La industria que está envenenando a los mexicanos

MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO.- Juan González, de 53 años, se ve cansado. El dolor de huesos y articulaciones le dificulta caminar y mover los brazos. Por eso permanece la mayor parte de sus días acostado en su cama, o sentado en una silla de plástico en el patio de su humilde casa donde vive con su familia en el pequeño municipio Doctor González, a una hora en carro desde Monterrey, Nuevo León.

Durante los últimos seis años de su vida laboral trabajó en Acumuladores Omega, una compañía mexicana que importa baterías usadas de automóviles desde los Estados Unidos para removerles el plomo, fundirlo y reutilizarlo en la fabricación de baterías nuevas.

En este proceso de reciclaje de plomo González trabajó en varias posiciones. Desde recibiendo los camiones cargados con toneladas de baterías que cruzan la frontera desde Texas, hasta en la trituradora donde se entremezclan todos los componentes de las pilas: el ácido sulfúrico, el plástico y las láminas de plomo, para luego separar el metal y meterlo en la fundidora para crear lingotes.

González caminaba todos los días cuarenta minutos desde su casa hasta la planta de Acumuladores Omega en la mañana, y repetía este recorrido en la tarde. Pero un día este trayecto comenzó a sentirlo interminable, con el cansancio su cuerpo se hizo más pesado y debía parar a descansar.

“Yo empecé con mareos, que me duraron un poquito más de un año, luego con náuseas y dolor de cabeza constantes, no se me quitaban”, dice González.

Los síntomas se agudizaron al punto que tuvo que faltar al trabajo para ir al médico del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde le hicieron algunos exámenes de sangre y le midieron los niveles de plomo en su cuerpo. Los resultados le arrojaron 58 unidades por cada centilitro de sangre, que en otras palabras significa una severa intoxicación por plomo.

Una persona del común que no trabaje en ninguna planta donde se maneje plomo debe tener como máximo nivel 5. En los Estados Unidos la ley permite que los trabajadores de fábricas tengan hasta nivel 10, mientras que en México el límite es 30. Es decir, Juan González estaba por encima de los niveles permitidos, pero según relata, en el tiempo que trabajó allí ninguna institución del gobierno controlaba que la compañía monitoreara la salud de sus empleados.

“Yo duré como unos cuatro meses que yo no me podía sostener parado, no podía caminar, perdí movimiento hasta en los brazos”, cuenta González.

Luego de los ocho meses de vacaciones obligadas para atender sus problemas de salud, González regresó a su trabajo en Acumuladores Omega y trató de pedir ayuda, pero según cuenta le decían que su enfermedad nada tenía que ver con sus labores en la planta.

“Luego iba yo con el doctor de la planta y entonces me dice que mi problema no era por el plomo porque el plomo no es malo”, sostiene González.

Intentamos pedir una entrevista con algún funcionario de Acumuladores Omega para conocer la versión de la compañía sobre la salud de González pero no atendieron nuestras solicitudes.

Según la doctora Alicia Cachón de la Universidad de Monterrey, experta en toxicología, una persona que tenga los niveles de plomo en la sangre como la de Juan González padecerá anemia, daño de riñón y alteraciones en el sistema nervioso.

El dolor de huesos y articulaciones de González también tienen una explicación médica, según Cachón, porque “en lugar de que el organismo capte el calcio y lo lleve al hueso, lo que capta es el plomo y lo lleva al hueso, y este comienza a almacenarse”, asegura la doctora.

Como el caso de González hay miles, según cuenta Marisa Jacott, una de las personas que más ha investigado el comercio de residuos tóxicos en México. En 2011 su organización Fronteras Comunes junto con la ONG estadounidense OK International realizó el estudio “Exportando Riesgos”, donde investigó específicamente a la industria de reciclaje de baterías usadas de carros que llegan desde los Estados Unidos, y sus efectos en las comunidades mexicanas.

En su trabajo de campo, que duró más de un año, hicieron pruebas de suelo en una decena de poblaciones aledañas a plantas de reciclaje y encontraron altos niveles de plomo, y lo mismo en personas que se sometieron voluntariamente a exámenes de sangre.

