¿Pueden las ciudades que se oponen realmente quitar las leyes santuario de California? Algunos temen que sí
LOS ÁNGELES, California.– Los Alamitos, donde inició el movimiento opositor a las políticas santuario de California, ratificó este lunes una ordenanza que exime a la ciudad de las normas que buscan proteger a los indocumentados de las acciones emprendidas por la istración Trump.
Otros 10 municipios han aprobado sumarse a la San Diego, la cual dio su luz verde este mismo martes.
En tanto, hay debates pendientes sobre este tema en San Dimas (Los Ángeles), Dana Point, Lake Forest, Laguna Niguel (Orange), Beaumont y Murrieta (Riverside). Solo el Concilio de West Covina (en el este angelino) optó por apartarse del acalorado debate migratorio.
El propio presidente Donald trump ha intervenido en el tema este miércoles al publicar en su cuenta de Twitter una crítica hacia la política de las ciudades santuario: "Hay una revolución en marcha en California. Muchas áreas de santuario quieren salir de este ridículo concepto que reproduce el crimen. Jerry Brown está tratando de retrasar a la Guardia Nacional en la frontera, pero la gente del estado no está contenta. ¡Quieren seguridad y seguridad ahora!"
Pero, ¿basta el voto mayoritario de los concejales y supervisores para que una ciudad o condado logre desobedecer una legislación que prohíbe a las policías locales colaborar con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE)?
Según analistas, si bien este movimiento es meramente simbólico, también es "peligroso" porque extiende un mensaje "racista", puede influir en el veredicto de un juez cuando el asunto se revise en un tribunal, o puede convertirse en una iniciativa de ley que se considere en Sacramento o en una propuesta electoral que logre derogar la SB54, la que convirtió a California en estado santuario.
"Si la corte federal decide que tienen fundamentos en su no aceptación a una política estatal entonces sí tiene un impacto estructural, pero lo más importante para ellos (las ciudades y condados que se oponen) es mostrar un impacto ideológico, poniéndose del lado del gobierno federal", explica Octavio Pescador, investigador y catedrático de Ciencias Sociales de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).
Pescador menciona que desde el ámbito local se puede empujar a los representantes estatales para que presenten una propuesta contra la SB54, aunque cree que es complicado que se apruebe en comités dominados por los demócratas. "Tendrían que entrar por el proceso con una iniciativa en la Asamblea o el Senado que revoque la ley que está en vigor", señaló el profesor.
Para el catedrático, si más localidades se suman a la querella de la istración Trump quizás dé un viraje a su favor. "Si el sector popular es adverso a la ley, al resultado de la aplicación de esa ley, entonces el poder judicial tiene el poder de prohibirla", agregó Pescador.
"Todavía corremos el riesgo"
Juan José Gutiérrez, abogado y dirigente de la organización Vamos Unidos USA, resalta que la política santuario tiene el aval de las cámaras legislativas y del gobernador Jerry Brown, pero reconoce que sus detractores tienen opciones para eliminarla y teme que las usen.
"Me preocupa que en California se ponga una propuesta de ley para darle la vuelta a la política del estado santuario", dijo Gutiérrez. "Todavía corremos el riesgo de que exista suficiente voto antiinmigrante y racista que, sumado al de los indecisos, pueda agregar votos en contra", agregó.
El activista también advierte que algún representante californiano en los condados de Orange o San Diego, donde crece la rebelión, podría hacer suya esta causa y presentarla ante sus colegas en Sacramento. Al momento, eso no ha ocurrido. "Es peligroso porque en California se puso de moda cabalgar con la bandera antiinmigrante para ganar votos. Pasó en 1994 con la Proposición 187 (que intentó negar servicios públicos a las personas sin papeles)", explicó.
Pablo Alvarado, presidente de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), respondió hace unos días a un tuit del presidente Trump que felicitaba a los residentes de Orange por luchar contra las leyes santuario, mencionando que "el fanatismo" expresado en esa región "solo acelerará la extinción de los republicanos" en el 'Estado Dorado'.
"La verdad es que estos racistas en el condado de Orange no están oprimidos. Ellos son los opresores. Y hoy son el último bastión del extremismo de derecha en California", señaló Alvarado. "Señor Trump, usted encontró personas que comparten sus temores en el condado de Orange. Pero esto es 2018, no es 1994 y Pete Wilson no es el gobernador", agregó.
La ordenanza aprobada por los concejales de Los Alamitos establece que su Policía local no acatará la SB54. Aunque la llamada Acta de Valores de California permite a las agencias del orden entregar inmigrantes acusados de crímenes violentos, sus opositores quieren que todos los indocumentados en líos judiciales terminen bajo custodia federal.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) anunció que presentaría una demanda contra Los Alamitos para que un tribunal pueda decidir sobre la legalidad de esa decisión.
Pero su alcalde, Troy Edgar, dijo el lunes a sus colegas que esta pequeña ciudad de casi 12,000 habitantes despertó un enojo que sigue creciendo y por ello deben asumir los riesgos legales. "No puedes seguir puliendo la bala de cañón. Tienes que disparar", comentó el funcionario en la reunión en la que se dio luz verde a la ordenanza.
A decir de Joseph Villela, director de políticas de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles (CHIRLA), en las voces antisantuario hay un trasfondo político. "Los californianos no deberían dejarse engañar por la odiosa retórica y el miedo", aseguró.
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