La Casa Blanca deplora el fallo favorable a las ciudades santuario: "Es un regalo para bandas criminales y cárteles"
Después del duro comunicado en el que reaccionó la Casa Blanca tras la decisión de alcance nacional de un juez de San Francisco que bloquea temporalmente el intento del presidente Donald Trump de retirar fondos federales a las llamadas ciudades santuario, el mandatario arremetió este miércoles contra el fallo que consideró "ridículo" y aseguró que llegará hasta la Corte Suprema.
El mandatario hizo referencia en un mensaje de Twitter a que primero el tribunal del Noveno Circuito detuvo el veto migratorio que afectaba a la entrada de ciudadanos de siete países de Oriente Medio y después al revés respecto a las ciudades santuario. "Ambos son fallos ridículos ¡Nos vemos en la Corte Suprema!", concluyó.
El comunicado emitido en la noche del martes, la Casa Blanca hizo hincapié en que “el imperio de la ley sufrió otro golpe” cuando un juez no electo (así lo indica un par de veces) intenta “unilateralmente reescribir la política de inmigración” de Estados Unidos y abrirle las puertas a “criminales” y el narcotráfico.
El juez federal de distrito William H. Orrick reconoció este martes que la sección 9(a) de la orden ejecutiva de Trump —ordenando que las ciudades y condados santuario sean "inelegibles a recibir fondos federales"— podría violar varias enmiendas de la Constitución.
Orrick decidió también que los argumentos presentados en su corte hasta ahora contra la medida tienen suficientes méritos para detener por el momento la implementación de esos castigos en todo el país.
La Casa Blanca sostiene que el juez se ha sobrepasado en sus funciones y aduce que la ley federal declara explícitamente que "una entidad o funcionario de un gobierno federal, estatal o local no puede prohibir, ni restringir de ninguna manera, a ninguna entidad gubernamental o funcionario enviar al Servicio de Inmigración y Naturalización información sobre la ciudadanía o la inmigración Estatus legal o ilícito de cualquier persona".
“Una ciudad que prohíbe a sus funcionarios proporcionar información a las autoridades federales de inmigración -una ciudad santuario- está violando la ley. Las ciudades santuario, como San Francisco, bloquean en sus cárceles la entrega de criminales extranjeros a las autoridades federales para su deportación. Estas ciudades están comprometidas con la peligrosa e ilegal anulación de la ley federal en un intento de borrar nuestras fronteras”, destaca el comunicado del gobierno de Trump.
La Casa Blanca volvió a arremeter contra San Francisco al apuntar que las autoridades liberaron "al inmigrante ilegal cinco veces deportado que disparó a Kate Steinle (quien murió) en brazos de su padre". Se refiere al caso de Kathryn Steinle, quien murió por un impacto de bala en el Muelle 14 de San Francisco mientras se encontraba caminando a plena luz del día el 1 de julio de 2015 con su familia.
Al cabo de una hora tras el tiroteo, la Policía arrestó a Juan Francisco López Sánchez, un inmigrante indocumentado que efectivamente había sido deportado en cinco ocasiones y que había sido procesado por siete cargos anteriores, cuatro de ellos relacionados con sustancias controladas.
“Ciudades como ésta están poniendo el bienestar de criminales extranjeros por delante de la seguridad de nuestros ciudadanos, y los funcionarios de la ciudad que escribieron estas políticas tienen en su manos la sangre de estadounidenses muertos”, añade el texto.
Asimismo, considera que el “fallo erróneo” del juez Orrick “ es un regalo para bandas criminales y cárteles en nuestro país, que potencia la peor clase de trata de personas y tráfico sexual y pone en riesgo a miles de vidas inocentes”.
El gobierno de Trump fue todavía más allá en las descalificaciones a la decisión del juez al señalar que “socava la fe” en el sistema legal estadounidense y “plantea serias dudas sobre la compra de circuitos” judiciales. Sin embargo, dice confiar en que en la Corte Suprema prevalecerán los “esfuerzos legales para imponer restricciones de inmigración necesarias para mantener a los terroristas fuera de Estados Unidos”.
La Casa Blanca adelantó que empleará todos los recursos legales para contrarrestar “la amenaza de las ciudades santuario” y continuará sus esfuerzos para acelerar erradicar “elementos criminales y pandillas” del país.
En última instancia, se trata de una lucha entre la soberanía y las fronteras abiertas, entre el imperio de la ley y la anarquía, y entre los estadounidenses trabajadores y aquellos que socavar su seguridad y libertad.
