Reforma migratoria, historia de un sueño detenido en el Congreso de Estados Unidos
Estados Unidos es una nación de inmigrantes. En el país viven unos 326 millones de personas, y de ellas poco más de 55 millones son latinos o hispanos, el 17% de la población y 37 millones hablan español según datos del Centro de Estudios Pew. Pero 11 millones son indocumentados, no tienen papeles, “ilegales” según algunos que los consideran y tratan como ciudadanos de segunda categoría.
En septiembre de 2001 y tras varias conversaciones entre los presidentes George W. Bush (2001-2009) y Vicente Fox (2000-2006), de México, ambos gobiernos impulsaban un plan de reforma migratoria que iba a legalizar a unos 3 millones de inmigrantes trabajadores principalmente mexicanos, pero el plan se vino abajo por los atentados terroristas de ese año en Nueva York, Washington y Pensilvania, donde murieron casi 3,000 personas.
A partir de entonces se desató un clima de miedos y enojos que permitió colocar a los indocumentados en el centro de todo tipo de ataques y acusaciones, desde achacarles la responsabilidad por la aparición de enfermedades hasta haber causado la crisis financiera que en el 2008 hizo tambalear la economía mundial.
Clima de odios
Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos se desató una ola antiinmigrante que ha causado daños irreversibles en la comunidad latina. Y una de sus principales huellas son las redadas de inmigración. Tres de ellas dejaron un recuerdo imborrable.
Dos fueron ejecutadas en 2006, en Greeley, Colorado, y Grand Island, Nebraska. La tercera fue en marzo del 2007, en New Bedford, Massachusetts. Y todas tuvieron un mismo patrón: participaron cientos de agentes federales, policías estatales y municipales, patrullas, automóviles de color negro, helicópteros, armas de todo calibre, autobuses, camiones, gritos, órdenes y el factor sorpresa.
Las cifras hablan por si mismas. En los primeros cinco años de la istración Bush (2001-2005) fueron deportados 607,412 indocumentados y de ellos el 31.1% no tenía antecedentes criminales, solo faltas de carácter istrativo. El porcentaje se elevó en el 2008 al 69% y en los años sucesivos se mantuvo, hasta llegar al 41% en el 2015, siendo que la estadía sin papeles es una falta de carácter civil no criminal.
“Muchos de nuestros líderes creen seriamente que el asunto (de los inmigrantes indocumentados) puede ser resuelto de la mejor manera haciendo redadas y expulsando a todo aquel que se encuentre viviendo entre nosotros sin los documentos legales debidos”, dice el Arzobispo de Los Angeles, monseñor José Gómez en su libro ‘Inmigración y el Futuro de los Estados Unidos de América’. “Esto sería una pesadilla para los derechos humanos, que implicaría la repatriación forzada de una población aproximadamente del tamaño de Ohio, el séptimo estado más grande del país”.
Daños colaterales
Las redadas de 2006 y 2007 atizaron el miedo entre los 12 millones de indocumentados que vieron cómo se esfumaba la posibilidad de regularizar sus permanencias, y quedaron expuestos a un fantasma que no perdona, no escucha, no se compadece y no titubea.
Las operaciones de Colorado y Nebraska impactaron en plantas procesadoras de carne de Swift &Co. La de Massachusetts, en cambio, golpeó la compañía fabricante de implementos militares Michael Bianco, Inc., que confeccionaba chalecos antibala que usaban los militares que combatían en las guerras de Afganistán e Irak.
Cientos de trabajadores fueron arrestados. Las gerencias de las compañías cerraron las instalaciones y convocaron a los trabajadores a reunirse en un punto donde los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) los separaron por grupos (nacionalidad) y a todos se les pidió documentación.
Sonido de cadenas
Una testigo de la redada de Massachusetts recuerda lo que sucedió inmediatamente después de los arrestos. "A muchos nos enviaron a Puerto Isabel, Texas", dijo la Señora "Q", una inmigrante de origen guatemalteco que pidió mantener su nombre en reserva. "Estuve nueve días en esa cárcel hasta que me liberaron porque tenía a mi cargo una niña de 17 años que dependía de mi".
