Excongresista bajo investigación federal por supuesta corrupción con el régimen de Maduro, según fuentes
El excongresista republicano de Miami David Rivera está bajo investigación federal por posible violación de leyes relacionadas con la corrupción de funcionarios extranjeros y por no registrarse como agente del régimen venezolano, de acuerdo con cuatro fuentes familiarizadas con el caso que hablaron con Univisión Noticias.
La investigación a cargo del FBI y fiscales de Miami, comenzó en 2017 y continua, de acuerdo con las fuentes, aunque dos de ellas expresaron preocupación por su lento progreso.
Las fuentes consultadas por Univisión Noticias y que pidieron no ser identificadas para no afectar la investigación, explicaron que el FBI ha interrogado a varios testigos acerca de transacciones bancarias de Rivera y que los fiscales tienen en su poder mensajes de texto potencialmente incriminatorios.
Rivera es investigado por supuestos pagos no justificados a funcionarios o ciudadanos de otro país y por no registrarse como agente extranjero mientras realizaba actividades en beneficio del gobierno de Nicolás Maduro, dijeron las fuentes.
La Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA, por sus siglas en inglés) considera esta omisión una violación criminal. La ley estipula que una persona que reciba pagos de un gobierno extranjero por relaciones públicas o consultoría política debe registrar su actividad ante el Departamento de Justicia.
La semana pasada Univisión Noticias reveló que una firma de consultoría de Rivera en Miami no aparece en esos registros de agentes extranjeros, pese a que firmó un acuerdo de 50 millones de dólares en 2017 con PDV USA, una filial de la petrolera estatal venezolana PDVSA, controlada en ese momento por el régimen de Maduro. Rivera debia mejorar la imagen de la compañía ante el gobierno de Estados Unidos.
Rivera, de 54 años, ha sobrevivido al menos cuatro investigaciones previas que impactaron su carrera política, pero ninguna con ramificaciones internacionales tan potenciales como esta.
Demanda en Nueva York
La firma de Rivera, Interamerican Consulting Inc, fue demandada en una corte de Nueva York por incumplimiento del contrato. La demanda fue presentada por la nueva istración de la filial PDVSA, ahora bajo el control del gobierno de Juan Guaidó, el presidente legítimamente reconocido por el gobierno de Estados Unidos.
PDV USA, suspendió los pagos por el incumplimiento por parte de la firma del ex congresistas, que recibió 15 millones de dólares entre marzo y junio de 2017, según alega la demanda.
Rivera negó las versiones sobre una investigación en su contra y su abogado Roy Kahn dijo que no estaba al tanto de ninguna investigación federal.
“ Fake news. Otra cacería de brujas al igual que Trump y Rusia", escribió el ex congresista al ser consultado sobre esas alegaciones.
¿Influencia polí
tica?
De acuerdo con una de las fuentes que ha seguido la investigación de cerca, el fiscal federal en Miami que venía adelantándola tuvo que entregársela a su superior en noviembre. La fuente expresó su preocupación de que la pesquisa haya sido detenida por temores a las consecuencias políticas que tendría presentar alegatos a un aliado cercano del influyente senador republicano Marco Rubio.
Ambos políticos han sido amigos cercanos desde que compartían una casa siendo congresistas estatales en Tallahassee, la capital de estado de Florida .
A un cuestionario en el que Univisión Noticias preguntó a Rubio si la fiscalía de Miami lo había ado en relación con la investigación contra Rivera o si el había indagado sobre la misma, el senador respondió:
“ Estoy seguro que si las autoridades federales tienen una razón para creer que las leyes en esta materia han sido violadas, ellos aplicaránan la justicia’’.
La semana pasada Rubio dijo que no estaba al tanto del contrato de Rivera hasta que se publicó en los medios.
“Si los hechos son como han sido reportados, sería una noticia profundamente decepcionante’’ dijo Rubio quien ha sido nombrado como jefe encargado de la Comisión de Inteligencia del Senado.
