Trump enfrenta cinco demandas por la cancelación de DACA
La cancelación de DACA enfrenta cinco demandas en los tribunales de justicia. Los querellantes confían en que, antes que venza el plazo fijado por el gobierno para que unos 154,000 dreamers renueven sus permisos de trabajo, una corte detenga la orden ejecutiva y permita que los casi 800.000 dreamers amparados de la deportación mantengan el beneficio.
DACA ampara de la deportación a unos 800,000 jóvenes indocumentados que entraron siendo niños a Estados Unidos y se les conoce como dreamers, y otorga un permiso temporal de trabajo que se renueva cada dos años.
Las cinco demandas alegan que Trump no debió haber cancelado DACA y tampoco haber roto la promesa de deportar a los beneficiarios del programa, puesto que no son una prioridad de deportación.
Demanda de los 15 estados y Washington DC
Un día después de la cancelación de DACA, los fiscales generales de 15 Estados y el Distrito de Columbia (DC) presentaron una demanda contra el presidente y la jefa interina del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Elaine Duke. Alegan que el mandatario violó la cláusula de igual protección de la Constitución discriminando a los mexicanos, que representan el 78% de los receptores de DACA.
También argumentan que la revocación de DACA viola componentes de la 5ta Enmienda de la Constitución e indican que el DHS podría llevar a cabo un papel “arbitrario, inconstitucional y contrario a la ley”.
La demanda se ventila en una corte federal en el Distrito Este de Nueva York. Los fiscales generales que demandaron la decisión del presidente precisan que la cancelación de DACA causaría daño a miles de residentes, provocaría pérdidas a universidades, alteraría lugares de trabajo y perturbaría los intereses legales y reglamentarios de los Estados.
Además de Washington DC, los estados demandantes son: Carolina del Norte, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Iowa, Massachusetts, Nueva York, Nuevo México, Oregon, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington.
Demanda de la Universidad de California
La segunda demanda fue presentada el 9 de septiembre por la Universidad de California (UC).
La UC argumenta que la cancelación de DACA “viola los derechos de manera inconstitucional de la institución educativa y de sus estudiantes”, y que con la eliminación del programa los dreamers se arriesgan a la deportación de Estados Unidos, el único lugar al que han llamado “hogar” por culpa de “nada más que un capricho ejecutivo sin razonar”.
La presidenta de la Universidad de California, Janet Napolitano, exsecretaria del DHS durante el gobierno de Obama y quien anunció DACA en junio del 2012, dijo que la demanda de la UC va dirigida contra el DHS y su actual secretaria interina, Elaine Duke. “Ni yo ni la UC nos tomamos a la ligera el proceso de denunciar al gobierno federal, especialmente a la agencia que lideré”, dijo.
"Es imperativo, sin embargo, que nos levantemos por estos vitales de la comunidad de UC. Ellos representan lo mejor de lo que somos: trabajadores, resistentes y motivados triunfadores", añadió.
Napolitano aseguró que terminar DACA "de manera arbitraria y caprichosa" no solo es "ilegal" sino que es "contrario" a los valores nacionales de EEUU.
Demanda de los cuatro estados
El 11 de septiembre el Procurador General de California, Xavier Becerra, junto con los fiscales generales de Maine, Maryland y Minnesota, demandaron al gobierno de Trump por su decisión de cancelar DACA.
La querella fue presentada en el tribunal del Distrito Norte de California bajo el argumento que cuando se rescindió el programa, Trump violó la Constitución y leyes federales.
“La iniciativa de la DACA ha permitido a unos 800,000 soñadores salir de las sombras y convertirse en estadounidenses exitosos y productivos”, dijo Becerra. “Uno de cada cuatro de esos DACA conoce a California como hogar, y no es casualidad que nuestro gran estado sea la sexta economía más grande del mundo“.
“No permitiremos que Trump destruya las vidas de los jóvenes inmigrantes que hacen que California y nuestro país sean más fuertes”, agregó.
En la demanda, los cuatro estados describen las violaciones por parte del gobierno de Trump a la Constitución y leyes federales diseñadas, precisan, “para asegurar que nuestro gobierno trate a todos de manera justa y transparente”.
Expresaron además temor de que el gobierno comparta la información que recabó de los dreamers con fines de inmigración para deportarlos del país. Y alegaron que el gobierno federal violó la Ley de Procedimiento istrativo y la Ley de Flexibilidad Regulatoria, porque no anunció la decisión previamente al público en el Registro Federal, ni tampoco pidió comentario público antes de anunciar la cancelación de DACA.
Demanda de la NAA
El 18 de septiembre la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color (NAA) se unió a la demanda de los 15 estados y Washington DC, y argumentó que el gobierno de Trump "negó ilegalmente su promesa de proteger a inmigrantes indocumentados de color viviendo en los Estados Unidos".
“Tenemos gente aquí que fue sacada de las sombras basado en promesas del gobierno”, dijo Gary Bledsoe, presidente del NAA Texas. "Se arriesgaron a proporcionar información personal al gobierno".
Bledsoe agregó que la NCCAP quiere asegurar que cualquier decisión judicial tenga un alcance nacional, en lugar de sólo proteger a los estados demandantes de DACA.
La organización de derechos civiles estima que el 95% de los cerca de 800,000 beneficiarios de DACA son personas de color.
La NAA también argumenta que cancelar DACA violaría la Cláusula de Debido Proceso de la 5ta Enmienda de la Constitución.
Demanda de los seis dreamers
El mismo día que la NAA se supó a la demanda de los 15 estados y DC, un grupo de seis dreamers se querelló en California contra el gobierno de Trump por su decisión de eliminar DACA.
La demanda fue presentada en la Corte Federal de San Francisco y argumenta lo mismo que las otras cuatro querellas: que el gobierno de Trump no siguió los procedimientos istrativos adecuados para rescindir el programa.
"La decisión de poner fin al programa es una promesa incumplida y una violación sin precedentes de los derechos constitucionales de los demandantes y otros jóvenes que confiaron en el gobierno federal para cumplir esa promesa", se lee en la querella.
Los demandantes también señalan que la cancelación de DACA fue una medida “arbitraria”, además de “cruel”, y se basa en “prejuicios inconstitucionales contra mexicanos y latinos”.
Cuando el gobierno de Trump canceló DACA anunció que aquellos permisos de trabajo que vencen entre el 5 de septiembre y el 5 de marzo de 2018, tienen plazo hasta el 5 se octubre de 2017 para solicitar una renovación por otros dos años.
A su vez, el Congreso debate al menos cuatro iniciativas de ley para legalizar la permanencia de los casi 800,000 dreamers protegidos por DACA de manera permanente.
