La Corte Suprema dice que México no puede demandar a productores de armas de EEUU por su rol en la violencia de los cárteles
La Corte Suprema bloqueó este jueves una demanda de 10 mil millones de dólares que México presentó contra importantes fabricantes de armas de fuego en Estados Unidos, alegando que las prácticas comerciales de estas compañías han alimentado una enorme violencia y derramamiento de sangre relacionados con los cárteles.
El fallo unánime desestimó el caso basándose en las leyes estadounidenses que protegen en gran medida a los fabricantes de armas de su responsabilidad cuando sus armas se utilizan en delitos.
El caso llegó a la Corte Suprema luego de que un tribunal inferior en Boston permitió que siguiera adelante bajo una excepción para situaciones en las que las compañías están acusadas de violar la ley. Fabricantes de armas como Smith & Wesson habían apelado este caso.
México alega que las prácticas comerciales de las compañías han alimentado una enorme violencia y derramamiento de sangre relacionados con los cárteles.
Sin embargo, los jueces de la Corte Suprema de EEUU determinaron que México no había presentado un argumento plausible de que las compañías hubieran permitido a sabiendas el tráfico de armas a ese país.
La decisión en el caso Smith & Wesson Brands, Inc. vs. Estados Unidos Mexicanos fue tomada por la jueza Elena Kagan y fue unánime: "No se identifica, como lo hacen la mayoría de las demandas por complicidad, ninguna transacción criminal específica en la que los acusados (supuestamente) contribuyeron", escribió la jueza Kagan en la opinión.
Poco después de conocerse su fallo, México rechazó la decisión del alto tribunal estadounidense.
"La Secretaría de Relaciones Exteriores expresa con firmeza su desacuerdo con la decisión emitida por la Suprema Corte de EEUU y continuará haciendo lo que esté a su alcance para frenar el tráfico ilícito de armas, agotando todos los recursos legales y diplomáticos disponibles", expresó en un comunicado.
Aseguró que México ha presentado argumentos sólidos para demostrar el daño que los fabricantes de armas ocasionan, por lo que "seguirá en su lucha contra el tráfico de armas y la responsabilidad de las empresas que fabrican y permiten que el flujo de armas siga alimentando la violencia y nutriendo a los grupos delictivos que atentan contra la paz y la seguridad de las familias mexicanas".
La historia detrás de la demanda de México contra fabricantes de armas en EEUU
El caso comenzó en 2021, cuando el gobierno mexicano presentó una demanda masiva contra algunas de las mayores empresas de armas, como Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock.
México tiene leyes estrictas sobre armas tiene venta limitada de armamento legal. Sin embargo, miles de armas son contrabandeadas cada año por los poderosos cárteles de la droga.
El gobierno mexicano afirma que al menos el 70% de esas armas provienen de Estados Unidos. La demanda alega que las empresas sabían que las armas se vendían a traficantes que las introducían ilegalmente en México y decidieron lucrar en ese mercado.
Las empresas rechazan las acusaciones de México, argumentando que la demanda del país no demuestra su responsabilidad por el uso de sus productos por parte de relativamente pocas personas para cometer actos de violencia.
Un juez federal desestimó la demanda amparándose en una ley de 2005 que protege a las empresas de armas de la mayoría de las demandas civiles, pero un tribunal de apelaciones la revivió.
El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de EEUU en Boston determinó que la ley de escudos se aplicaba a situaciones en las que se acusaba a empresas de armas de fuego de infringir las leyes a sabiendas en sus prácticas comerciales.
Esta excepción se ha presentado en otros casos, incluyendo demandas derivadas de tiroteos masivos. Las familias de las víctimas del tiroteo masivo de 2012 en la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut, por ejemplo, argumentaron que se aplicaba a su demanda porque el fabricante de armas había violado la ley estatal al comercializar el rifle AR-15 utilizado en el tiroteo, en el que murieron 20 estudiantes de primer grado y seis educadores.
Las familias finalmente lograron un acuerdo histórico de 73 millones de dólares con Remington, el fabricante del rifle.
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