Una vocera de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de la Florida, le dijo Univisión Noticias que no puede comentar debido a las políticas del departamento.
“No puedo confirmar ni negar que estamos investigando la personas o circunstancias que usted describe’’, dijo la portavoz.
El FBI se negó a comentar también.“En una petición como esta, nosotros no confirmaríamos ni negaríamos la existencia de una investigación’’, dijo el vocero.
Pagos fraccionados
Una de las fuentes que se enteró de los seguimientos a Rivera dice que fiscales en Miami detectaron que el ex congresista hizo numerosos depósitos en bancos del sur de la Florida en 2017. Los depósitos eran en cantidades menores a 10,000 de dólares para evitar que fuesen reportados a las autoridades financieras como lo requieren las leyes para prevenir el lavado de dinero en los bancos.
En medio de la investigación, agregó la fuente, hubo un incidente en el que supuestamente Rivera chocó el automóvil de un agente del FBI que lo seguía. Univisión no encontró el reporte de policía del incidente.
Rivera negó que hubiera ocurrido, y calificó la versión como “cómica’’.
Pero su abogado Roy Kahn le dijo a Univisión Noticias que recordaba un incidente relacionado con un vehículo de alguna fuerza del orden, pero dijo que no resultó en cargos.
Rivera senala a opositores
Cuando el contrato de la firma de Rivera en Miami Interamerican Consulting fue firmado, el 21 de marzo de 2017, el presidente Donald Trump llevaba en la Casa Blanca solo dos meses. Pero Maduro ya tenía buenas razones para estar preocupado por la relaciones con Estados Unidos bajo la nueva istración.
Solo un mes después de asumir la presidencia, Trump anunció grandes cambios en la política hacia Venezuela. El anuncio ocurrió después de un inesperado encuentro en la Oficina Oval con Lilian Tintori, la esposa del más prominente prisionero político de Venezuela, Leopoldo López, y el senador Rubio.
De acuerdo con Rivera, López y su esposa se beneficiaron con fondos del contrato. Parte de ellos, señaló Rivera, para sacar a López de la cárcel. López fue trasladado de una prisión militar a arresto domiciliario en julio de 2017.
Un portavoz de la familia López-Tintori negó la versión de Rivera.
“Una vez más ratificamos de manera categórica que son absolutamente absurdas y falsas las declaraciones del señor Rivera”, dijo.
“Es absurdo que se quiera relacionar a Leopoldo López con un contrato firmado con los representantes del régimen de Maduro, justo en el momento cuando ese mismo régimen lo tenía aislado y torturado en una prisión militar por pensar distinto, algo que le valió el título de Preso de Conciencia, dado por Amnistía Internacional”.
Rivera dijo que fue Tintori quien lo presentó a PDV USA y lo ayudó a asegurar el contrato. López y Tintori sabían de "toda la operación", dijo.
“Dile a Leopoldo que le pregunte a su esposa Lilian quién le pagó los gastos de vivir de ella y sus niños en el 2017, y quién la ayudó a sacarlo de la prisión en julio del 2017’’, escribió Rivera. “Si Lilian no se recuerda, yo le puedo mandar a Leopoldo todos los textos de Lilian hablando de estos temas”, agregó.
Raúl Gorrín
Una de las fuentes familiarizadas con la investigación dijo que los fiscales indagan si hubo funcionarios venezolanos que recibieron dinero de Rivera. La fuente indicó que la persona que dio órdenes perentorias para que se hiciera el contrato de 50 millones de dólares con la firma de Rivera fue la vicepresidenta Delcy Rodríguez bajo recomendación de Raúl Gorrín, un magnate de los medios cercano al gobierno de Maduro.
