Congreso de México avala una controversial reforma que pone a la Guardia Nacional bajo el mando del Ejército
El Senado de México avaló una reforma que autoriza que la Guardia Nacional quede bajo el Ejército, pese a las advertencias de organismos internacionales, como Naciones Unidas, respecto a que la medida pueda permitir que se violen los derechos humanos.
La alianza de partidos encabezada por el oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) avaló con 86 votos a favor y 42 en contra el cambio constitucional que transfiere el control de la agencia federal a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“No podemos normalizar la idea de que México necesita estar bajo control militar para estar en paz”, dijo el senador Luis Donaldo Colosio, del opositor Movimiento Ciudadano, al manifestar su postura en contra de la reforma.
Los legisladores oficialistas sostuvieron que la reforma busca garantizar la seguridad en el país, que en años recientes, bajo el mando de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha experimentado niveles de violencia sin precedentes.
Tan sólo durante los casi seis años de su gobierno se han registrado cerca de 200,000 homicidios dolosos que las autoridades vinculan al crimen organizado.
La reforma ya había sido avalada por la Cámara baja, también controlada por el oficialismo, la semana pasada.
La Guardia Nacional desde su creación en 2019 había operado dentro de la estructura de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana federal, encabezada por civiles. Ahora, tras el aval a la reforma impulsada por AMLO, la modificación constitucional debe ser aprobada por 17 de los 32 congresos estatales. La mayoría de esos congresos locales está dominada por el oficialismo.
La reforma fue aprobada a pocos días de que López Obrador entregue el poder el 1 de octubre a su sucesora Claudia Sheinbaum, quien ha respaldado las modificaciones.
“Militariza” al país, dicen los legisladores que se opusieron a la reforma
La oposición en el Congreso y críticos de la reforma sostienen que la transferencia del control de la agencia federal al Ejército representa un paso más hacia la “militarización” de la seguridad del país.
Durante el gobierno de López Obrador, las Fuerzas Armadas han asumido varias tareas que antes eran controladas por autoridades civiles, como la supervisión de puertos, aduanas, aeropuertos y la construcción de obras clave como el Tren Maya. López Obrador sostiene que la intervención del Ejército en estas tareas garantiza que sean llevadas a cabo con “honestidad”.
Las Fuerzas Armadas han asumido un rol central en la seguridad interior del país desde el 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón ordenó el despliegue de los militares para combatir al narcotráfico. Aunque como candidato López Obrador prometió regresar a los militares a sus cuarteles, al asumir el poder cambió de opinión e hizo lo contrario.
promovió un paquete de reformas constitucionales en febrero que incluía la medida para concretar esa transferencia. El oficialismo logró pasar la reforma sobre la Guardia Nacional gracias a que obtuvo la mayoría en ambas Cámaras en los comicios del 2 de junio.
El paquete de reformas también incluía la controvertida reforma judicial que llevará a las urnas la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. Esa reforma también fue aprobada este mes.
La ONU, preocupada por la transferencia de la Guardia Nacional a manos militares
En un comunicado emitido el martes por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (ONU-DH), expertos del organismo manifestaron su “preocupación” ante los posibles riesgos de mayores violaciones a los derechos humanos.
“El potencial impacto de esta modificación en el aumento de las desapariciones forzadas y la impunidad es extremadamente preocupante", sostuvieron en el comunicado. “Nos preocupa, además, que funcionarios y funcionarias de las Fuerzas Armadas han sido señalados en el pasado por presuntas violaciones a los derechos humanos. Estas alegaciones deben ser investigadas y los responsables deben comparecer ante la justicia”, dijeron.
Amnistía Internacional también expresó preocupación sobre la reforma autorizada por el oficialismo.
El analista de seguridad David Saucedo dijo a la agencia The Associated Press que la transición no va a mejorar los procesos ni permitirá el incremento de los decomisos de drogas o la desarticulación de células criminales. “La reforma sólo es la formalización de algo que ya existía de facto”, agregó.
A la pregunta de por qué la Guardia Nacional no ha contribuido a resolver el problema de la inseguridad, Saucedo indicó que su planteamiento operativo es “nada más de presencia disuasiva". No tiene un esquema de confrontación de las células criminales ni de investigación e inteligencia, agregó.
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