Un tribunal federal de apelaciones dejó en suspenso los planes de un juez de Washington de avanzar con el proceso por desacato contra la istración Trump por la presunta violación de sus órdenes en una disputa de deportación de alto riesgo.
Con la suspensión impuesta por el tribunal a los planes del juez James Boasberg, el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington ordenó la presentación de escritos la próxima semana sobre si el tribunal de apelaciones debería permitir que el proceso siguiera adelante.
El fallo fue de 2 a 1. Los jueces Gregory Katsas y Neomi Rao, ambos nombrados por el presidente Donald Trump, votaron a favor de la suspensión istrativa. La jueza Nina Pillard, nombrada por Obama, afirmó que no la habría concedido.
“El propósito de esta suspensión istrativa es brindar al tribunal la oportunidad suficiente para considerar la moción de emergencia de suspensión en espera de una apelación o un mandato judicial, y no debe interpretarse en modo alguno como una decisión sobre el fondo de dicha moción”, afirma el escrito.
El jueves Boasberg había dicho que existían suficientes evidencias para iniciar un proceso de desacato al gobierno por su negativa a explicar por qué envió a un grupo de deportados a El Salvador, aún cuando él había ordenado que no se realizara la transferencia. Tras el fallo de la corte de apelaciones, el juez canceló una audiencia sobre el tema programada para el lunes.
El viernes, una jueza federal impidió que el gobierno de Trump promulgara una política que prohíbe el uso de la "X" en los pasaportes para muchas personas no binarias, así como el cambio de género.
En una orden ejecutiva firmada en enero, el presidente utilizó una definición restringida de los sexos y rechazó la idea de que una persona pueda cambiar del sexo asignado al nacer a otro. Esta definición coincide con las opiniones de muchos conservadores, pero contradice las de los principales grupos médicos y las políticas del expresidente Joe Biden.
La jueza federal de distrito Julia Kobick se pronunció a favor de la solicitud de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de una medida cautelar, que suspende la acción mientras se resuelve la demanda.
Kobick escribió que el gobierno no demostró que sus acciones estén sustancialmente relacionadas con un interés gubernamental importante.
Con información de AP
El senador Chris Van Hollen declaró el viernes que Kilmar Ábrego, el salvadoreño, residente en Maryland que fue deportado por "error", le comentó durante su encuentro del jueves que había compartido celda con 25 presos y que temía a muchos reclusos de la megaprisión conocida como CECOT.
Ábrego le dijo al senador demócrata que posteriormente fue trasladado a otro centro en Santa Ana.
Van Hollen ofreció una conferencia de prensa en el aeropuerto tras regresar a Washington desde San Salvador, en la que estuvo junto a la esposa de Ábrego, Jennifer, quien lucía con lágrimas.
El senador, sin embargo, enfatizó repetidamente a los periodistas que el caso trasciende la cuestión del estatus migratorio de Ábrego García.
“Se trata de proteger los derechos constitucionales de todas las personas que residen en Estados Unidos. Es muy claro que el presidente y la istración Trump están descaradamente en desacuerdo con la orden de la Corte Suprema y la están desafiando”, afirmó.
El senador de Maryland Chris Van Hollen afirma que Kilmar Abrego García, quien fue deportado injustamente, le comunicó que fue trasladado del famoso CECOT de El Salvador a un centro de detención con mejores condiciones.
Van Hollen afirma que el salvadoreño le contó en una reunión el jueves que había compartido celda con 25 presos y que les tenía miedo a muchos de ellos.
En la rueda de prensa, la esposa de Ábrego García, Jennifer Vásquez Sura, se secó las lágrimas mientras Van Hollen hablaba de los comentarios del hombre sobre su deseo de hablar con su esposa.
Tras días negando saber mucho sobre Ábrego García, Trump afirmó el viernes que sabía que era "increíblemente malo" y lo llamó "inmigrante ilegal" y "terrorista extranjero".
El intento del presidente estadounidense Donald Trump de despedir a casi todos en la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) fue detenido el viernes por una jueza federal, quien dijo estar "profundamente preocupada" por el plan.
La decisión deja en el limbo a una oficina creada después de la Gran Recesión para proteger a los consumidores contra el fraude, el abuso y las prácticas engañosas. Los funcionarios del gobierno de Trump argumentan que ha excedido su autoridad y debería tener una misión más limitada.
El jueves, los funcionarios del gobierno se preparaban para despedir a aproximadamente 1.500 personas, dejando alrededor de 200 empleados, a través de una reducción de personal que cambiaría drásticamente la oficina.
La jueza Jackson programó una audiencia para el 28 de abril.
Desde su creación, la CFPB ha sido objeto de críticas en círculos conservadores y empresariales, y el asesor de Trump, el multimillonario Elon Musk, la convirtió en uno de sus principales objetivos de su Departamento de Eficiencia Gubernamental.
Cuando se realizaba un acto oficial de juramentación del doctor Mehmet Oz como director de la agencia que supervisa Medicare y Medicaid, una persona aparentemente se desmayó, lo que provocó que sacaran a la prensa de inmediato.
Trump respondía preguntas a reporteros en la Oficina Oval sobre el programa nuclear de Irán cuando, de repente, se les dijo a los periodistas que se vayan.
Una joven, parte de la familia de Oz, se desplomó y pareció desmayarse en el Despacho Oval, según reportan medios presentes. Oz corrió hacia ella, y la joven logró ponerse de pie, pero parecía inestable mientras la ayudaban a salir del despacho.
