Cuáles son las restricciones a la ciudadanía por nacimiento que Trump pidió a la Corte Suprema que le permita aplicar
La polémica iniciativa de Donald Trump para eliminar el derecho a la ciudadanía estadounidense llegó este jueves a la Corte Suprema.
La orden ejecutiva, firmada por el republicano en su primer día como presidente, fue bloqueada por tres jueces federales de distrito de Maryland, Massachusetts y el estado de Washington.
Tres cortes federales de apelaciones rechazaron luego solicitudes del gobierno al respecto.
Mientras se resuelven estos litigios legales, la orden de Trump se encuentra actualmente bloqueada en todo el país.
La ciudadanía por nacimiento está consagrada en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de EEUU, que decreta que toda persona nacida en suelo estadounidense es ciudadana.
Trump impugnó el alcance nacional de los bloqueos judiciales a su orden contra la ciudadanía por nacimiento
En su solicitud de emergencia, el gobierno de Trump pidió limitar el alcance del bloqueo de su orden ejecutiva, argumentando que los jueces en el caso carecen de la facultad de aplicar sus fallos en todo el país.
"Esos mandatos judiciales universales prohíben que una Orden Ejecutiva del día 1 se aplique en cualquier parte del país", escribió la procuradora general interina del Departamento de Justicia, Sarah Harris.
"Mientras las partes litigan importantes cuestiones de fondo, la Corte debería 'restringir el alcance' de varios mandatos judiciales preliminares que 'pretenden abarcar a todas las personas del país', limitándolos a las partes que realmente están dentro del poder de los tribunales", agregó.
Además de las órdenes judiciales dictadas por los tres jueces de distrito ya mencionados, 22 fiscales generales estatales demócratas, así como organizaciones sociales y ciudadanos individuales, presentaron demandas contra la orden ejecutiva al considerar que viola la Constitución.
¿Qué restricciones sobre la ciudadanía por nacimiento pidió Trump a la Corte Suprema que le permita aplicar?
Así, mientras se resuelven los procesos en las tres cortes federales, el gobierno de Trump pidió a la Corte Suprema que se le permita aplicar restricciones a la ciudadanía por nacimiento entre el resto de la población, con excepción de los grupos que presentaron sus demandas o dentro del ámbito de las cortes de distrito.
La primera y más importante es que el gobierno pueda negar la ciudadanía estadounidense a quienes nacieron después del 19 de febrero (cuando estaba previsto que entrara en vigor la orden ejecutiva de Trump) y cuyos padres no tengan un estatus legal en EEUU.
El gobierno de Trump también quiere eliminar la ciudadanía para los hijos cuyos padres se encuentren en el país legalmente, aunque de manera temporal, como aquellos que cuentan con visas de estudiante, trabajo o turismo.
Por último, también prohíbe a las agencias estadounidenses emitir o aceptar cualquier documento estatal que reconozca la ciudadanía para dichos niños.
La orden de Trump para prohibir la ciudadanía por nacimiento enfrenta fuerte oposición
La orden ejecutiva de Trump que eliminaba la ciudadanía por nacimiento debía entrar en vigor el 19 de febrero, pero se enfrentó desde el inicio con una fuerte oposición.
La Decimocuarta Enmienda establece, en parte: "Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de EEUU y del Estado en el que residen".
La orden de Trump se basaba en la idea de que cualquier persona que se encontrara en Estados Unidos de forma indocumentada, o con una visa, no estaba "sujeta a la jurisdicción" del país y, por lo tanto, estaba excluida de esta categoría.
El juez John Coughenour, quien fue nombrado por el presidente republicano Ronald Reagan, calificó la orden ejecutiva del presidente como "manifiestamente inconstitucional".
"Llevo más de cuatro décadas en el tribunal; no recuerdo otro caso en el que la cuestión planteada sea tan clara como en este", dijo Coughenour.
La Corte Suprema, dominada por los conservadores e integrada por tres jueces nominados por Trump, está lista para desempeñar un papel importante mientras el presidente pone a prueba los límites de su poder ejecutivo y el poder judicial contraataca.
Cinco jueces conservadores, que constituyen la mayoría de la Corte Suprema, han expresado en el pasado su preocupación por los mandamientos judiciales de ámbito nacional o universal, pero el tribunal nunca se ha pronunciado al respecto.
Las primeras incursiones de la Corte Suprema no han sido en gran parte sobre la sustancia de lo que el presidente quiere hacer, sino sobre los procedimientos utilizados por los jueces federales que tienen la primera oportunidad de evaluar la legalidad de las acciones del gobierno.
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