Trump reclama para su personal el mismo 'debido proceso' que su gobierno no aplica a los inmigrantes
Un tuit publicado el sábado por Donald Trump recordó una antigua y sabia enseñanza: ‘Hago con los demás todo lo que quiero que hagan conmigo’. Pero esta vez el presidente no lo dijo con afán de aconsejar a sus gobernados. El mensaje colgado en la red social mostró todo lo contrario: reflejó que a él no le gusta recibir lo que pide le hagan a otros, a los inmigrantes.
El tuit fue publicado tras denuncias la semana pasada a Rob Porter, un secretario presidencial de la Casa Blanca, y David Sorensen, un redactor de discursos. Ambos recibieron acusaciones de abuso doméstico.
"Vidas están siendo destrozadas y destruidas por una mera acusación", escribió Trump. Y agregó: "Algunas son verdaderas y algunas son falsas. Algunas son viejas y algunas son nuevas. No hay recuperación para alguien acusado falsamente -la vida y la carrera se pierden. ¿Ya no existe algo así como el Debido Proceso?".
Fue precisamente la citación del ‘debido proceso’ lo que hizo saltar alarmas en la comunidad inmigrante. “Los tribunales han decidido, en muchos casos de inmigración este año -DACA, Travel Ban, deportación abrupta de personas de Somalia e Indonesia, el caso del activista Ravi Ragbir, entre otros- que Trump y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no respetan el derecho al debido proceso, ni la ley de migración”, indica Bárbara Hines, profesora retirada de la Clínica de Leyes de la Escuela de Leyes de la Universidad de Texas.
El asesor de Kelly
A Porter, quien renunció como uno de los principales asesores de John Kelly, jefe de gabinete de la Casa Blanca, lo acusaron de abuso sus dos exesposas, incluyendo incidentes de violencia física. El exfuncionario ha negado las imputaciones y las tilda de “escandalosas” y “falsas”.
Antes de su salida de la Casa Blanca, Trump resaltó el trabajo hecho por Porter, pero no hizo una mención alguna a las supuestas víctimas y solo se centró en la inocencia del ahora exasesor.
El tuit también inquieta a otros abogados y profesores universitarios, porque Trump pide respetar el debido proceso de su personal, pero en la práctica lleva más de dos años arremetiendo en contra de millones de extranjeros, con y sin papeles, para implementar su dura política migratoria y quitarles derechos garantizados por la Constitución.
La última embestida fue a finales de enero, cuando la Casa Blanca dio a conocer una lista de principios para una reforma migratoria. El mandatario pidió como condición para promulgar una ley, lo siguiente:
- Darle poderes extraordinarios a los agentes del DHS para deportar a inmigrantes sin que sean presentados ante un juez.
- Impedir que los extranjeros que entran con visa y se queden por más tiempo del permitido, sean presentados ante un juez de inmigración antes de ser deportados.
- Impedir que un inmigrante detenido sea puesto en libertad de acuerdo con lo que dispone el sistema migratorio vigente.
- Criminalizar a los indocumentados. Culparlos a todos de asesinos, violadores, traficantes de drogas, pandilleros, terroristas, entre otros señalamientos.
- Deportaciones expeditas para todo inmigrante indocumentado arrestado por agentes federales de inmigración.
- Negar a los niños de la frontera que llegan en busca de asilo la oportunidad de ver a un juez de inmigración.
- Acelerar los casos de asilo y acortar el tiempo que necesitan los peticionarios para reunir pruebas y evidencias exigidas por ley.
Derecho para todos
La profesora Hines recuerda que “toda persona en Estados Unidos tiene el derecho al debido proceso”. Y reitera que este derecho asiste tanto a inmigrantes legales (residentes temporales y permanentes) como indocumentados.
“Sin embargo, la cuestión legal es cuál y cuánto debido proceso” le aplica a una persona. “Trump no puede negarles ese derecho, por mas que quiera. El presidente no tiene derecho absolutamente a modificar la Constitución, una jurisprudencia arraigada en el derecho estadounidense”, subraya.
