La estrategia republicana para defender a Trump: antes el 'impeachment' era "ilegal", ahora es "oscuro" y "secreto"
La línea del Partido Republicano para deslegitimar la investigación del ‘impeachment’ que la mayoría demócrata abrió hace más de un mes a Donald Trump es decir que es un proceso “oscuro”, “secreto” e "ilegal" en el que se le está negando al presidente el derecho a la defensa.
La queja ha venido acompañada de algunos gestos de teatrales, como la irrupción de un grupo de congresistas en la Sala Compartimentada de Información Sensible o SCIF, como se conoce por sus siglas en inglés, el lugar donde se están realizando las comparecencias de funcionarios sobre la llamada a Ucrania que hizo en julio el presidente para pedir el “favor” de investigaran al exvicepresidente Joe Biden y que desató el proceso del ‘impeachment’.
El SCIF es una sala especialmente acondicionada para que los congresistas puedan recibir allí información altamente clasificada y de seguridad nacional sin riesgos de filtraciones o espionajes. Por eso no se permite la entrada con ningún tipo de teléfono móvil personal o algún otro aparato de comunicaciones.
Eso no impidió que a la 1:22 pm de ese día, el representante republicano de Virginia Occidental Alex Mooney realizara un “reporte en vivo” vía telefónica desde la sala explicando las razones por las que una treintena de sus colegas había irrumpido en el SCIF “demandando transparencia (en las audiencias) y justicia para nuestro presidente”, como se escucha en la grabación que colocó en su cuenta Twitter.
Es la misma línea que ha expresado el republicano Lindsey Graham, jefe del comité judicial del Senado, quien asegura que el “debido proceso” le está siendo negado al presidente al no permitírsele presentar testigos ni argumentos en su defensa.
Este jueves, Graham y otros 39 senadores de su partido, presentaron una moción para pedir a la Cámara de Representantes someter a voto del pleno la decisión de abrir una investigación para el juicio político, ya que consideran "ilegal" que no se hiciera como sucedió en los casos de Bill Clinton, en 1998, y Richard Nixon, en 1974.
El argumento de la ilegalidad fue la primera línea de defensa republicana, y la que justificó la negativa de la Casa Blanca a cooperare con el proceso. Luego vino la del “secretismo” y la “violación de los derechos” del presidente.
Hay varias cosas que precisar en esa estrategia.
