La innecesaria orden ejecutiva con la que Trump dejó de separar familias en la frontera presagia nuevas crisis
El presidente Donald Trump hizo este miércoles lo que apenas la semana pasada dijo a los periodistas en los jardines de la Casa Blanca que no podía hacer y ordenó detener la política de separación de familias indocumentadas que cruzan la frontera con México mediante una orden ejecutiva.
Solo que la orden era innecesaria y no termina de resolver un problema que creó el propio gobierno cuando en abril anunció su política de ‘tolerancia cero’ que implicó la separación de unos 2,300 niños de sus padres para generar otro, logístico y legal.
El acto de firma en la Oficina Oval fue un ejemplo de teatro político, que busca controlar los daños al gobierno, agobiado por una crisis para la que no parecía estar preparado y que intentó ignorar, desafiante, por varias semanas. Pero no hacía falta una firma para eso, solo una llamada telefónica.
Trump pudo haber cedido mucho antes a la presión internacional, nacional y hasta familiar - Jeff Sessions le comunicara a la de Seguridad Nacional Krijsten Nielsen que la práctica ordenada semanas atrás tenía que ser detenida por consideraciones humanitarias.
Desde celebridades y grupos de derechos humanos, pasando por republicanos, demócratas, gobiernos aliados y hasta el papa Francisco, han venido expresando duras críticas a la práctica de separar a las familias que son capturadas cruzando la frontera ilegalmente.
En mayo Sessions anunció que esos casos serían procesados criminalmente, lo que implica que los padres son detenidos en prisión acusados de un delito federal y los hijos llevados primero a centros de procesamiento y eventualmente enviados a hogares temporales, como manda la ley.
Lo que la ley no ordena es que los indocumentados sean acusados penalmente, algo que ha venido aduciendo sin base legal alguna el presidente y su gabinete.
Gobiernos anteriores prefirieron tratar el ingreso ilegal como un delito istrativo y dejar libres a los inmigrantes pendientes de la solución de sus casos en tribunales migratorios, la práctica de “agarrar y soltar” que tanto critican Trump y Sessions.
Nuevos problemas
La orden ejecutiva genera nuevas preguntas, que por ahora los portavoces oficiales no han sido capaces de responder.
La primera es cómo se realizará la reunificación de los padres con los hijos que les fueron quitados en las últimas semanas y que según datos oficiales supera los 2,300 niños. De las primeras explicaciones oficiales se deduce que los separados seguirán así por ahora, pero que los nuevos detenidos podrán seguir juntos con sus familias.
Pero tampoco se aclara dónde serán alojadas esas familias que seguirán siendo detenidas sin documentación para ingresar a EEUU, ni cómo se superarán las limitaciones que impone el llamado ‘Acuerdo Flores’ que impide que los menores de edad sean detenidos con sus padres por más de 20 días.
Se interpreta que las familias no serán separadas, sino que serán recluidas juntas en centros especiales de detención que deberán ser adaptados para acoger a miles de personas dentro de pocos días, todo un desafío logístico.
“Esta orden ejecutiva reemplazará una crisis con otra”, fue la primera reacción de la Asociación de Libertades Individuales Estadounidenses (ACLU), una de las organizaciones que ha presentado acciones legales contra varias iniciativas del gobierno republicano, incluyendo la política de ‘tolerancia cero’.
“Los niños no deben estar en una cárcel en lo absoluto, incluso con sus padres, bajo ninguna circunstancia. Si el presidente piensa que colocar familias en prisión indefinidamente es lo que la gente ha estado pidiendo, está enormemente equivocado”, afirma ACLU.
La Sección 3 de la orden ejecutiva indica: “El secretario de Defensa tomará todas las medidas legalmente disponibles para proporcionar a la Secretaria (de Seguridad Nacional), previa solicitud, las instalaciones existentes disponibles para la vivienda y el cuidado de las familias extranjeras y las construirá de ser necesario y de conformidad con la ley”.
La inteción gubernamental parece ser mantener detenidas a las familias juntas por tiempo indefinido (si la corte modificara el 'Acuerdo Flores') pero eso sería cuestionado con toda seguridad por grupo de derechos humanos.
La pregunta es dónde serán alojados los inmigrantes, si, como es sabido, el Departamento de Seguridad Nacional no tiene la capacidad de mantenerlos bajo custodia, ni el Departamento de Justicia la posibilidad de procesarlos en los menos de 20 días que pone como limite el ‘Acuerdo Flores’ antes de que deban ser dejados en libertad a la espera de su juicio en cortes de inmigración.
A principios de mes, el Departamento de Seguridad Nacional informó que trasladará a 1,600 indocumentados en custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a cinco prisiones federales de forma temporal.
En esa oportunidad también se conocieron las estadísticas de detenciones en la frontera, que indicaron que Mayo fue el tercer mes consecutivo del año en el que el número continuó en ascenso: superó los 50,000 arrestos, según cifras de la Patrulla Fronteriza (CBP). Esto demuestra que la crisis de inmigrantes llegando por la frontera sur de Estados Unidos continúa a pesar del recrudecimiento de las medidas del gobierno.
Respecto al acuerdo, la misma sección indica más adelante: “El fiscal general deberá presentar rápidamente una solicitud ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California una modificación del Acuerdo conciliatorio en Flores v. Sessions, CV 85-4544 ("Acuerdo de Flores"), de manera que permita a la secretaria, de acuerdo con las actuales limitaciones de recursos, detener a las familias extranjeras juntas mientras se tramiten los procesos penales por ingreso indebido o cualquier expulsión u otros procedimientos de inmigración”.
Por ahora, la orden ejecutiva de Trump sirve como válvula para liberar la presión que venía creciendo exponencialmente a medida que se conocían nuevos y dolorosos casos de personas separadas de sus hijos, testimonios de niños temerosos de su futuro y las imágenes de las “jaulas” donde centenares de ellos han sido recluidos.