Rivera dijo que conoció a Gorrín en febrero de 2017 durante una reunión con Tintori, pero agregó que Gorrín no estaba involucrado en el contrato de consultoría. En esa época, Gorrín visitaba con frecuencia Miami donde tenía una mansión y un yate en la exclusiva zona de Cocoplum.
En 2018 Estados Unidos confiscó sus propiedades, luego de que el Departamento del Tesoro lo puso en una lista de sancionados.
En agosto la fiscalía federal del sur de la Florida reveló un encausamiento en su contra por lavado de dinero y pago de sobornos a funcionarios venezolanos a cambio de que le permitieran realizar operaciones cambiarias ilegales.
La acusación cubre actuaciones de Gorrín desde 2008 hasta 2017. Su nombre fue puesto en la lista de los más buscados del Departamento del Seguridad Nacional por delitos financieros.
No fue posible ar a Gorrín. Univisión Noticias envió dos mensajes e hizo varias llamadas a Jorge Rodríguez, exvicepresidente de Venezuela para obtener comunicación con su hermana Delcy, actual vicepresidenta, para que explicara su papel en la orden del contrato con Rivera, pero no respondió.
Explicaciones “desconcertantes’’
El excongresista Rivera ha sorprendido a varios con las explicaciones que ha dado sobre el destino del dinero. En una conversación por mensajes de texto con Univisión Noticias, reconoció que su compañía firmó el contrato.
Sin embargo aclaró que no se asoció con congresistas ni trató de influenciar a ningún funcionario. Siguiendo instrucciones de ejecutivos disidentes de Citgo en Estados Unidos, dijo que todo el dinero que recibió fue “transferido’’ para ser utilizado "a la dirección de la oposición Venezolana", como si se tratara de una operación para burlar el régimen de Maduro.
Dijo que todo lo que hizo estaba bajo el conocimiento de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Rivera indicó que tiene documentos y fotos que van a mostrar que está contado la verdad acerca del apoyo financiero a la oposición, pero que no está preparado para compartirlo con Univision Noticias actualmente.
También aseguró que no violó la ley de agentes extranjeros por cuanto PDV USA es una compañía registrada en Estados Unidos.
“No estoy seguro que [esa explicación] pueda resistir un escrutinio judicial’’, dijo David Weinstein, un ex fiscal federal que está en práctica privada.
Weinstein señaló que PDV USA era subsidiaria de PDVSA, controlada por el gobierno de Venezuela. La junta directiva de PDVSA estaba compuesta por algunos de los más leales a Maduro, incluyendo a Asdrubal Chávez, un primo del fallecido presidente Hugo Chávez.
"No nos informó
"
Dos exfuncionarios de Estados Unidos a cargo de la política hacia Venezuela en esa época, dijeron que están desconcertados con los argumentos de Rivera de que el gobierno de Estados Unidos estaba al tanto de los envíos de dinero a la oposición.
“Ese no es el caso para nada. Nunca fui informado sobre esto y nunca habría respaldado este tipo de cosas’’, dijo Fernando Cutz, ex director senior para Sur América del Concejo Nacional de Seguridad (NSC) en 2017. “No hay nadie más que pueda negar o confirmar esto mejor que yo’’, agregó.
Juan Cruz, quien estuvo a cargo de las políticas hacia América Latina en el NSC de abril 2017 a agosto de 2018, está de acuerdo con Cutz. “ Nunca escuchamos de Rivera y Rivera no nos informó’’, dijo.
“Derrocar a Maduro’’
Otros fondos, de acuerdo con Rivera, fueron usados para financiar actividades contra el régimen venezolano, incluyendo las protestas del verano de 2017 para “derrocar a Maduro".
Para esa época, Venezuela se sumergía cada vez más en una batalla por el control del Congreso. Las fuerzas de oposición y del gobierno se lanzaron a las calles, lo que dió origen a varias semanas intensas de protestas violentas que dejaron un saldo de 150 muertos.
