La desconocida agencia federal que está en el centro de la orden de Trump para exigir prueba de ciudadanía para votar

La polémica sobre las boletas electorales de Florida conmocionó a Estados Unidos durante las elecciones presidenciales del año 2000 e impulsó después al Congreso a crear una comisión independiente para ayudar a los estados a actualizar sus sistemas de votación.

La Comisión de Asistencia Electoral de EEUU ha funcionado desde entonces en un relativo bajo perfil, pero ahora resulta ser fundamental en el marco de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca reformar las elecciones.

Una de las juntas de la comisión se reunirá este jueves en Carolina del Norte, lo que supone el primer encuentro relacionado con la comisión desde que se anunciaron las directivas.

Entre otras cosas, Trump ordenó a la agencia actualizar el formulario nacional de registro de votantes para agregar un requisito de prueba de ciudadanía.

Sin embargo, probablemente será una corte la que acabe decidiendo si el presidente puede o no ordenar a una agencia independiente que actúe y si la comisión tiene la autoridad para hacer lo que Trump desea.

¿Por qué se creó la Comisión de Asistencia Electoral de EEUU?

El Congreso aprobó en 2002 la Ley Ayude a EEUU a Votar ( Help America Vote Act) para facilitar a los estados el trabajo de reemplazar los sistemas de votación obsoletos y mejorar la experiencia electoral.

Se aprobó con un rotundo apoyo bipartidista y fue promulgada por el entonces presidente George W. Bush, republicano que ganó las controvertidas elecciones presidenciales de 2000 contra el demócrata Al Gore, decididas en la Corte Suprema.

El responsable fue el método de votación de Florida que se basaba en las llamadas boletas perforadas, que requerían que los votantes marcaran sus preferencias con un lápiz táctil.

Sin embargo, miles de votantes no perforaron sus votos completamente, dejando que los trabajadores electorales locales —algunos equipados con lupas— tuvieran que interpretar y adivinar cuál era su intención, lo que desembocó en caos en el recuento en este estado clave.

La Corte Suprema finalmente detuvo el recuento, dejando a Bush con un margen de victoria de 537 votos que le otorgaba los votos electorales que necesitaba para lograr la presidencia.

La ley de 2002 fue diseñada para modernizar el proceso electoral. La Comisión de Asistencia Electoral recibió una serie de mandatos como distribuir $2,800 millones en fondos federales para nuevos equipos de votación, supervisar el formulario nacional de registro de votantes y recopilar datos sobre las elecciones federales.

Los cuatro comisionados que dirigen la agencia son nominados por el presidente con base en las recomendaciones de los líderes de la mayoría y la minoría en la Cámara de Representantes y el Senado, y finalmente confirmados por el Senado. Ningún partido político puede estar representado por más de dos comisionados.

En diversos momentos, la agencia ha enfrentado recortes presupuestarios, escasez de personal y paralización causada por vacantes en los puestos de comisionado. Sin embargo, un presupuesto consistente y un quorum entre los comisionados desde 2019 han generado una mayor estabilidad, y los funcionarios electorales han elogiado sus esfuerzos en los últimos años.

Trump quiere dejar su huella en el proceso de las elecciones

Trump ha sido durante mucho tiempo escéptico sobre cómo se llevan a cabo las elecciones, haciendo falsas afirmaciones de que las elecciones de 2020 fueron "amañadas" en su contra. Múltiples revisiones de esas elecciones confirmaron su derrota ante el demócrata Joe Biden.

Desde su victoria en noviembre pasado, ha seguido criticando los procesos de votación hasta decretar su orden ejecutiva del 25 de marzo, que exige cambios importantes como un requisito de comprobante de ciudadanía al registrarse para votar en las elecciones federales.

Si bien Trump ordenó a varias agencias federales que actuaran al respecto de este decreto, dos de las principales disposiciones de la orden estaban dirigidas a la Comisión de Asistencia Electoral.

Se le ordenó "tomar las medidas apropiadas" en un plazo de 30 días para exigir la presentación de documentos de ciudadanía en el formulario nacional de registro de votantes.

