Uribe se opone al nuevo acuerdo de paz en Colombia ¿Qué pasará ahora?

BOGOTÁ, Colombia. - Un mes y diez días después de la victoria del 'No' en el plebiscito que polarizó a Colombia, el pasado sábado el presidente Juan Manuel Santos y el jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de la Calle, anunciaron una nueva propuesta de Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC. El documento, que presenta más de 250 modificaciones, sobre todo de forma, también tuvo en consideración varias de las cientas de propuestas realizadas por el movimiento opositor al acuerdo durante los días posteriores a las votaciones.

En la noche del lunes, los partidarios del 'No', cuya cara más visible es el expresidente Álvaro Uribe, anunciaron su oposición al nuevo acuerdo que es solo "un retoque del rechazado por los ciudadanos".

Estas son las claves de la situación en Colombia con el nuevo acuerdo:

¿Qué cambia?

Algunos puntos clave para la oposición, como la elegibilidad y la Jurisdicción Especial para la Paz, se mantienen. Pero tuvieron algunos ajustes como:

• El aumento de tiempo a las condenas
• El endurecimiento de las restricciones a la libertad a quienes sean juzgados por sus acciones de guerra durante el conflicto
• La eliminación de los apoyos económicos especiales al nuevo partido político que se forme con los excombatientes de las FARC
• La remoción de magistrados internacionales dentro de la Jurisdicción Especial (ahora existe la figura de acompañamiento de expertos extranjeros) y en esa línea, la integración de la justicia transicional al sistema ordinario nacional, es decir, a la Corte Suprema de Justicia.

Varios de los puntos que fueron polémicos durante la campaña no fueron específicamente cambiados en el nuevo documento de 310 páginas, sino precisados. Este es el caso, por ejemplo, de la lista de bienes de las FARC.
En el nuevo Acuerdo, a diferencia del anterior, se señala puntualmente que serán usados para reparar a las víctimas.

De igual manera se aclara que el documento tiene enfoque de género y no ideología, detalle que preocupaba a los de la iglesia cristiana y católica.

También se especificó el respeto a la propiedad privada, especialmente en los puntos relacionados con las expropiaciones por vía istrativa que generaban inquietudes a los empresarios agrícolas.

¿Cuál ha sido la reacción en las calles?

Durante la primera semana después del Plebiscito, grupos de personas salieron a las calles de varias ciudades colombianas y montaron campamentos en plazas públicas para manifestarse. Esas protestas se han mantendio para mostrar la necesidad de firmar e implementar un acuerdo lo antes posible, según los organizadores. Pero el fin de semana, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, mandó desalojar los campamentos de paz de la plaza de Bolívar.

Aunque durante el fin de semana pasado rondó el rumor del levantamiento de los Campamentos por la Paz, Paola Pianeta, líder del movimiento en Cartagena, manifestó que hasta que no haya una firma formal, no abandonarán su trinchera. “Iniciamos un estudio detenido del acuerdo, pero creemos inicialmente que al no incluirlo en el bloque de constitucionalidad es muy vulnerable”, declaró.

¿Qué dicen el gobierno y las FARC?

Tanto el Gobierno Nacional, como los voceros de las FARC han señalado que este nuevo acuerdo es el definitivo y el final. Timoleón Jiménez (Timochenko) e Iván Márquez tuitearon durante la noche del 16 de noviembre sobre la reunión sostenida con Rafael Pardo, alto consejero para el Postconflicto, en la que se discutió sobre la implementación y la reincorporación.

Posteriormente, Sergio Jaramillo, alto comisionado para la Paz, señaló que es urgente comenzar la implementación del acuerdo, especialmente después de las primeras amenazas y posibles violaciones al Cese al Fuego Bilateral que se ha presentado en las últimas horas en algunos puntos del país. Tanto él, como Santos y De La Calle han señalado que este nuevo acuerdo es aún mejor que el primero, y parece no tener reversa.

Por otra parte, en un comunicado emitido este lunes, Humberto de la Calle habló de la "urgencia" para la implementación del acuerdo de paz por la "fragilidad del cese al fuego".

¿Y los partidarios del 'No' al acuerdo inicial?

Desde que se conoció la existencia del nuevo acuerdo Uribe cuestionó la forma como se presentó la nueva propuesta y desde el primer día pidió a la Presidencia que el Acuerdo no tenga carácter de definitivo. También manifestó que solo debería ser aprobado si se logra un acuerdo nacional.

En la noche del lunes, tras una reunión de varias horas entre los negociadores del gobierno y los voceros del 'No', estos últimos emitieron un comunicado expresando su rechazo al nuevo texto en el que criticaban que el Ejecutivo había "negado la posibilidad de este Acuerdo Nacional sobre temas sustanciales”.

Los partidarios del 'No', que habían pedido al Gobierno que celebre otro plebiscito y no tramite el nuevo pacto con la guerrilla por el Congreso, denunciaron que el equipo negociador había mencionado que algunos puntos del nuevo documento eran “no revisables”.

¿Cómo se refrendará?

Después de varios días de anunciado y publicado el Acuerdo de la Esperanza, como lo han bautizado en la mesa de negociación, la duda que envolvía a todos los colombianos era la forma como se refrendaría. Dentro del capítulo relacionado con la implementación quedaba abierta la posibilidad de que se hiciera por cualquier método que acordaran las partes.

El Presidente Santos en su reciente reunión con congresistas de Estados Unidos aseguró que se hará por la vía del Congreso. Frente a esta posibilidad, se diluyen algunas de las condiciones que tanto el Gobierno, como las FARC esperaban disfrutar si el Acuerdo era aprobado por medio del plebiscito.

¿Y ahora qué?

Lo que se esperaba en un principio era un acuerdo que entrara al bloque de constitucionalidad. Es decir, que fuera una decisión de Estado y no de Gobierno. Ahora, lejos de las primeras expectativas, c ada punto del Acuerdo deberá pasar y ser aprobado por el Congreso. Esto agrega nivel de complejidad frente a la implementación y disminuye el blindaje a lo negociado en La Habana.

Este mecanismo ha sido usado antes en otros acuerdos de paz en el mundo. Por ejemplo, El Salvador acogió en 1992 reformas constitucionales desde el Congreso para ejecutar el Acuerdo de Chapultepec. Pero precisamente este mecanismo permitió que un año después de firmada la paz se incluyera la Ley de Amnistía absoluta para todos los actores que participaron en la guerra, lo cual aumentó los índices de impunidad en el país centroamericano y dio como resultado, más de 20 años después, la declaración de inconstitucional a esta ley a mediados de 2016.

Aunque en teoría la vía del Congreso parece un camino más claro que la del referendo tras las declaraciones de Santos en EEUU, todavía falta que haya una declaración oficial sobre el mecanismo que se implementará y sobre todo saber cuáles serán las verdaderas acciones que tomará la oposición una vez que mostraron su rechazo al nuevo acuerdo.

Se podría decir además que este punto marca oficialmente el comienzo de las campañas presidenciales para 2018, donde se definirá definitivamente si el acuerdo se implementa o se saca de la agenda ejecutiva.