Amenazas y presiones de Trump sobre republicanos en Georgia y Arizona: claves de la audiencia del asalto al Capitolio
La constante presión de Donald Trump sobre funcionarios que tenían roles claves en estados cruciales de la elección presidencial de 2020 fue el centro de la cuarta audiencia sobre el asalto al Capitolio, en la que hablaron desde altos funcionarios republicanos de Arizona y Georgia, hasta funcionarios electorales de bajo nivel afectados por la estrategia del equipo del entonces presidente.
Los principales testigos de esta audiencia fueron Russell 'Rusty' Bowers, presidente de la Cámara de Representantes de Arizona; Brad Raffensperger, secretario de Estado de Georgia, y Gabe Sterling, subsecretario de Estado de Georgia.
Los tres son republicanos y ejercían en puestos claves al momento de las elecciones de 2020. Todos ellos recibieron presiones y/o pedidos para ‘torcer’ de algún modo los conteos en esos dos estados (Arizona y Georgia) que Trump perdió frente a Joe Biden y cuyos resultados quería revertir.
De este modo, el comité está mostrando en cada una de las sesiones que el asalto al Capitolio formó parte de una estrategia mucho más amplia por parte de Trump y sus aliados para tratar de revertir la derrota electoral.
Estas son las claves de la sesión de hoy:
1- Presiones de Trump y su equipo en Arizona: "Simplemente hágalo"
El presidente de la Cámara Baja de Arizona, el republicano Russel 'Rusty' Bowers, fue interrogado sobre cómo Trump y sus aliados lo presionaron para que lo ayudara a ganar.
Bowersdijo que fue presionado para interferir en las elecciones durante una llamada telefónica a fines de diciembre de 2020 y que le dijo sin rodeos al entonces presidente Trump que no haría "nada ilegal" por él.
“Hice un juramento”, dijo Bowers, recordando lo que le dijo a Trump cuando le pidió que.
Sin embargo, unas semanas después, el abogado de Trump y el 'cerebro' de la estrategia legal para tratar de torcer las elecciones, John Eastman, llamó a Bowers y continuó presionándolo para que interviniera en el proceso del Colegio Electoral, incluso si era legalmente cuestionable.
Eastman le dijo: “Simplemente hágalo y deje que los tribunales lo resuelvan”, según el recuento de Bowers, que aclaró que no usó esa frase exacta, pero eso fue lo "que le quería decir". El abogado de Trump lo estaba presionando para que descertificara a electores.
"Dije: '¿Me está pidiendo que haga algo que nunca se ha hecho en la historia, en la historia de Estados Unidos, y voy a someter a mi estado a eso sin pruebas suficientes?... No, señor'”, respondió Bowers a Eastman.
Bowers también dijo que le señaló a Trump que no haría nada ilegal por él y se negó a convocar una audiencia para examinar la posibilidad de eliminar a los electores de Biden y reemplazarlos con electores de Trump.
Dijo que rechazó los pedidos de Trump y varios más de sus asesores legales, quienes dijeron repetidamente que tenían pruebas de fraude para revertir el resultado de las elecciones, pero nunca le dieron ninguna.
Bowers testificó que Giuliani itió que no había descubierto evidencia de fraude: “Tenemos teorías. Simplemente no tenemos la evidencia”, recordó Bowers que dijo Giuliani.
Por su resistencia ante las presiones de Trump, Bowers contó que tanto él como su familia tuvieron "inquietantes" protestas frente a su casa y hasta amigos cercanos que comenzaron a volverse en su contra. Contró que hubo gente armada frente a su casa, mientras él, su esposa y su hija estaban dentro.
2- Llamadas de Trump a Georgia para que le encuentren "11,000 votos"
El presidente del comité, Bennie Thompson, dijo este martes: "Un puñado de funcionarios electorales en varios estados clave se interpusieron entre Donald Trump y el cambio radical de la democracia estadounidense”. Se refería a los tres testigos principales de este martes.
La presión de Trump fue alimentada por las falsas afirmaciones de fraude electoral, supuestas máquinas de conteo de voto adulteradas, y otras acusaciones sin base que cayeron una tras otra por falta de pruebas o bases en tribunales federales y estatales.