Rivera aservera que los fondos de la subsidiaria fueron aprobados por ejecutivos de Citgo disidentes del gobierno de Maduro, algunos de los cuales fueron arrestados después en Venezuela.
Al momento del arresto el gobierno de Venezuela dijo que estos funcionarios, conocidos como los 'Citgo 6' afrontaban cargos de malversación de fondos para refinanciar unos 4 mil millones de dólares en bonos de Citgo. El gobierno de Venezuela, que ha mantenido silencio sobre el escándalo de Rivera, no explicó si los detenidos estaban relacionados con la supuesta desviación de dinero para la oposición.
Los familiares de los Citgo 6 negaron rotundamente que los detenidos tuvieran algo que ver con Rivera o la oposición venezolana.
“ Los Citgo 6 no estaban involucrados en política. Ellos son gerentes, trabajaban en refinerías’’, dijo Alirio Rafael Zambrano, hermano menor de uno de los detenidos.
Algunas personas que podrían haber participado en el trámite del contrato están muertos o en la cárcel en Venezuela, incluyendo el exministro de Petróleos, Nelson Martínez quien murió en diciembre de 2018 de una falla renal, según se reportó. El ex presidente de Citgo, José Pereira, es uno de los Citgo 6, arrestados en noviembre de 2017.
Auditoria
La demanda a Rivera se produjo como consecuencia de la decisión de Trump, junto con otros países, de desconocer el gobierno Maduro y legitimar a Guaidó.
A raíz de esta decisión, Guaidó cambió la junta directiva de de PDV Holdings, un subsidiaria de PDVSA en Estados Unidos, y dueña de Citgo Petroleum, la operadora de tres grandes refinerías en Estados Unidos así como de una cadena independiente de 5,500 estaciones de gasolina en 28 estados.
Los registros financieros de Citgo relacionados con el contrato de Rivera también se entregaron al Departamento de Justicia como parte de una investigación sobre corrupción mucho más grande en los niveles más altos de PDVSA, según una fuente familiarizada con esa investigación.
Al quedar bajo control de funcionarios de Guaidó, un auditor descubrió el contrato con Rivera, según la fuente.
La carta de Menéndez
Rivera, un político cubanoamericano que estuvo en el Congresos entre 2011 y 2013, ha visto derrumbarse su carrera política después de una serie de escándalos por alegatos de fraude electoral y violaciones de ética.
Rivera fue vinculado a una investigación criminal federal por fraude electoral en 2012. Dos personas se declararon culpables y cumplieron condenas, y aunque Rivera fue nombrado como co-conspirador, nunca afrontó cargos. Se postuló a la Cámara de Representantes de la Florida en 2016, pero perdió y desde entonces estaba fuera del escenario público.
La demanda contra Rivera causó conmoción en Miami, donde el excongresista ha sido un ferviente crítico del comunismo y del régimen socialista de Maduro. En 2011, Rivera lideró una campaña para declarar persona non grata a la cónsul de Venezuela en Miami, luego de que Univisión Investiga la mostró hablando de un presunto ataque cibernético a edificios federales de Estados Unidos cuando desempeñaba un cargo diplomático en México.
Tanto amigos como enemigos no podían entender cómo Rivera había resultado involucrado con un régimen al que Estados Unidos acusa de una masiva corrupción política y financiera así como de narcoterrorismo.
El senador de Estados Unidos Bob Menéndez, de New Jersey, ha pedido al Departamento de Justicia que determine si Rivera se registró como agente de un gobierno extranjero cuando su compañía de consultoría firmó el acuerdo con el régimen de Maduro.
"Si usted toma seriamente al gobierno de Estados Unidos en nuestros esfuerzos por defender y proteger la gente de Venezuela de la tiranía del régimen de Maduro, lo último que debemos tolerar es que un ex miembro del Congreso potencialmente viole las leyes de Estados Unidos mientras hace un trabajo sucio para el régimen en Estados Unidos’’, dijo Menéndez.