Chile quiere eliminar el límite de tiempo para denunciar abusos sexuales contra menores

SANTIAGO DE CHILE. - Cuando la jueza chilena Jessica González fue designada para investigar con dedicación exclusiva el caso Karadima en 2011, pasó ocho meses revisando a fondo las denuncias de abusos sexuales contra menores por parte del sacerdote. Al cabo de ese tiempo determinó que los abusos de Karadima sí habían ocurrido y que además formaban parte de un patrón de conducta con el que venía operando desde los años 60. Pero no pudo hacer más: tuvo que sobreseer la causa penal porque delitos habían prescrito.

En Chile, la ley fija a cinco y diez años la fecha de prescripción de los delitos y crímenes contra niños y adolescentes. Pero pronto, eso podría cambiar.

A comienzos de mayo, el presidente Sebastián Piñera anunció que su gobierno le daba suma urgencia a una indicación sustitutiva de ley que establece la imprescriptibilidad total de los delitos sexuales contra menores en Chile.

La atención internacional que ha despertado la niña de menos de dos años –Ámbar- tras ser brutalmente violada ha vuelto a poner en el foco la necesidad de cambiar la legislación chilena.

“Esto es sin vuelta atrás”, dice José Andrés Murillo, filósofo y una de las tres víctimas de Karadima que el Papa Francisco recibió en su residencia de Santa Marta, en el Vaticano. “No hay ninguna razón que sea suficientemente buena como para que caduque el derecho a denunciar un abuso sexual”.

“(Los plazos actuales) son absolutamente insuficientes”, declaró por su lado Piñera al presentar la indicación sustitutiva el 3 de mayo pasado. “No hay atentado más miserable, más cobarde contra la vida, la inocencia de nuestros niños, que los abusos sexuales, porque no solo hieren su cuerpo, dejan profundas heridas en su alma y también dolorosas huellas", agregó Piñera.

Chilenos indignados

La decisión del gobierno le hace eco a la indignación que miles de chilenos han expresado en los últimos meses a través de marchas, editoriales en los medios, investigaciones y debates parlamentarios, seminarios y campañas en las redes sociales por los recurrentes abusos ejercidos contra los niños en Chile. La muerte de varios lactantes producto de violencia intrafamiliar y la crisis del Servicio Nacional de Menores (Sename) -sobre el cual pesan numerosas denuncias por malos tratos, tortura, e incluso muerte de los niños más vulnerables del país que debiera proteger -, ha generado una intensificación de las críticas a las políticas de infancia del Estado.

“Este no es un proyecto de ley, es un movimiento social”, resume Nicolás Espejo, abogado asesor de Unicef. “Creo que el presidente leyó eso correctamente y estoy convencido de que (la indicación) se va a aprobar”.

Según cifras de la Fiscalía Nacional, en los últimos cuatro años 77% de las denuncias por delitos sexuales que ingresaron al sistema penal correspondieron a casos de menores de edad. Son cifras que no sorprende a los chilenos, que se han enfrentado en las últimas dos décadas a una serie de casos emblemáticos de ese tipo.

A esto se suma que en el espacio de pocas semanas, además del escándalo de la Iglesia y la muerte de la pequeña Ámbar, se dieron a conocer otros hechos de violencia sexual. A comienzos de mayo, la Fiscalía abrió una investigación por una violación grupal contra una mujer de 28 años, que recordó el caso La Manada en España. También decidió investigar las denuncias que varias mujeres hicieron al diario nacional El Mercurio en contra de un director de teleserie, llamado Herval Abreu, conocido por producciones de éxito internacional como “Machos”. Además, estudiantes de cerca de 20 universidades se han tomado sus casas de estudio para protestar contra situaciones de acoso y abuso sexual en algunas de sus facultades.

“A mí me gusta lo que refleja este proyecto de ley, porque da cuenta de una sociedad empoderada que no está dispuesta a tolerar abusos de ninguna clase, ni contra menores, ni contra mujeres y que tampoco tolera otros tipos de maltrato hacia los niños”, dice María Elena Santibañez, directora del departamento de derecho procesal de la Universidad Católica. “Es el reflejo de una sociedad que abre los ojos, exige cuentas y ya no está permitiendo que estas violaciones sistemáticas de Derechos Humanos se sigan produciendo”.

El derecho al tiempo para las víctimas

Según José Andrés Murillo este es un momento definitorio. Murillo es el fundador y presidente del directorio de la Fundación para la Confianza, que trabaja con víctimas de abusos sexual infantil. Sabe tanto por experiencia propia como por su labor lo importante que es la imprescriptibilidad para quienes han sufrido vejaciones de ese tipo.

Murillo explica que el abuso sexual infantil ocurre en promedio cuando las víctimas tienen entre 10 y 11 años de edad. Pero que generalmente piden ayuda en torno a los 30. Por eso, los plazos que corren actualmente para hacer denuncias en Chile son insuficientes.

“Son casi 20 años de silenciamiento entre los hechos y su revelación”, dice. “Y no es porque la víctima decida guardar silencio sino porque el trauma hace muy difícil que una persona pueda pedir ayuda antes. Sabemos que en un 95% de los casos el abuso es producido por alguien cercano, lo que provoca un nivel de confusión y sufrimiento tan grande que el sistema límbico pone en suspenso la memoria”.