La Casa Blanca no la identificó, pero posteriormente informó que se encontraba bien.
Miles de inmigrantes fueron erróneamente declarados muertos por la istración del Seguro Social (SSA), lo que los obligó a presentarse en oficinas gubernamentales con documentos que prueban que están vivos, informó The Washingotn Post este viernes.
El problema se originó cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por Elon Musk, incluyeron a más de 6,000 inmigrantes, en su mayoría latinos, en la base de datos de fallecidos, conocida como Death Master File, detalló el diario en un reporte exclusivo.
Esta medida buscaba presionar a los inmigrantes para que abandonaran EEUU, incluso cuando muchos de ellos poseían números de Seguro Social válidos y estaban legalmente en el país.
Ser incluido en la Death Master File tiene consecuencias graves, ya que esta base de datos se comparte con agencias gubernamentales, empleadores, bancos y arrendadores. Como resultado, los afectados enfrentan dificultades para trabajar, acceder a servicios financieros y encontrar vivienda.
Entre los casos documentados se encuentran menores de edad y personas mayores, sin evidencia de actividades delictivas. Hasta el momento, la SSA ha revertido el estatus de 31 personas, reconociéndolas nuevamente como vivas.
El Departamento de Justicia introdujo este viernes una petición a una corte de apelaciones para que frene el proceso de desacato abierto por el juez James E. Boasberg para determinar si funcionarios del gobierno desobedecieron su orden de frenar las expulsiones a El Salvador por la Ley de Enemigos Extranjeros.
El documento llama la atención por abrir con una línea extraordinaria en la que habla de la discrepancia con el juez como si se tratara de una crisis constitucional.
El documento cita una jurisprudencia según la cual: "Las ocasiones para la confrontación constitucional entre dos poderes deberían ser evitadas cuando sea posible". Y agrega que "la orden del juez de distrito sobre el delito de desacato escala el riesgo constitucional al infringir prerrogativas del Ejecutivo".
Eso sí, omitiendo, como señala The New York Times, su propio rol en alimentar tal confrontación al desoír las órdenes del juez Boasberg sobre las expulsiones a El Salvador sin el debido proceso.
Aunque tiene una cita con la ceremonia de juramentación del Mehmet Oz, confirmado por el Senado para ser de Medicare y Medicaid, no está previsto el de la prensa.
Y sin nada más en agenda, este viernes puede ser extraordinario para Donald Trump, un día sin apariciones públicas.
Mira también:
El presidente extendió la congelación de nuevas contrataciones de funcionarios para el gobierno federal hasta el 15 de julio el jueves. Según la directiva, no se cubrirán vacantes en el sector civil durante los primeros seis meses de su segundo mandato.
Quedan excluidos de la congelación de contrataciones los de las fuerzas armadas y de la oficina ejecutiva del presidente, así como las posibles exenciones a través de la Oficina de Gestión de Personal del gobierno.
La directiva también prohíbe la contratación externa al gobierno para eludir la congelación.
Un funcionario citado por AP declaró el jueves que Estados Unidos retirará a unos 600 militares de Siria, dejando menos de un millar para colaborar con los aliados kurdos en la lucha contra el Estado Islámico. La fuente habló bajo condición de anonimato para comentar detalles aún no anunciados públicamente.
Las tropas estadounidenses han sido cruciales no solo en las operaciones contra el EI sino también como protección para las fuerzas kurdas frente a Turquía, que las considera afines a grupos terroristas.
Trump intentó retirar todas las fuerzas de Siria durante su primer mandato, pero esto se encontró con la oposición del Pentágono ya que se percibía como un abandono de los aliados. La cuestión llevó a la dimisión de Jim Mattis como secretario de Defensa.
La retirada devolverá los niveles de fuerza a los que se mantuvieron durante años, después de que Estados Unidos y sus aliados libraran una campaña plurianual para derrotar al EI.
La jueza federal de distrito Beryl Howell declaró que no emitirá una resolución de emergencia para ordenar al llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) detener su toma del Instituto de la Paz.
Howell desestimó así una solicitud de exempleados y organizaciones sin fines de lucro que demandaron a Trump y DOGE este mes, argumentando que la adquisición es ilegal y pone en riesgo a diplomáticos en el extranjero.
Los demandantes alegaron que el Congreso estableció el instituto como una organización independiente sin fines de lucro, no como una entidad gubernamental, por lo que legalmente no puede ser tomada por DOGE, la oficina extraoficialmente liderada por Elon Musk.
También sostienen que DOGE está usurpando la autoridad de los legisladores al impedirles llevar a cabo los programas ordenados por el Congreso.
Los abogados de DOGE argumentan que el instituto es una agencia del Ejecutivo, señalando que los de la junta son nombrados por el presidente y que está obligado a publicar ciertos avisos en el registro federal. También afirman que el instituto sigue realizando el trabajo ordenado por el Congreso.
Información de AP.
Medios afines a los rebeldes hutíes elevaron a 58 muertos y 120 heridos el balance provisional de un ataque de EEUU contra un puerto petrolero del oeste de Yemen controlado por esa milicia afín a Irán.
Las Fuerzas Armadas de EEUU confirmaron la autoría de la destrucción del puerto de Ras Issa, terminal del mar Rojo por la que reciben suministros de combustibles y financiación los hutíes.
Con ataques casi diarios desde el 15 de marzo, EEUU busca asegurar la salida del mar Rojo hacia el golfo de Adén, una ruta crucial para el tráfico mercantil mundial que pasa por el Canal de Suez.