La abogada, que ha defendido decenas de casos de niños indocumentados que llegaron a la frontera en busca de asilo en Estados Unidos tras huir de sus países en Centroamérica a causa de la violencia y la pobreza, advierte que “todos los derechos constitucionales están en peligro” con la actual istración, “y entre ellos el derecho del debido proceso de los inmigrantes”.
Palabras negativas
Para otros, además de los peligros que conlleva la política migratoria de Trump, “están las palabras utilizadas por el presidente para describir a las personas”, comenta Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas. “El poder que tiene el presidente hace que cualquier palabra o descripción de personas, de un grupo étnico en particular, se multiplique ya sea positiva o negativamente”.
La alarma surge debido a que, en gran medida, ley de inmigración se basa principalmente en el uso de la discrecionalidad del agente federal que la implementa. Y los abogados argumentan que la manera en que el presidente se ha referido a los inmigrantes desde que lanzó su campaña, a mediados de 2015, ha afectado el trato que se está brindando a los extranjeros en general.
“Un inmigrante indocumentado tiene los mismos derechos constitucionales que cualquier individuo que pise territorio estadounidense”, precisa Barrón. “Y no por ser indocumentado indica o refiere que tiene menos derechos. Uno de ellos, es no firmar su salida voluntaria y pedir ver a un juez inmigración para defenderse, y tener la posibilidad de poder legalizar su permanencia en Estados Unidos”.
Barrón explica que “en pocos casos se cede ese derecho (a ser presentado ante un juez de inmigración), por ejemplo un ciudadano de uno de los países que participan en el Programa de Visa Waiver que ingresar al país sin visa”.
“Por contrato, estas personas, al entrar a Estados Unidos, ceden su derecho de ver un juez. Pueden permanecer hasta un máximo de 90 días y después deben irse”, agrega.
En la lista del Programa sólo aparece un país latinoamericano, Chile. A principios de la década del 2000 participaron Argentina y Uruguay, pero ambos fueron retirados por abusos cometidos por quienes entraron al país y se quedaron más allá del plazo permitido por las autoridades de inmigración.
“Otro grupo de personas que no les asiste el derecho de ser presentados ante un juez son aquellos quienes ya tuvieron la oportunidad, perdieron sus casos y un juez emitió una orden de deportación, que es parecido a tener una orden de arresto”, dijo.
Respecto al tuit del sábado, donde Trump clama por el debido proceso para un exasesor de la Casa Blanca, pero al mismo tiempo ha tratado de quitárselo a millones de extranjeros, Barrón citó un viejo refrán mexicano: “Se está comiendo una sopa de su propio chocolate”.
La 5ta Enmienda
El derecho al debido proceso migratorio y la presentación ante un juez de inmigración es un derecho protegido por la Constitución, dice Lilia Velásquez, profesora adjunta de la Facultad de Leyes de la Universidad de California en San Diego.
“La 5ta Enmienda es muy clara”, apunta. “Toda persona, no excluye a personas sin documentos, tiene derecho al debido proceso, lo que significa que tiene derecho a defenderse tanto en casos penales como civiles”.
“Lamentablemente”, añade, “el presidente Trump ataca indebidamente a los migrantes y los clasifica como criminales. Es de conocimiento general que él usa un doble estándar y declara que el debido proceso debe aplicarse en las personas allegadas a él, y no a otros, específicamente a indocumentados”.
A pesar de las arremetidas del mandatario y la presión que lleva a cabo a través de su cuenta en la red social Twitter, Velásquez augura que “los tribunales de justicia seguirán exigiendo que se respete el debido proceso”, y que “no importa las opiniones que haga Trump”.
“Esa es la maravilla de tener separación de poderes”, anota. “El ejecutivo no manda al judicial. La Constitución sólo puede ser enmendada por el congreso. Por lo tanto, el debido proceso seguirá protegiendo a toda persona, sin importar su estatus migratorio”.
