Aprueban en la Cámara Baja un proyecto para limitar que jueces frenen decretos como el de la ciudadanía por nacimiento

Con un apoyo casi unánime de los republicanos y en medio de la pelea de la Casa Blanca con los jueces, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para limitar que magistrados usen un controversial recurso judicial que ha frenado decretos clave del presidente Donald Trump.

El proyecto obtuvo luz verde este miércoles en una votación 219-213 en la que solo un republicano, Mike Turner de Ohio, rechazó la medida. Se supone que ahora pase al Senado, donde muy posiblemente se estancará ante la férrea oposición de los demócratas.

El plan, bautizado como No Rogue Rulings Act, fue presentado por el republicano de California Darrell Issa y aborda un recurso judicial conocido como injunction universal.

Es el que utilizaron, por ejemplo, los jueces que bloquearon temporalmente por impedir más expulsiones de inmigrantes indocumentados bajo la oscura Ley de Enemigos Extranjeros de tiempos de guerra.

"Prácticamente cada día, jueces federales 'activistas' están abusando de su poder bajo el Artículo 3, contraviniendo la Constitución y bloqueando que el presidente Trump ejerza su autoridad Ejecutiva para deportar a criminales ilegales, reducir el gasto innecesario del gobierno y fortalecer nuestras Fuerzas Armadas. Hoy, una mayoría de la Cámara Baja declaró que es suficiente", dijo Issa en un comunicado, replicando la narrativa de la Casa Blanca y un argumento que ha sido por buen tiempo foco de debate entre juristas experimentados.

Si bien existe desde hace años opiniones distintas alrededor de estos injunctions universales, la lupa que se ha puesto sobre ellos cobra más relevancia en este momento porque el Poder Judicial es visto como la rama que está evitando que Trump pueda extralimitarse en sus funciones.

Estos injunctions o remedios judiciales han sido controversiales porque, cuando se usan, abarcan a todas las personas que se puedan ver afectadas por una medida del gobierno, no únicamente a quienes presentaron un pedido a la corte.

En un caso de enorme magnitud como el relacionado con el decreto sobre la ciudadanía por nacimiento, por ejemplo, este recurso funciona como un "remedio rápido" y temporal para evitar que se puedan potencialmente violar los derechos de las personas.

Esto en lo que los jueces pueden ver el asunto a profundidad y emitir una decisión, explicó a Univision Noticias el jurista Ángel Oquendo, profesor de Procedimiento Civil y experto en Derecho Constitucional en la Universidad de Connecticut.

Algunos juristas consideran que ese recurso es necesario para evitar que una acción del gobierno pueda afectar a personas que no cuentan con los medios para buscar protección de los tribunales.

Otros que no debe usarse porque supone un abuso del poder judicial que impide que un caso siga su curso habitual en las cortes, debido a que los casos de injuctions universales suelen escalar más rápidamente a la Corte Suprema.

También critican que algunos demandantes que buscan frenar medidas de uno u otro gobierno con este recurso judicial escogen en qué tribunal presentar su caso porque saben que ese juez probablemente fallará a su favor. Los antecedentes avalan esa preocupación.

De los 12 injunctions universales que enfrentó el gobierno de Barack Obama, siete fueron impuestos por cortes distritales en Texas y por jueces nombrados por presidentes del Partido Republicano, según un análisis publicado el año pasado por The Harvard Law Review.

Un patrón parecido encaró Trump en su primer gobierno. De los 64 recursos de este tipo que bloquearon medidas suyas, 59 vinieron por parte de jueces designados por presidentes del Partido Demócrata, de acuerdo con el análisis. Lo mismo le sucedió a la istración de Joe Biden.

"No solo están aumentando en frecuencia, sino que están siendo emitidos mayormente por jueces designados por el partido contrario al gobierno", se lee en el análisis de The Harvard Law Review.

Una decisión clave desde la Corte Suprema

En lo que va de su segundo mandato, los esfuerzos para expulsar a indocumentados usando la Ley de Enemigos Extranjeros y para que los bebés de padres indocumentados no cuenten con la ciudadanía estadounidense asoman como dos de los ejemplos más fuertes del debate que rodea los injunctions universales.