“A raíz del estudio nos llamaban de las comunidades a pedirnos ayuda, porque no sabían cómo enfrentar el problema”, asegura Jacott.

Sin embargo, según su experiencia, por falta de monitoreo de las autoridades federales y estatales es muy difícil cuantificar el número de personas a nivel nacional intoxicadas por plomo, y de estas cuáles están relacionadas a plantas de reciclaje de baterías. Según Jacott la mayoría de las personas enfermas viven en el anonimato porque desconocen la causa de sus problemas de salud, no existe una conciencia sobre la contaminación de plomo.

Exportaciones peligrosas

En Estados Unidos las regulaciones medioambientales para las plantas de reciclaje de baterías se han endurecido en los últimos diez años para proteger la salud de los trabajadores y de las comunidades aledañas.

Episodios como el reportado exhaustivamente por el diario Los Angeles Times de la contaminación de plomo a unos 10 mil hogares en la ciudad de Vernon, al sureste del condado de Los Angeles, que terminó con el cierre definitivo en 2015 de la planta de la compañía Exide Technologies, ha motivado a algunas corporaciones estadounidenses a trasladar sus operaciones de reciclaje de plomo a México.

De eso es consiente el subsecretario de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales de Nuevo León, el doctor Alfonso Martínez Muñoz quien sostiene:

“Tenemos conocimiento que las industrias de reciclaje de plomo en Estados Unidos han estado cerrando porque las normas medioambientales son muy duras, entonces se mueven a México para hacer el reciclaje”.

Una de esas corporaciones es la multinacional Johnson Controls, el fabricante de baterías de automóviles más grande en el mundo, que tiene una planta de reciclaje de plomo en Ciénega de Flores, Nuevo León, muy cerca de Monterrey.

Esta planta fue multada por la Procuraduría Federal de Medio Ambiente de México (PROFEPA) en 2016 por “no cumplir con las obligaciones que establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, su Reglamento en materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera y los límites máximos permisibles establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas, al no contar con la licencia de funcionamiento actualizada”, según dijo PROFEPA a Univision.

Sobre esta situación la empresa estadounidense contestó:

“PROFEPA nos ha ayudado a identificar algunas áreas de oportunidad en nuestros sistemas operativos y istrativos, los cuales han sido totalmente abordados sin impacto alguno en el ambiente que rodea a nuestras instalaciones de reciclaje mexicanas”.

Para Marisa Jacott el problema además de ser legislativo, tiene un trasfondo ético por parte de las corporaciones extranjeras.

“Las industrias tienen un doble estándar, cumplen con la legislación ambiental de muy buena manera en su país de origen, pero no la cumplen en México porque acá las autoridades no castigan, o no se dan cuenta, o puedes tener una contaminación mayor porque lo permite la ley y no hay problema”, asegura Jacott.

Uno de cada tres vehículos que circulan en las calles del planeta tiene una batería fabricada por Johnson Controls, y por eso ha “establecido una red de centros de reciclaje, algunos de propiedad de la compañía y otras de proveedores clave, para servir al mercado de América del Norte”, según afirmó la empresa por correo electrónico a Univision.

Uno de esos proveedores era Acumuladores Omega, la compañía donde trabajó Juan González durante seis años. El servicio que prestaban, según González, era como el de una maquiladora. Recibían las baterías usadas provenientes de Texas, les sacaban el plomo, lo fundían y se lo entregaban a Johnson Controls.

Cuando le preguntamos a la multinacional estadounidense si vigilan los procesos de sus proveedores, y si estaban al tanto de los problemas medioambientales de Acumuladores Omega, que ha sido cerrada por PROFEPA en varias ocasiones, nos respondieron:

“Como parte de nuestro programa de debida diligencia de proveedores, llevamos a cabo una evaluación ambiental exhaustiva de las operaciones de Omega, y determinamos que no cumplían con nuestros requerimientos, por lo que dejamos de enviar el año pasado a Omega las baterías industriales usadas de México y ya no hacemos negocios con la empresa”.

