Más tragedias y "errores garrafales": lo que advierten para México si AMLO se aferra a sus "abrazos, no balazos" sin encarar la violencia

Las cifras oficiales de delitos en los primeros nueve meses de este año en México apuntan más a "balazos" que a los "abrazos" que ha ofrecido a los delincuentes el presidente Andrés Manuel López Obrador. 22,059 homicidios dolosos. 116,089 lesiones dolosas. 726 feminicidios. 1,032 secuestros.

La saña con la que esos delincuentes, en ocasiones vinculados al narcotráfico y crimen organizado, han perpetrado en los últimos dos meses emboscadas, masacres y enfrentamientos con fuego de grueso calibre ha conmocionado incluso a un país donde son asesinadas casi 100 personas todos los días.

La matanza de 13 policías estatales en Aguililla, Michoacán, la brutal ofensiva a plena luz del día de hombres armados que buscaron –y lograron– que la masacre de nueve de las familias mormonas LeBarón y Langford en el límite entre los estados de Chihuahua y Sonora han llevado a cuestionar con más fuerza el plan del presidente de dar un vuelco total a la política de 'guerra contra el narco' lanzada por el exmandatario Felipe Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto.

A pesar del mortífero saldo de los últimos meses, AMLO, como se le conoce al presidente de izquierda que en diciembre cumplirá su primer año en el poder, defiende con uñas y dientes una política que él mismo resume como una de "abrazos, no balazos".

"Últimamente hemos enfrentado situaciones difíciles, pero eso no nos va a desviar, al contrario, en las crisis, aunque sean transitorias, se definen más las posturas. Por ejemplo, todo esto de la violencia de Culiacán hasta los lamentables hechos de la familia que es asesinada (los LeBarón y Langford) despertó, alentó, los afanes autoritarios de uso de la fuerza", dijo el presidente la semana en una de sus conferencias mañaneras sobre la estrategia de sus predecesores.

"No vamos a seguir por el mismo camino trillado de siempre", aseguró AMLO, quien ha prometido centrar su atención en intentar resolver la enquistada violencia atajando problemas sociales como la pobreza y la desigualdad.

"Más tragedias y errores garrafales"

Al igual que López Obrador, expertos en seguridad reconocen el fracaso de la estrategia de militarización de Calderón y Peña Nieto y la necesidad de reducir las brechas sociales. Sin embargo, critican el que a López Obrador le falte una estrategia concreta para abordar su nuevo enfoque contra la criminalidad.

"La contención de la violencia y seguridad en nuestro país no está peleada con la reconstrucción de los tejidos sociales, con promover la prevención de la incidencia delictiva (…) No debería haber una disociación", consideró el experto en seguridad Erubiel Tirado en una conversación con Univision Noticias.

Uno de los pilares de la estrategia de seguridad de López Obrador ha sido la creación de una Guardia Nacional, una fuerza que busca sacar a los militares de las calles pero que paradójicamente estará integrada principalmente por soldados y marinos durante sus primeros cinco años.

Esta Guardia Nacional hasta el momento ha trastabillado en momentos clave, como durante la desastrosa detención de Ovidio Guzmán.

En Culiacán, conformó la fuerza que avergonzó al gobierno con un operativo catalogado por un experto en seguridad como "amateur", en parte debido a que fue puesto en marcha sin una orden de cateo necesaria para irrumpir con rapidez y certeza a la guarida de Ovidio Guzmán.

"Fueron sin apoyo aéreo (...) no tenían bloqueadas las comunicaciones, hubo mucha improvisación propia de este gobierno, pero hubo una buena intención", explicó Edgardo Buscaglia, académico de la Universidad de Columbia que ha asesorado a unidades antimafias de varios países.

En otros casos, como la feroz masacre de las familias LeBarón y Langford, la Guardia Nacional ha estado prácticamente ausente.

