“Cuando se calla a un periodista, a todos nos callan”

Este martes 16 de mayo la comunidad periodística ha levantado su voz en todo México para protestar por el asesinato del periodista Javier Valdez, ocurrido un día antes. Valdez es el sexto periodista asesinado en lo que va de este año en México. Era fundador del semanario RíoDoce y corresponsal del diario La Jornada en la noroccidental provincia de Sinaloa.

Valdez fue asesinado al salir de su oficina en el barrio “Jorge Almada” en Culiacán. Sujetos armados se acercaron y le hicieron doce tiros. Al parecer los agresores tomaron la computadora con la que había salido de la oficina.

Unas semanas antes, el 23 de marzo, la opinión pública mexicana se dolía del asesinato de la periodista de la provincia fronteriza de Chihuahua Miroslava Breach, asesinada cuando salía de su casa para llevar a la escuela a su hija, quien presenció el asesinato. Breach y Valdez habían recibido amenazas previas que advertían de su posible asesinato y la autoridad fue incapaz de brindarles la protección debida.

El gremio periodístico se ha visto marcadamente afectado por los hechos y en lo que va de la semana ha emprendido diversas manifestaciones, tanto en las ciudades más importantes de la provincia de Sinaloa (Culiacán, Mazatlán, Mochis), como en Guadalajara y Ciudad de México.

La protesta se extendió a los medios digitales donde por iniciativa del portal Animal Político se invitó a protestar por la impunidad de los asesinatos y a demandar acciones para que se detengan. Animal político y otros medios “silenciaron” su información y solo incluyeron en sus portales los nombres de los periodistas muertos en lo que va de este año 2017 (Javier Valdez, Filiberto Álvarez, Maximino Rodríguez, Miroslava Breach, Ricardo Monlui y Cecilio Pinea).

El portal NoFM-Radio estuvo repitiendo sin parar el nombre de los 33 periodistas asesinados durante el periodo actual del presidente Peña Nieto. La consigna en general fue “cuando se calla a un periodista, a todos nos callan”. Los portales que participaron en la manifestación digital dijeron que no se trataba de auto-silenciarse, sino de concentrarse en las agresiones a periodistas; la sociedad debe entender que no es normal que maten a periodistas y no pase nada.

Por su parte, la autoridad fue muy declarativa y salió presta a manifestar su “indignación” por los hechos. Todos los niveles de gobierno se manifestaron a nivel verbal: tanto el presidente Peña Nieto como el secretario de gobernación Osorio Chong dijeron estar preocupados por los hechos y señalaron que realizarán las investigaciones pertinentes para llevar ante la justicia a los responsables.

Los analistas coincidieron, sin embargo, en que esta era una respuesta sumamente tibia y no corresponde a la gravedad de los hechos. Las autoridades no manifiestan una verdadera consternación por los hechos; no se señaló que alguna autoridad fuera removida por la incapacidad para salvaguardar la integridad de los periodistas.

El gobernador de la provincia de Sinaloa, Quirino Ordaz, confirmó la disposición de la Fiscalía Federal por atraer la investigación y, después de mucha insistencia, se reunió con los periodistas sinaloenses que se manifestaban en el palacio de gobierno. Poco claro, Quirino intentó salir del paso de los cuestionamientos de los periodistas, quienes indignados –y con lágrimas en los ojos– demandaban una y otra vez justicia, además de acusar a Quirino de complicidad e ineptitud.

México se ha convertido, desde hace unos años, en uno de los países más peligros para ejercer el periodismo, lo cual es un hecho inequívoco de la realidad del país, por encima de las declaraciones e intenciones de las autoridades.

A diferencia de Siria e Irak, primero y segundo lugar en el riesgo para los informadores respectivamente, México (tercer lugar), no ha atravesado por una guerra civil. El problema tiene niveles y el ejercicio del periodismo se hace casi imposible en regiones como Sinaloa, Chihuahua o Veracruz, mientras que en ciudades más grandes parece haber menor riesgo. Aunque esta afirmación pide matices, ya que durante el periodo del presidente Peña Nieto también se han dado casos de periodistas asesinados en Ciudad de México después de salir huyendo de las condiciones de su región. Es el caso del periodista veracruzano Rubén Espinosa, asesinado en un departamento de la ciudad de México, donde los sicarios los alcanzaron el 31 de julio 2015.

El asesinato de periodistas tendría que indignar a toda la sociedad. En 2015 mataron a ocho; en 2016 fueron más de 10. Y en muchos casos no se saben siquiera las causas por las cuales los mataron.

La lista es larga, pero es importante mencionar algunos nombres. En 2013: Alberto López Bello, de El Imparcial (Oaxaca); Jaime Guadalupe González Domínguez. de Ojinaga Noticias (Chihuahua). En 2014: Octavio Rojas Hernández, de El Buen Tono (Veracruz); Jorge Torres Palacio, de El Dictamen de Guerrero (Guerrero); Gregorio Jiménez de la Cruz, de Notisur y Liberal del Sur (Guerrero). En 2015: Moisés Sánchez Cerezo, de La Unión de Medellín (Veracruz). Algunos de los asesinados en lo que va de 2017, aparte de los ya mencionado, son Cecilia Pineda, Ricardo Monliu, Filiberto Álvarez.

El caso de Veracruz pide una mención particular ya que su exgobernador Javier Duarte –quien ahora se encuentra preso en Guatemala en espera de extradición a México–, se caracterizó por la hostilidad y agresión contra los comunicadores. Solamente en esta provincia fueron asesinados cuatro periodistas en 2011 y cinco más al año siguiente. En 2014 fue asesinado un reportero, y otro más en 2015. Hubo casos como el del periodista Esteban Rodríguez, quien prefirió alejarse de la profesión al recibir amenazas, pero aun así fue asesinado junto con dos fotoreporteros y una trabajadora istrativa del diario El Dictamen, en Veracruz.

El caso de Valdez es especialmente significativo, pues fue uno de los periodistas que dedicó más tiempo a estudiar el tema del crimen organizado y a evitar que ciertas historias cayeran en el olvido. Valdez llegó a decir que escribía para que el país no fuera indiferente ante el horror.

Si bien muchas organizaciones, como la Cámara Nacional de la Radio y la Televisión (CIRT) y la propia Organización de las Naciones Unidas, han exigido una respuesta clara a estos actos y mano dura contra los responsables, no parece realista que la autoridad sea capaz de aclarar en el corto plazo las razones y causas del asesinato de Valdez, ni mucho menos llevar ante la justicia a los responsables.

La provincia de Sinaloa ha sido un lugar histórico de colusión entre las autoridades y los traficantes, lo que sigue siendo una fórmula que sirve como soporte para la reproducción del asesinato de los comunicadores, con lo que se vulnera un derecho básico de la sociedad: el de la comunicación y la información, el de un periodismo bien informado que anime la acción social.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.