Pero los casos de Acumuladores Omega y de Johnson Controls no son aislados . En 2016 PROFEPA impuso multas por violar leyes ambientales a 32 plantas de reciclaje de baterías de plomo en todo México.

Durante su investigación “Exportando Riesgos”, Marisa Jacott viajó a algunos municipios donde hay plantas de reciclaje multadas, y encontró síntomas de intoxicación en la población infantil.

“En el Estado de México fuimos a escuelas que quedaban cerca de una fundidora de plomo donde muchos niños tenían problemas de aprendizaje y sufrían déficit de atención”, relató Jacott.

Según la doctora Cachón, los niños son la población más vulnerable porque absorben el plomo de una forma más fácil y los efectos pueden ir desde la afectación del coeficiente intelectual y el comportamiento violento, hasta “sufrir convulsiones y a la muerte”.

Los humos que resultan del proceso de extracción y fundición del plomo, en caso de salir al medio ambiente, terminan en el agua, en la tierra y en el aire de las comunidades aledañas de las plantas, por eso en los Estados Unidos y en países europeos los gobiernos toman muestras rutinarias para evitar problemas de salud pública.

Tratado de Libre Comercio

La tendencia de exportaciones de baterías usadas de automóviles desde los Estados Unidos hacia México ha ido en aumento. Según datos de la Secretaría de Economía de México, en 2004 el país importó 99,200 toneladas de baterías de automóviles usadas de los Estados Unidos. Diez años después, el número creció a 837,000 toneladas, ocho veces más.

Los camiones que transportan las decenas de miles de baterías diariamente hacia el sur de la frontera deben cumplir con una documentación muy básica gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que facilita estos procesos de exportación.

Aunque la carga que llevan sea considerada altamente tóxica por el gobierno mexicano, no es un impedimento para que el comercio se realice de una forma relativamente fácil, como explica Arturo Rodríguez, subprocurador de PROFEPA, “El TLC busca facilitar el movimiento de mercancías, y muchos residuos peligrosos o no, son considerados materias primas, esto ha permitido por ejemplo integrar industrias muy importantes como la automotriz o la electrónica”.

Los tratados comerciales finalmente buscan que los mercados se integren para que las industrias sean más eficientes, y en el caso del reciclaje de baterías usadas de carros México ofrece salarios más bajos, regulaciones medioambientales más laxas y leyes laborales más flexibles, lo que permite un mayor margen de utilidad y rendimiento para las compañías estadounidenses.

Sin embargo, esto va en contravía a la política de generación de empleo del presidente Trump. Quien desde su campaña ha criticado el TLCAN porque según él, se ha llevado cientos de miles de empleos a México. Por eso ha puesto en marcha un plan que incluye la renegociación del tratado comercial y generar incentivos fiscales y regulatorios para que las compañías regresen sus centros de producción a la Unión Americana.

En enero pasado se reunió en la Casa Blanca con los directivos de las gigantes Ford, General Motors y Fiat Chrysler, donde les prometió reducir las regulaciones ambientales “innecesarias” para facilitar la construcción de plantas del sector automotriz. Esto incluye además de las ensambladoras de carros, a las fábricas de autopartes como las plantas de reciclaje de baterías de plomo.

“Estamos empujando muy fuerte para tener nuevas plantas de automóviles, y muchas otras plantas de una cantidad de productos diferentes construidos en los Estados Unidos… Ya está sucediendo en grande”, dijo Trump.

Mientras algunos sectores económicos mexicanos han tomado con miedo estos anuncios, investigadores sociales como Marisa Jacott lo ven como algo positivo, porque aseguran que los trabajos como el de Juan González, que lo obligó a jubilarse a los 53 años no son de calidad, y que los daños medioambientales pesan más que el beneficio económico de tener fábricas en el territorio mexicano.

“ Nos va a encantar que el nuevo gobierno norteamericano se lleve todas las plantas de basura que están aquí en México para Estados Unidos, porque dicen que van a revisar el Tratado de Libre Comercio, pues ojalá se lleven todo el mugrero que hacen las plantas para Estados Unidos”, concluye Jacott.

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