El analista Tirado lo cataloga como una "omisión deliberada" de las fuerzas de seguridad pues, si bien la emboscada fue perpetrada en una zona remota, es sabido que allí hay actividad delictiva a causa de disputas territoriales de grupos criminales. El gobierno aseguró la semana pasada que la masacre se produjo en un contexto de confrontación entre La Línea, un grupo vinculado al Cártel de Juárez, y Los Salazar, una organización relacionada con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con las autoridades, los dos grupos delictivos chocaron en la madrugada del 4 de noviembre, horas antes de la matanza en la que fueron asesinados tres madres y seis niños. La masacre fue achacada por las autoridades a una confusión, debido a que la familia transitaba un camino de terracería a bordo de camionetas como las que utilizan los criminales de la zona. Integrantes de la familia LeBarón han rechazado esa versión y enfatizado que una de las madres fue baleada pese a que salió del vehículo con los brazos en alto tratando de detener la balacera.

"Como cualquier otra creación institucional, la Guardia Nacional aún es un ente embrionario y lo único que ha habido son transferencias de soldados y marinos, particularmente de soldados, al nuevo cuerpo armado, y eso es gradual", dijo Tirado. Ello ayuda a explicar por qué ese cuerpo parece operar todavía sin el engranaje adecuado.

"Lo que se observa es que no hay planeación o una visión estratégica (...) Me sorprende y me indigna que la justificación oficial de este gobierno estatal o federal es que la tragedia de Sonora ocurre porque no hay capacidad para vigilar esta zona", agregó.

López Obrador también ha sido criticado por destinar a efectivos de la Guardia Nacional a otras acciones, como por ejemplo a contener el flujo de los miles de migrantes que intentan cruzar México para llegar a Estados Unidos, cediendo ante las amenazas del presidente Donald Trump de imponer aranceles a los productos mexicanos.

Se necesitan task forces con un amplio andamiaje

En ese contexto, analistas consideran que la actual estrategia de seguridad de AMLO no lleva a "nada", pues México padece de "vacíos de Estado" y sufre la carencia de instituciones que trabajen en conjunto para combatir, primero, a las organizaciones criminales que apoyan económicamente a políticos y, segundo, a los sicarios o criminales de los cárteles de la droga. El experto Buscaglia la cataloga como una "estrategia antimafia".

"Tienes vacíos institucionales que son un regalo de Navidad, un paraíso patrimonial para la delincuencia organizada que le mete dinero a políticos y empresarios (...) Eso hace que la delincuencia organizada, como la de Sinaloa, que en los años 90 estaba en 15 países, en el 2011 de acuerdo al Pentágono (de Estados Unidos) estaba en 56, y ahora el último calculo nuestro nos da 81", dijo Buscaglia a Univision Noticias.

Una estrategia de este tipo requiere lo que en Estados Unidos se conoce como un task force con un andamiaje que va desde un juez que vigila que las acciones del fiscal no violen los derechos humanos, un oficial de la policía federal de inteligencia que sirva de enlace, una unidad de inteligencia financiera, aduanas, una agencia tributaria y una unidad de investigación patrimonial del Estado, todos "alrededor de una mesa abordando una causa por la delincuencia organizada", esbozó Buscaglia.

"En la causa LeBarón en Estados Unidos inmediatamente se hubiese formado un task force, a esta altura tendrías a ocho instituciones del gobierno federal y del estado, que en este caso sería el estado más cercano a dónde se produjo la masacre, todos ellos alrededor de una mesa aportando pedacitos de la red para que el juez de control y el fiscal impulsen la causa penal contra toda la red, no solamente contra los dos sicarios o cuatro que asesinaron" a los nueve de la familia, acotó.

"No pretendemos qe este gobierno tenga funcionando 45 instituciones antimafias. Nadie le pide eso a ningún gobierno si acaba de llegar, pero si le propones que proponga aunque sea la institución y un gobierno ni siquiera te la propone (...) es un problema", puntualizó.

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