Agregó que aquel miércoles 7 de marzo "nos sacaron al patio a las 9 AM. Yo sólo miraba hacia delante, no veía lo que estaba sucediendo atrás mío. Sólo sentía el sonido de las cadenas. De pronto una mujer comenzó a gritar. Decía que tenía una niña de nueve meses y que no podía dejarla sola. Sus gritos no se me olvidan".
"Cuando llegó mi hora me pusieron las esposas. Hasta ese instante no me había dado cuenta que yo también estaba ahí. Me pusieron los grilletes, primero en los pies, y me resquebrajé. Me hicieron sentir como una delincuente. Ahí me vine abajo. Empecé a llorar. Le dije al guardia que no me las apretara mucho porque me dolían los tobillos. Traté de subirme el cierre de mi pantalón y no pude. Fue tremendo, muy triste", relató.
Cambio de estrategia
Las redadas de aquellos años no se olvidan, y no terminan. Pero no se llevan a cabo con gigantescos despliegues como los registrados hace nueve años; ahora son digitales, electrónicas. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) construyó a partir de 2003 una gigantesca base de datos que interconectó con otras agencias federales, herramienta que facilita la búsqueda de indocumentados en cualquier parte del país, su arresto y deportación de Estados Unidos.
Entre 2009 y el 31 de agosto del 2015, de acuerdo con cifras oficiales publicadas por el DHS en su página digital, el gobierno de Obama acumulaba 2,488.302 deportados. En el año fiscal 2015 la cifra alcanzó los 235,413 indocumentados expulsados (cifra inferior en un 42% a la registrada en 2014 cuando fueron expulsados 315,943), equivalente a 644 deportados diarios, 26 cada hora, casi dos por minuto.
ICE reconoció a Univision Noticias que el 41% de los deportados en el 2015 (96,045) no tenía antecedentes criminales, dato que no comparten las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes. “Nosotros pensamos que entre seis a siete por cada 10 deportados no representaba una amenaza para la seguridad de la nación”, dice Juan José Gutiérrez, presidente del Movimiento Latino USA de Los Angeles, California.
Historia de llantos
El clima antiinmigrante que se desató tras los atentados del 11-S ha permitido el avance de un equivocado discurso que “trata de justificar lo que no puede ser justificado”, sostiene el Arzobispo Gómez. Y precisa que la política que algunos blanden le está haciendo la vida tan atemorizante y severa para los que están aquí indocumentados, que muchos “quieren abandonar el país voluntariamente” porque piensan que no tienen derechos, que las oportunidades se acabaron y los sueños se convirtieron en pesadilla.
Tampoco quieren seguir esperando una oportunidad porque creen que el tiempo de la reforma migratoria se acabó a pesar que la mayoría de los estadounidenses, el 72% de acuerdo con una encuesta del centro Pew divulgada el 4 de enero, apoya una reforma migratoria que le permita a los indocumentados vivir legalmente en el país.
A pesar de los resultados de la muestra, el Congreso no discute el tema y el gobierno sigue ejecutando su política de deportaciones.
Desde finales de 2005 ha habido intentos por revivir las discusiones en ambas cámaras del legislativo pero los esfuerzos han sido infructuosos. El ultimo debate se llevó a cabo el 27 de junio de 2013, cuando el Senado con 68 votos a favor y 32 en contra, aprobó el proyecto de reforma migratoria S. 744 que incluyó un camino a la ciudadanía para millones de indocumentados que llevan tiempo en el país y carecen de antecedentes criminales.
El proyecto fue frenado por el liderazgo republicano.
Notas relacionadas:
- Cronología de la reforma migratoria, un golpe a la esperanza de los indocumentados
- La Ley de Identificación Verdadera o Real ID Act
- La primera guerra de planes de reforma migratoria
- Marchas por la reforma migratoria, protesta que se desinfló por falta de acuerdo bipartidista
- El "Plan B" de la reforma migratoria
- Los niños de la frontera, la otra crisis migratoria de Estados Unidos
