EEUU sanciona a tres funcionarios de Nicaragua por "corrupción" y "abusos a los derechos humanos" durante las protestas
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó este jueves la imposición de sanciones en contra de tres funcionarios del gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a quienes señala de liderar entidades estatales que han estado vinculadas con "abusos a los derechos humanos, fraude electoral y corrupción" desde las protestas desatadas en 2018.
Los tres funcionarios afectados por las sanciones de la Oficina de Control de Activos Foráneos del Departamento del Tesoro son Ramón Antonio Avellán Medal, Lumberto Ignacio Campbell Hooker y Roberto José López Gómez, dijo esa cartera en un comunicado.
En 2018, el gobierno de Donald Trump la violencia política en el país centroamericano. Esto bajo la Ley Magnitzky, que apunta a acciones antidemocráticas como el abuso a los derechos humanos y la corrupción pública.
"Estamos sancionando a del régimen de Ortega que han estado relacionados con abusos a los derechos humanos y corrupción", aseguró el subsecretario del Tesoro, Justin Muzinich. "Estados Unidos apoya el llamado del pueblo nicaragüense a un retorno a la democracia, incluyendo que sea a través de elecciones anticipadas y libres", agregó.
Ramón Avellán, de acuerdo con el gobierno estadounidense, es un subdirector general de la Policía Nacional de Nicaragua, cuerpo que ha perpetrado "significativos actos de violencia y abusos a los derechos humanos" en contra de manifestantes que han participado en las protestas desatadas en abril del 2018.
Lumberto Campbell, por su parte, es el presidente interino del Consejo Electoral Supremo de esa nación, entidad involucrada en "tácticas antidemocráticas para garantizar que el presidente Ortega y sus aliados ganen las elecciones". Roberto López es el director del Instituto para la Seguridad Social, entidad que de acuerod con Estados Unidos ha cometido actos de corrupción, como la expropiación de activos privados para "ganancia personal o motivos políticos".
Con las sanciones, queda bloqueada en Estados Unidos cualquier propiedad y participación en alguna donde el 50 por ciento o más de las misma esté en manos de estos tres funcionarios nicaragüenses.
Nicaragua quedó sumida en una crisis política en 2018, en la que murieron más de 200 personas en protestas callejeras, principalmente por disparos de la policía y paramilitares progubernamentales. La crisis estalló cuando Ortega, un exguerrillero de 72 años, decretó una reforma del sistema de seguridad social que redujo los beneficios y aumentó los impuestos. Luego se transformó en una rebelión para derrocar su gobierno.
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