Lo que ocurre entonces es que la memoria cognitiva entorno a los hechos traumáticos se detiene, pero no así la memoria afectiva. Es recién con eventos como el nacimiento de los hijos o cuando éstos llegan a la edad en que las víctimas sufrieron los abusos, que se vuelve a gatillar esa memoria cognitiva. Y solo entonces surge la posibilidad de denunciar.

“Durante mucho tiempo, las victimas sienten mucho sufrimiento. Hay disociación, desordenes alimenticios, depresión, suicidios y no saben por qué. Entonces la posibilidad de denunciar (muchos años después), aunque la investigación no llegue a nada es en sí tremendamente terapéutica porque les ayuda a re significar ese momento traumático y reorganiza los roles. Las victimas que muchas veces se sienten culpables y piensan que son responsables de lo que les pasó, al acudir a la justicia pasan inmediatamente a ser víctimas y dejan de sentirse culpables”, insiste Murillo.

La indicación de imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores de edad no es una novedad en Chile. Un grupo de parlamentarios la presentó por primera vez en 2010 tras las acusaciones de abusos por parte de del clero. Después de eso, fue discutida en varias oportunidades pero nunca llegó a ser aprobada. El hecho que el Presidente le de “suma urgencia”, opinan los expertos, debiera permitir que finalmente llegue a puerto.

“Debiera ser de tramitación rápida porque esto demuestra que hay voluntad política para que el proyecto salga adelante”, dice Santibáñez y recuerda que no es una iniciativa pionera en América Latina. Ecuador discute actualmente un proyecto similar, Argentina tiene una ley llamada “de derecho al tiempo”, que reconoce los plazos que requieren las víctimas para poder revelar sus vivencias. Algunos estados de Estados Unidos, Ontario en Canadá y Oaxaca en México, son otros lugares del continente que cuentan con legislaciones de ese tipo.

Aún así, en Chile se han levantado voces cuestionando esta medida. El año pasado, el actual Presidente de la Corte Suprema, Harold Brito, y otros dos magistrados, le enviaron un oficio al Congreso oponiéndose al fin de la prescripción por ser “desproporcionada” y “adquirir cierto ribete de anticonstitucionalidad”. Pero no es algo que preocupe mayormente a los defensores de la medida.

“Yo soy totalmente optimista dice”, dice Murillo. “Es muy difícil que visiones como las del presidente de la Corte Suprema tengan mucho sustento”.

Nuevas políticas de infancia

El anuncio de Piñera en esta materia también se inscribe en aparente intento de responder a las demandas ciudadanas por solucionar la crisis del Servicio Nacional de Menores y mejorar la vida de los niños chilenos. El primer gesto en ese sentido, lo hizo el día mismo del cambio de mando, cuando tras recibir la banda presidencial optó por tener como primer acto oficial la visita de una residencia para menores de la red. El segundo fue la creación de una comisión transversal para la infancia, que incluye actores de distintos sectores políticos a los que les pidió trabajar en propuestas de cambio en las políticas públicas. Además, se comprometió a entregar más recursos a los centros de protección de menores.

Pero la muerte de Ámbar volvió a poner en evidencia las falencias existentes: la niña, cuya madre era inhabilitada para cuidarla, fue entregada a una tía y su marido (el presunto agresor) a través del Programa de Familia de Acogida del Sename. En los últimos días han salido a la luz pública nuevos antecedentes que muestran que la Fiscalía alertó que la menor había sufrido lesiones físicas un mes antes del crimen y que, además, la pareja a su cargo había desistido de su cuidado poco más de una semana antes de su muerte. Esas señales de alerta no fueron suficientes y los defensores de los derechos de los niños temen que no se esté haciendo lo adecuado para cambiar esta realidad.

Nathalie Oyarce, vocera de la Fundación Infancia, recuerda que Chile es el único país de América Latina junto a Panamá que “no cuenta con una ley integral de infancia y por consecuencia no cuenta con una institucionalidad que trabaje organizadamente protegiendo a la familia de manera integral”.

“Hay un problema institucional que no pasa por una mayor inyección de recursos”, lamenta. “El problema está en que un 95% de los centros son privados y no son fiscalizados. Hoy el Estado de Chile no cuenta con un análisis costo-beneficio de los programas de protección que financia. Además, sigue habiendo una mirada muy tutelar que entrega el cuidado de los niños a privados. El problema no es que sean privados, sino que lo están haciendo mal”.

Nicolás Espejo, quien regresó a Chile en diciembre pasado, tras pasar tres años en Nueva York trabajando como asesor directo de la representante del secretario general de Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, también dice estar preocupado por la situación y la manera en que se está respondiendo: “La parte positiva es que terminó de consolidarse un movimiento social de indignación y acción en favor de la infancia y eso es un tema cultural. Pero por otro lado lo que estamos viendo son graves problemas que son consecuencias de cosas que las reformas que estamos impulsando no van a solucionar”, lamenta.

En Chile, los niños que pasan por el sistema de protección especial son menos de un 3% de la población infantil y hay cerca de 4.5 millones de niños. Asimismo, dice, para cada denuncia de violencia detectado, se estima que hay seis otros casos desconocidos.

“Hay un abuso invisibilizado”, dice. “ La pregunta es cómo están siendo relevantes los debates de infancia para todos los niños de Chile. Temas como la violencia y el abuso no distinguen clases, barrios ni colegios entonces las políticas públicas no deben ser solo para los niños llamados ´vulnerables´, sino que para todos. Esa estrategia de prevención de toda forma de violencia no la he visto hasta ahora”.