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    Gobierno de Trump invoca privilegio de secretos de Estado para evitar informar al juez sobre deportación de venezolanos a El Salvador

    La revelación de esta información "representaría un peligro razonable para la seguridad nacional y los asuntos exteriores”, argumentó el Departamento de Justicia.
    Publicado 24 Mar 2025 – 11:36 PM EDT | Actualizado 25 Mar 2025 – 09:42 AM EDT
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    El gobierno de Donald Trump invocó este lunes el “privilegio de secretos de Estado” para evitar proporcionarle a un juez federal información adicional sobre la polémica deportación de migrantes venezolanos a El Salvador bajo una ley de guerra del siglo XVIII, y que está en el centro de una disputa legal por la posibilidad de que el Ejecutivo desobedeciera las órdenes judiciales.

    "No se necesita más información para resolver ningún problema legal en este caso", escribieron la fiscal general, Pam Bondi, y otros altos funcionarios del Departamento de Justicia en un documento presentado ante el juez federal James Boasberg, en el que se le traslada que "no se proporcionará más información" respecto a este asunto.

    La revelación de esta información "representaría un peligro razonable para la seguridad nacional y los asuntos exteriores", se lee. "Más intrusiones en el Poder Ejecutivo presentarían daños peligrosos y totalmente injustificados a la separación de poderes con respecto a preocupaciones diplomáticas y de seguridad nacional que la corte carece de competencia para abordar".

    En el documento, el gobierno rechazó nuevamente haber actuado en contra de las órdenes del juez.

    "El Poder Ejecutivo no violó ninguna orden válida con sus acciones, y la corte tiene todo lo necesario para evaluar su cumplimiento. Por consiguiente, la investigación de hechos de la corte debe concluir.

    Boasberg preguntó al Departamento de Justicia varias cuestiones como cuál fue el momento exacto en que los dos aviones con inmigrantes venezolanos despegaron y abandonaron el espacio aéreo de EEUU, y cuándo los deportados quedaron transferidos fuera de la custodia estadounidense ese día.

    “Si los aviones llevaban a un terrorista del Tren de Aragua o a mil, o si los aviones hicieron una parada o diez, simplemente no tiene relevancia en ningún problema legal relevante”, se lee en el documento presentado este lunes. “La necesidad de información adicional aquí no es meramente ‘dudosa’ (...) o ‘trivial’ (...), es inexistente.

    El juez le dijo al gobierno en una audiencia celebrada hace varios días que las autoridades deberían responder a sus preguntas o invocar el privilegio de secretos de Estado. Si el gobierno decidía proteger así la información, sin embargo, Boasberg está "obligado a ‘determinar si las circunstancias son apropiadas para la reclamación de este privilegio", subrayó.

    La tensa disputa entre Trump y la Justicia por los vuelos de deportados a El Salvador

    El gobierno de Trump envió el 15 de marzo dos aviones con inmigrantes venezolanos a la conocida megacárcel de El Salvador tras invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y emitir una orden ejecutiva en la que calificaba a la banda venezolana Tren de Aragua de "fuerza invasora".

    El juez Boasberg suspendió temporalmente las deportaciones llevadas a cabo en nombre de esta ley, lo que le valió duras críticas públicas por parte de Trump y su equipo de representantes, con los que ya ha celebrado varias audiencias.

    Este lunes, el magistrado decidió mantener el bloqueo a las deportaciones. Alegó que, antes de ser expulsados, los demandantes deben poder impugnar individualmente ante los tribunales estadounidenses su supuesta pertenencia al Tren de Aragua.

    Boasberg también hace hincapié en la aparente falta de transparencia del gobierno de Trump porque el decreto lleva fecha del 14 de marzo y se publicó al día siguiente, aproximadamente una hora antes de la vista judicial de emergencia.

    La expulsión acelerada de un extranjero en virtud de la ley de 1798 "sin darle la oportunidad de salir por su cuenta del territorio o de impugnar esa orden, es ilícita", escribió el magistrado.

    Trump ha atacado a Boasberg, llegando incluso a pedir su destitución, lo que le ha valido una reprimenda pública del presidente de la Corte Suprema, John Roberts.

    En una declaración poco habitual, Roberts dijo que "el juicio político no es una respuesta apropiada al desacuerdo relativo a una decisión judicial".

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