ACLU) contra la política fronteriza del gobierno, argumentando que viola el derecho de los inmigrantes y el debido proceso migratorio, el 26 de junio una corte federal del distrito sur de California en San Diego ordenó al gobierno un plazo de 30 días para reunificar a las 2,551 familias separadas.
El pasado 26 de julio el gobierno argumentó al tribunal que había reunificado a la totalidad de las familias que calificaban. De las 539 faltantes, el DHS explicó a la corte que no habían sido reunificadas, o bien porque sus padres no se encontraban en el país, habían renunciado a sus derechos de permanencia o no habían sido localizados y ya habían sido expulsados tras concluir sus casos criminales.
La corte entonces responsabilizó por la amenaza de orfandad que sobrevolaba por decenas de menores cuyos futuros en el país son inciertos.
Los senadores estiman que 539 menores no reunificados por el gobierno permanecen bajo el cuidado del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) y de la Oficina de Refugiados y Reasentamiento (ORR).
La última audiencia
La semana pasada, durante una audiencia de seguimiento en el tribunal que fijó el plazo para las reunificaciones, el juez federal Dana Sabraw urgió al gobierno a intensificar los esfuerzos para completar el proceso, sobre todo de 26 familias que no habían sido localizadas.
La ACLU publicó este miércoles en su cuenta de la red social Twitter el vigésimo recordatorio al gobierno para remarcarle que sigue incumpliendo el fallo del juez Sabraw, y que “cientos de niños siguen esperando” reunirse con sus padres.
El grupo de derechos civiles dijo además que a la medianoche vence un nuevo plazo para que los abogados de ambas partes entreguen actualizaciones del proceso y que mañana jueves se llevará a cabo una nueva audiencia telefónica donde el juez dará a conocer instrucciones y explicará los avances y/o estancamientos en la causa.
La ACLU reiteró además que el gobierno no ha esclarecido el porqué cientos de padres fueron deportados sin sus hijos, qué documentos firmaron y por qué perdieron sus derechos de permanencia, si sabían las consecuencias de firmar dichos documentos y por qué no les advirtieron que sus hijos se quedarían en Estados Unidos bajo el riesgo de perderlos.
Además de Sanders, la carta fue firmada por los senadores Kamala Harris (California), Dianne Feinstein (California), Robert Menéndez (Nueva Jersey), Patrick Leahy (Vermont), Kirsten Gillibrand (Nueva York), Richard Blumenthal (Connecticut), Cory A. Booker (Nueva Jersey), Tammy Duckworth (Illinois), Jefrey A. Merkley (Oregon), Mazie K. Hirono (Hawai), Catherine Cortez Masto (Nevada), Sheldon Whitehouse (Rhode Island), Tina Smith (Minnesota), Michael F. Bennet (Colorado), Bill Nelson (Florida) y Elizabeth Warren (Massachusetts).
