El efecto colateral de la guerra contra las drogas: prisiones llenas y urnas electorales vacías
MIAMI, Florida-- Una tarde de marzo de 1996 Yraida Quinipa descolgó un teléfono, marcó un número y preguntó por una maleta en el aeropuerto de Miami, Florida. Aquella llamada le costó 10 años en prisión.
La maleta por la que pidió información a cambio de una propina estaba llena de cocaína proveniente de Venezuela. Pese a que nunca llegó a recogerla y, según ella, no tenía claro qué contenía, un juez federal le imputó varios cargos por "intento de conspiración" para distribuir drogas.
"No alcancé a ver la maleta porque para reclamarla me pidieron un ticket", asegura la mujer de 54 años. "Para mí era como hacer una diligencia, como cualquier otra diligencia que hacía a mis clientes".
Yradia rocobró su libertad en 2006, pero en la actualidad más de dos millones de personas están encarcelas y otros 4.7 millones en periodo de prueba o libertad condicional, muchos de ellos condenados bajo las duras leyes de la llamada 'Guerra contra la Droga'.
La campaña, promovida por el presidente Richard Nixon en los 70 con el lema 'ley y orden'-- ese que hoy en día es uno de los llamados favoritos del candidato republicano Donald Trump-- no solo aumentó el número de personas en prisión en un 1,000% en cuatro décadas, también redujo el número de votantes en un país donde quienes cometen un delito mayor pierden sus derechos civiles.
La Guerra contra una raza
En varios de sus sus discursos en 1971, Nixon se refirió al abuso de drogas como "el enemigo público de Estados Unidos".
"Para poder pelear y derrotar este enemigo, es necesario emprender una nueva y total ofensiva", remarcó el expresidente en junio de ese año desde la Casa Blanca. Ese día comenzó la guerra contra las drogas.
Dos décadas después, John Ehrlichman, asesor de asuntos internos de Nixon y co-conspirador del Watergate, el caso de espionaje político que costó la presidencia a Nixon en 1974, confesó que la verdadera guerra del exmandatario era contra "los izquierdistas y las personas negras".
"Sabíamos que no podíamos hacer que fuera ilegal estar en contra de la guerra o ser negro, pero si conseguíamos que el público asociara a los hippies con la marihuana y los negros con la heroína, y luego criminalizabamos a ambos duramente, podríamos irrumpir en esas comunidades", dijo Ehrlichman en1994 durante una entrevitas con la revista Harper's Magazine.
Pese a que varios estudios demuestran que los afroestadounidenses consumen drogas en la mismas tasas que otras razas, esa comunidad conforma el 31% de las personas detenidas por delitos relacionados con drogas y el 40% de la población encarcelada.
La disparidad racial del actual sistema carcelario se refleja en la desproporción demográfica de quienes están privados del voto por haber cometido un delito: 1 de cada 13 afroestadounidenses no pueden votar.
" Es una forma muy inteligente de seguir discriminando y evitar el poder político de toda una comunidad", dice a Univisión Noticias el historiador de la Universidad del Sur de Florida, Darryl Paulson.
"(Las leyes) no mencionan la raza en ningún momento como un motivo para quitar el derecho al voto" pero es evidente que fueron creadas para afectar directamente la participación democrática de las minorías, sumadas a otras estrategias como las normas restrictivas de identificación y el gerrymandering racial (redistribución de distritos), explica.
La guerra de Nixon no sacó el crimen de las calles, en cambio llenó las prisiones de personas que cometieron delitos no violentos y con problemas de adicción. Desde 1971 los índices de abuso de drogas no han disminuído y el narcotráfico sigue siendo el negocio ilícito más rentable.
Las mujeres: otra minoría privada del voto a través del sistema carcelario
Entre 1986 y 1999 el número de mujeres encarceladas aumentó en un 888%, un tercio de ellas tuvieron como posesión de drogas o complicidad, pero cumplen penas iguales o más fuertes que los dirigentes de grupos narcotraficantes porque no pueden proveer información que ayude a los investigadores federales.
"Las prisiones están llenas de gente como yo: niñas (jovencitas) que un día estaban en el lugar equivocado", cuenta Brenda Valencia, quien ahora tiene 45 años, pero que a sus 19 fue detenida junto a grupo de personas durante un operativo de la DEA en la casa de unos traficantes de drogas a las afueras de Miami.
