Los lenguajes y los relatos en el caso de los tres estudiantes desaparecidos en Guadalajara

La sociedad está nuevamente conmocionada, ahora de una manera particularmente distinta. Tres estudiantes de una escuela de cine fueron a hacer una tarea; uno de ellos ubicó una locación, tras lo cual fueron interceptados por un grupo armado, lo que devino en su desaparición y eventual asesinato.

Desde mediados de marzo existía angustia al no saberse el paradero de los estudiantes. Pero la molestia social sobrevino el pasado 23 de abril, cuando la autoridad dio nuevamente su “versión final” –que ha sido comparada con la “versión histórica” que el procurador Murillo Karam dio a propósito del caso Ayotzinapa en abril de 2015–, en lo que parece una estrategia para cerrar el tema en pleno proceso para escoger al próximo Presidente de la República.

Los tres estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisual (Javier Salomón, Marco Francisco Avalos y Jesús D. Díaz) fueron privados de su libertad el 19 de marzo. Edith N, tía del primero de ellos, les facilitó al parecer el a una casa con la idea de que pudieran realizar una actividad escolar; sin saberlo los estudiantes, la casa estaba siendo vigilada por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que se movilizó al detectar movimiento en el inmueble.

Cuando los estudiantes salieron de la casa los interceptaron, pensando supuestamente que serían integrantes del cartel rival “Nueva Plaza”. Durante los interrogatorios, uno de los del cartel habría matado por accidente a uno de los jóvenes, por lo que, para no dejar “evidencia”, decidió matar a los tres y luego pedirle a un tercero –ahora se habla de un joven rapero conocido como “QBA”–, que los disolviera en ácido.

En la reconstrucción que se tiene, casi macabra, la tía habría denunciado la desaparición de los jóvenes cinco horas después de los hechos, y ahora es considerada como la primera sospecha, ya que al parecer participaba en otras actividades ilícitas vinculadas al cartel “Nueva Plaza”.

Abundan detalles, casualidades y formas, pero lo importante es que esta historia refuerza un tipo de narrativa que la autoridad utiliza para “cerrar los relatos”: atribuir las desapariciones de civiles a supuestos conflictos entre cárteles rivales. Generalmente las víctimas civiles (como los estudiantes de Ayotzinapa y ahora los tres estudiantes de un escuela de cine) son confundidos, y se les puede aplicar el dicho wrong time, wrong place. Sobra decir que en todo este discurso la autoridad no participa, ni tiene responsabilidad alguna, como si fuera un actor que ve las cosas “desde fuera”.

Fernando Escalante –en El crimen como realidad y representación (2012)– ha analizado el lenguaje de casos igualmente violentos y encuentra similitudes. El relato de la autoridad generalmente redunda en perspectivas estereotipadas, repetitivas y que generalmente no es posible verificar, como el hecho de decir que alguien ha sido “disuelto en ácido”.

Escalante analiza un caso ocurrido en septiembre de 2011, cuando 35 cadáveres fueron arrojados en una vía rápida del municipio de Boca del Rio, conurbado a la ciudad de Veracruz, donde se celebraba una importante reunión de fiscales del país. Aquellos cadáveres permanecieron anónimos. Y nunca aparecieron pruebas específicas que pudieran imputarse contra los integrantes del “crimen organizado” presuntamente responsables de los hechos. Después de un tiempo se generó un relato con hechos medianamente creíbles y sin posibilidad de verificar.

En el caso de Ayotzinapa, y en el de la desaparición de los tres jóvenes, vemos lo que parece ser el argumento favorito: atribuir los hecho a la malignidad individual de las personas o a la supuesta rivalidad de los carteles. Estos hechos suelen aparecer sin contexto, ni historia, ni causas previsibles.

En la retórica oficial de la violencia la relación manifiesta entre lo oculto y lo que aparece se articula a uno de los objetivos básicos de la comunicación política: usar el lenguaje y los medios convencionales para neutralizar la discusión pública, inhibir la reacción, canibalizar el espacio público y legitimar la acción de los agentes del estado siempre contra grupos externos.

Hoy día, en medio del alud de historias, libros, series, películas, documentales, notas de prensa, personas entrevistadas, etc., concluimos que poco o nada se puede saber con certeza, lo que también es una forma violencia contra el derecho a la información del que tendría que gozar la sociedad.

El discurso de la autoridad sirve de alguna manera para cancelar la discusión a través de verdades aparentemente racionales, verosímiles. Hay una diferencia entre lo que autoridad dice de sí misma (escueto, impreciso, inexacto) y lo que señala de los “otros”, los cárteles (relatos generalmente prolijos en datos, acciones, apodos, vínculos y deserciones entre ellos).

Lo que la autoridad ha dicho del lamentable caso de los tres estudiantes (y de muchos otros) puede ser posible, pero es indemostrable. El que alguien más diga sí disolvió lo cuerpos, no es prueba de que haya sido así. Con la explicación no se erradica la violencia, ni los familiares consideran que se haya reparado el daño, ni la sensación de la sociedad es que se avanza contra la inseguridad.

Si bien con frecuencia a la autoridad le gusta señalar que los victimarios son integrantes del crimen organizado, también le gusta hacerlo de las víctimas, lo que en el caso de los estudiantes de cine no ha podido concretar, aun cuando aparezca la grotesca figura grotesca de la “tía Edith” que en el relato oficial aparece como una delincuente coludida con el crimen organizado.

El comentarista Sergio Aguayo ha dicho con razón que si el actual gobernador del estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval del PRI, tuviera dignidad, tendría que renunciar. Imaginamos que el gobernador Sandoval, su jefe de la policía, su jefe de seguridad pública, estarán pensando –como alguna vez lo popularizó el ex presidente Vicente Fox–, “y yo, por qué”.

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