La orden describe los documentos aceptables, como un pasaporte estadounidense, una licencia de conducir que cumpla con la normativa Real ID o una identificación militar oficial que "indique que el solicitante es ciudadano", o una identificación con foto emitida por el gobierno acompañada de un comprobante de ciudadanía.

También ordenó a la comisión "tomar todas las medidas apropiadas para suspender" los fondos federales a cualquier estado que no utilice el formulario que incluye el requisito de comprobante de ciudadanía, aunque algunos estados están exentos por ley federal. Trump también quiere que la comisión revise los estándares de los sistemas de votación.

Expertos electorales han afirmado que los cambios son poco realistas dado el proceso descrito en la ley federal, que incluye revisiones por parte de grupos asesores y un período para realizar comentarios públicos. La última actualización importante de las directrices voluntarias para los sistemas de votación tardó años en finalizarse y fue aprobada por la comisión en 2021.

“Es prácticamente imposible exigir a los de la Comisión de Asistencia Electoral que creen directrices completamente nuevas para el sistema de votación basadas en criterios altamente cuestionables en un plazo de 180 días”, le dijo a la agencia AP David Becker, exabogado del Departamento de Justicia que dirige el Centro para la Innovación e Investigación Electoral.

“Esto plantea la pregunta de si esto fue diseñado para crear caos, ya que no se puede completar de forma práctica y competente”, agregó.

Presentan demandas afirmando que la comisión es independiente y no está sujeta a las órdenes de Trump.

La orden ejecutiva de Trump ha generado demandas por parte de grupos de defensa del derecho al voto, el Partido Demócrata y funcionarios electos demócratas en 21 estados. Afirman que el presidente se está extralimitando en su autoridad constitucional.

Una demanda presentada por 19 fiscales generales demócratas argumenta que la comisión fue creada por el Congreso para operar de forma independiente y proteger las elecciones, y que debe tomar decisiones "bajo estándares de bipartidismo" y en colaboración con los estados.

"La Orden Ejecutiva Electoral busca erradicar todas esas salvaguardias, con el objetivo de obligar a la Comisión a aprobar automáticamente las preferencias políticas del presidente en, entre otras cosas, el registro de votantes y los sistemas de votación", escribieron los abogados de los estados.

Justin Levitt, experto en Derecho Constitucional que anteriormente se desempeñó como fiscal general adjunto de la división de derechos civiles del Departamento de Justicia, afirmó que el Congreso estableció la Comisión de Asistencia Electoral como un ente independiente del presidente.

“No es como la mayoría de las demás agencias del gobierno federal, y eso marca una gran diferencia en lo que puede hacer o hará para impulsar la agenda de Trump”, dijo Levitt. “Legalmente, esa (orden) tiene el mismo impacto que si yo le dijera a la comisión qué hacer, o si ustedes le dijeran qué hacer”.

¿Qué pasará ahora con la orden de Trump para reformar el proceso electoral?

Este jueves, la Junta de Normas de la comisión comenzará su reunión anual en Carolina del Norte, donde escuchará a funcionarios electorales de todo el país, muchos de los cuales probablemente tengan preguntas sobre el papel de la comisión bajo la orden de Trump.

A principios de este mes, el director ejecutivo de la comisión envió una carta a los funcionarios electorales estatales para abordar el requisito de prueba de ciudadanía descrito en la orden de Trump y preguntando cómo los estados propondrían implementarlo, de ser necesario, y qué efecto tendría esto en el registro de votantes.

El presidente Donald Palmer afirmó que la agencia estaba cumpliendo con la ley, que rige cómo se puede realizar cualquier cambio propuesto al formulario federal.

“Ese es el proceso que hemos seguido en el pasado y es el que seguimos esta vez”, dijo Palmer. “En mi opinión, esto se trata realmente de obtener información de los estados”.

Elogió la capacidad de la comisión en los últimos años para lograr consenso y señaló que el proceso en los tribunales probablemente resolvería las cuestiones relacionadas con la orden ejecutiva.

“Estamos en el poder ejecutivo, pero somos una agencia independiente. Y estoy seguro de que esas respuestas se resolverán”, dijo.

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