En el caso de la ciudadanía por nacimiento, el Departamento de Justicia pidió a la Corte Suprema que "limite el alcance de los múltiples injunctions que buscan cubrir a cada persona en el país", para que los bloqueos al decreto apliquen solamente a las personas y estados que demandaron al gobierno. El máximo tribunal todavía no ha fallado al respecto.

En el pasado, la Corte Suprema ha evitado decidir específicamente sobre los injunctions universales. Por esa razón será clave conocer ahora qué decide, si es que decide, al respecto.

"La decision del tribunal, si toma el caso como uno completo y hay alegaciones de las partes y luego una decisión (...) esa decisión va a ser muy importante en términos de decidir los parámetros de este tipo de interdicto" o remedio judicial, explicó el profesor Oquendo.

"Creo que aquí lo que está en juego son intereses generales que afectan a toda la población, directa o indirectamente, y en este sentido el tribunal tiene que resolver", agregó. "Es una cosa sobre la que hay mucha tradición en Estados Unidos, siempre nos puede sorprender, pero creo que el tribunal no va a decir 'bajo ninguna circunstancia se puede pedir un interdicto a nivel nacional o universal'. Lo que va a decir es hay que mirar las circunstancias", consideró.

El que un juez no pueda emitir un injunction universal en un caso como, por ejemplo, el relacionado con la ciudadanía por nacimiento significaría que cada persona que quiera pelear esa medida tendría que presentar un caso por separado o dentro de una acción de clase o colectiva.

En el pasado, juristas como la profesora de Derecho de la Universidad de Virginia Amanda Frost han descrito las complicaciones que eso causaría.

"En algunas ocasiones es esencial tratar de evitar que se afecten miles de personas por una acción del gobierno que no pueden demandar rápidamente por sí solas o que no se pueden sumar fácilmente a una acción colectiva", escribió Frost en un análisis en SCOTUSBlog.

El jurista Oquendo coincidió. "Imagínese si decimos que cada persona afectada va a tener que ir al tribunal. Se cae el sistema jurídico nacional porque va a haber millones y millones de demandas. Es una cosa que no tiene mucho sentido", consideró.

Y, en el caso que aborda la ciudadanía por nacimiento, la profesora de Derecho de la Universidad de Stanford Mila Sohoni puso en un artículo de The New York Times el ejemplo potencial de una mujer embarazada e indocumentada que demande al gobierno usando el seudónimo Jane Doe y que gane su demanda y obtenga la ciudadanía estadounidense para su hijo.

Si esa madre quisiera solicitar un pasaporte para su hijo tendría que dejarle saber al gobierno que ella fue la madre que lo demandó bajo el seudónimo Jane Doe y tendría también que darle sus datos como dirección y número de teléfono, lo que podría ponerla en riesgo de una deportación. "¿Es eso práctico?", se preguntó.

Esfuerzos en el Congreso que buscan limitar el alcance de las decisiones judiciales

Mientras hay un posible desenlace en la Corte Suprema, la peligrosa molestia con los jueces también se trasladó al Congreso dominado por los republicanos.

Algunos legisladores han acogido la invitación de Trump de someter a proceso de destitución a jueces que bloqueen sus medidas, un proceso que rara vez se utiliza.

Otros han evaluado caminos distintos. El líder republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, amenazó brevemente la semana pasada con eliminar cortes distritales dejándolas sin fondos. Y el congresista republicano de California Issa introdujo el proyecto aprobado este miércoles en la Cámara Baja.

Los legisladores republicanos parecen estar acogiendo la narrativa que repite la Casa Blanca cuando un juez frena temporalmente algún decreto presidencial.

"Un solo juez en una ciudad no puede dirigir el movimiento de un avión (...) lleno de terroristas extranjeros que fueron expulsados físicamente de territorio estadounidense", dijo por ejemplo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, cuando un magistrado bloqueó la expulsión de venezolanos a una cárcel cuestionada en El Salvador.

El gobierno dijo inicialmente que eran de la banda criminal Tren de Aragua, pero desde entonces se supo que no era así e incluso Indagaciones de Univision Noticias han arrojado que algunos de ellos no tenían antecedentes criminales y fueron 'marcados' como pandilleros únicamente porque tenían tatuajes comunes.

En su enojo, Trump dijo que el juez James Boasberg debe ser destituido, palabras que llevaron a una poco usual declaración del juez presidente de la Corte Suprema, John Roberts.

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