El secretario de Estado de Georgia Raffensperger testificó sobre la famosa llamada en la que Trump le pidió que "encontrara 11,780" votos que podrían cambiar el estado para evitar la victoria electoral de Biden.
Raffensperger, el principal funcionario electoral de Georgia, rechazó la solicitud de Trump de “encontrar” suficientes votos para anular la victoria de Biden.
Durante la llamada, Trump citó repetidamente afirmaciones refutadas de fraude y planteó la posibilidad de un “delito penal” si los funcionarios de Georgia no cambiaban el conteo de votos. Georgia había contado sus votos tres veces antes de certificar la victoria de Biden por un margen de 11,779.
Esta audiencia sucede pocas semanas después de que Raffensperger venciera a su oponente respaldado por Trump en las elecciones primarias del mes pasado.
Además de la 'campaña de presión' de Trump, el entonces jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, envió mensajes de texto o llamó a Raffensperger en al menos 18 oportunidades tras las elecciones, reveló el representante de California, Adam Schiff.
3- Violencia, amenazas y una empleada que se convirtió el 'target' de Trump
La audiencia mosntró relatos escalofriantes sobre el aluvión de ataques que enfrentaron decenas de funcionarios electos locales, en su mayoría republicanos, incluido un legislador en Michigan cuyo número de teléfono celular personal fue tuiteado por Trump a sus millones de seguidores y otro que en Pennsylvania tuvo que desconectar la línea telefónica de su familia porque recibía intimidaciones a toda hora.
Ante las amenazas y el acoso de personas de todo el país, Raffensperger dijo que no cedió a las presiones privadas y públicas de Trump porque sentía que estaba siendo "fiel a la Constitución".
Raffensperger testificó que tanto él como su esposa recibieron mensajes y correos con amenazas y de corte sexual. Pese a las amenazas, dijo que no podía simplemente renunciar.
"Los números no mienten", dijo Raffensperger desacreditando las acusaciones de fraude electoral de Trump.
Señaló que "todas las acusaciones" de fraude electoral se investigaron y que nada se encontró que sustentara las afirmaciones del presidente. "Tuvimos muchas denuncias e investigamos cada una... (Trump) dijo que había más de 66,000 votantes menores de edad. Pero descubrimos que había cero", aseguró.
Sterling, el director de operaciones de Raffensperger, se convirtió en una figura notable en el conteo y dobre recuento postelectoral de las boletas presidenciales de Georgia. En un momento, el republicano imploró frenar la retórica incendiaria que estaba conduciendo a la violencia. “Amenazas de muerte, amenazas físicas, intimidación: es demasiado, no está bien”, dijo.
“Tiene que parar”, suplicó Gabriel Sterling en un videoclip de 2020 que se mostró en la audiencia.
Junto a los funcionarios republicanos, la última en declarar fue Wandrea Moss, una extrabajadora electoral de Georgia que, junto con su madre, dijo que enfrentaron acoso público severo por parte de los aliados de Trump.
Moss, que había trabajado para el departamento de elecciones del condado de Fulton desde 2012, y su madre, Ruby Freeman, trabajadora electoral temporal, presentaron una demanda por difamación en diciembre de 2021.
Moss afirmó que el medio conservador One America News Network (OANN) y Rudolph Giuliani, abogado de Trump, difundieron acusaciones falsas de que ella y su madre participó en fraude electoral. El caso contra OANN ha sido desestimado con un acuerdo.
La representante republicana Liz Cheney, vicepresidenta del , imploró a los estadounidenses que presten atención a las pruebas que se presentan en las audiencias: “ A Donald Trump no le importaban las amenazas de violencia. No las condenó, no hizo ningún esfuerzo por detenerlas... Esto es serio. No podemos permitir que Estados Unidos se convierta en una nación de teorías de conspiración y violencia de matones”.
Si bien el comité no puede acusar a Trump de ningún delito, el Departamento de Justicia está observando de cerca el trabajo del . Las acciones de Trump en Georgia también son objeto de una investigación de un gran jurado, y se espera que el fiscal de distrito anuncie los hallazgos este año.