Según ella, ese día acompañaba a la madrastra de una amiga que le había pedido el favor de transportarla para hacer una diligencia donde un "cliente". Brenda asegura que no conocía a nadie en el lugar allanado.
Varias de las personas de los implicadas, incluyendo la madrastra de su amiga, la incriminaron para conseguir una rebaja de pena. Como ella no tenía ninguna información que pudiera servirle a la justicia, ni nadie a quien incriminar, el juez que llevaba el caso se vio forzado a impartirle una pena obligatoria de 12 años.
El mismo juez escribió más tarde una carta al presidente Bill Clinton, a mando en ese momento, pidiendo el indulto para Brenda y expresando su frustración al tener que haberle impuesto una pena mínima obligatoria tan extrema:
"Me vi obligado a sentenciar a la señora Valencia a 151 meses en prisión. En ese momento expresé el desagrado de imponer tal condena a una joven cuya implicación en los crímenes alegados era mínima, en el mejor de los casos. Me sentí entonces y siento hoy que el caso de la señora Valencia es el ejemplo perfecto de por qué las sentencias mínimas obligatorias no sirven a la justicia, sino que crean injusticia", reza la misiva.
Segunda oportunidad
Por años, funcionarios públicos han permanecido en un tira y afloja de las leyes de privación del voto, cambiando las leyes entre la restricción y el restablecimiento de derechos de los votantes. No obstante, las últimas tendencias muestran que más estados simpatizan con la restauración automática o por lo menos con la simplificación del proceso de restauración.
Aunque las istraciones demócratas generalmente son quienes promueven leyes más compasivas, hay esfuerzos bipartidistas destacables por un reforma del sistema de justicia criminal.
En febrero de 2015, el senador republicano de Kentucky, Rand Paul, y el líder de la minoría del Senado, Harry Reid, introdujeron el Acta de Votación Restauración de Derechos Civiles de 2015, que permitiría a los exconvictos que han completado el período de prueba votar en las elecciones federales.
Hillary Clinton presentó un proyecto de ley similar Senado en 2007.
"Me siento más optimista hoy , porque incluso ahora, cuando -seamos sinceros- parece que los republicanos y los demócratas no pueden ponerse de acuerdo en nada, muchos de ellos están de acuerdo en esto", dijo el presidente Barack Obama en julio de 2015 después de convertirse en el primer mandatario del país en visitar una prisión federal.
Te siguen encerrando
Una década después de haber salido de prision, Brenda votará por primera vez en su vida este 8 de noviembre. Tras un truncado proceso burocrático, el gobernador de Florida le restauró sus derechos civiles.
Ella confiesa que nunca ha sido una persona "muy política", pero " después de todo lo que me ha pasado, ese papel (en el que el gobernador firma el indulto y le restiuye los derechos) es como el contrato que dice: mira, se acabó esta pesadilla... ya eres una ciudadana completa", afirma.
Yraida, amiga de Brenda desde que se conocieron la prisión federal de Coleman en Florida, todavía no puede votar y le esperan largos años para poder hacerlo.
Bajo las leyes del estado, solo hasta 2017 podrá peresentar la petición para que le devuelvan sus derechos civiles y después de eso la demora puede extenderse 10 años más hasta que consiga una audiencia con el gobernador.
La mujer, que emigró de Venezuela en los 80 para "buscar mejores oportunidades" en este país, se ha dedicado a recolectar logros desde que salió de prisión.
Assoaciate dregree in business managmente, bacherlor degree in business supervition, masters in human resources, graduate certificate in leadership... son algúnos de los titulos que cuelgan enmarcardos en las paredes de su modesta oficina en Miami y que ella enseña orgullosa.
Por eso es "tan duro" para Yraida no poder votar estas elecciones, porque le recuerda que "es como si no importara lo bueno que hagas, ni cuanto tiempo pase, te siguen encerrando de alguna forma, te siguen castigando aunque ya estés afuera", dice.
Cumplieron su condena pero no pueden votar
Un hombre que esperó 35 años para poder votar, mujeres que cayeron en las inclementes leyes de la guerra contra la droga y dos activistas en Virginia que luchan por dar voz a los menos privilegiados: estas son las caras de ciudadanos que fueron despojados de sus derechos civiles tras cumplir sus sentencias.
Univision Noticias ofrecerá los resultados en vivo de las elecciones presidenciales el próximo martes día 8 a partir de las 07:00 pm EST.-