Uso extremo
Para otros abogados, como Ezequiel Hernández, quien ejerce en Phoenix, Arizona y colabora frecuentemente con la redacción de Univision Noticias, Trump quizás “no esté violando el proceso de deportación, sino no lo está llevando a un extremo, con una actitud diferente y con un propósito distinto”.
Agrega que el actual gobierno no lo implementa “para resolver el tema de la inmigración indocumentada, sino para erradicarla por medio de la deportación”, una estrategia que pone en duda el respeto al debido proceso.
“Es la misma lógica o estrategia contenida en SB 1070 de Arizona”, dice Hernández, una ley aprobada en 2010 cuyo objetivo era precisamente acabar con la inmigración ilegal en ese estado fronterizo con México y que la Corte Suprema eliminó la mayoría de sus partes más polémicas al declararla inconstitucional, ecepto aquella que permite a las policías locales pedir papeles migratorios si el individuo fue detenido bajo cualquier otra ley vigente en el estado.
Hernández agrega que, ocho años después de aquella legislación, ahora en el país prevalece el mismo sentimiento de temor, pero esta vez a nivel nacional. “Sobre todo después de un gobierno como el de (Barack) Obama, donde la discreción procesal fue una buena herramienta. Ahora en la era de Trump, esa herramienta tiene doble filo”, recalcó.
Marco jurídico e histórico
El derecho constitucional de un indocumentado a ser presentado ante un juez fue “ratificado por la Corte Suprema de Justicia en el fallo del caso Zadvydas versus Davis, 533 U.S. 678 (2001)”, explicó la abogada de inmigración Rebeca Sánchez-Roig, quien fungió durante 15 años como fiscal de inmigración. “El máximo tribunal dictaminó que, una vez que un extranjero entra en el país, la circunstancia legal cambia, porque la cláusula del debido proceso se aplica a todas las personas dentro de Estados Unidos".
Sánchez agregó que “los derechos legales de los inmigrantes indocumentados están fundamentados en la cláusula de igualdad de protección de la 14 Enmienda de la Constitución, que garantiza explícitamente la igualdad de protección de la ley a cualquier persona que viva dentro la jurisdicción de EEUU. No obstante, señala, aquellos inmigrantes que no son ciudadanos americanos no tienen ciertos derechos, por ejemplo, no tienen el derecho del voto en ninguna elección sea estatal o federal”.
Consultada respecto a si el presidente puede coartar, eliminar o restringir estos derechos, explicó que en 1950 la Corte Suprema dictó que "la exclusión de los extranjeros es un acto fundamental de soberanía… inherente al poder ejecutivo (caso Knauff versus Shaughnessy, 338 U.S. 537), y en 1952 el Congreso legisló una disposición indicando que el presidente “podía, mediante la proclamación y por el período que estime necesario, suspender la entrada de todos los extranjeros y cualquier clase de extranjeros como inmigrantes o no inmigrantes, siempre y cuando estime que esos extranjeros perjudicarán los intereses de Estados Unidos”.
“Por lo tanto, el presidente disfruta poder ejecutivo sobre la inmigración”, advierte. Pero señala que, “aunque el presidente posee este completo control para negarle la entrada a extranjeros a Estados Unidos, como hemos visto, las cortes federales han servido como control significativo y necesario sobre el mal uso del presidente de este poder, y su intención de negarle la entrada a un gran número de inmigrantes o extranjeros bajo el disfraz de que estos individuos son un peligro para la seguridad nacional”.
Sánchez también indica que “Trump piensa que está por encima de la ley. Se equivoca. Él parece ser ignorante de la historia que ha demostrado que ningún hombre, incluyendo un Presidente, está por encima de la ley en Estados Unidos. Los derechos garantizados a toda persona por la Constitución son supremos al gobierno de un hombre”.
“La política del presidente está dando lugar a desafíos legales y constitucionales. Pero podemos tener la certeza de que se luchará contra eso en los tribunales, en el Congreso y públicamente para preservar los derechos garantizados a todas las personas por la Constitución. Eso, incluye a los indocumentados”, concluyó.
