Guatemala acude a las urnas tras un proceso electoral convulso y con el voto fragmentado
CIUDAD DE GUATEMALA.- En las elecciones que se celebran este domingo en justicia ha sido decisiva.
De los 24 aspirantes que se inscribieron inicialmente, cinco quedaron fuera de la contienda, incluyendo dos de las que aparecían con más posibilidades en las encuestas: Zury Ríos, hija del ex general golpista Efraín Ríos Montt, del partido Valor, quien fue inscrita pero su candidatura fue revocada por una prohibición constitucional; y la ex fiscal general, Thelma Aldana, del Movimiento Semilla, actualmente con una orden de captura en Guatemala, girada tras una investigación iniciada por su sucesora en el cargo.
A estas bajas se suma la del cacique de Jalapa, Mario Estrada, quien era candidato por el partido Unión del Cambio Nacional (UCN), detenido en Estados Unidos por la istración para el Control de las Drogas (DEA) el pasado 17 de abril por sus presuntas negociaciones con el cartel de Sinaloa.
Según el Departamento de Justicia, el político estaba entre los investigados por intentar "solicitar fondos a los carteles internacionales de la droga para apoyar" su campaña presidencial. Además, la acusación asegura que Estrada ofreció el control de puertos y aeropuertos a los representantes del cartel e intentado organizar atentados contra otros candidatos a la presidencia, sin especificar cuáles.
También quedaron fuera los candidatos minoritarios Mauricio Radford, del Partido Fuerza, quien había sido inscrito previamente pese a tener un proceso abierto por abuso de autoridad; y Edwin Escobar de Prosperidad Ciudadana, a quien un tribunal le retiró la inmunidad para ser investigado por supuestas anomalías en un contrato para cobrar el impuesto a los inmuebles en el municipio del cual es alcalde.
Las decisiones de la justicia y una amenaza de exmilitares de boicotear el proceso electoral si no reciben una compensación que exigen caldearon el ambiente electoral en las últimas semanas de unos comicios que, según los sondeos, irán a segunda vuelta.
Los guatemaltecos en el exterior podrán votar
Las últimas encuestas coinciden en apuntar a Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) como líder en todos los sondeos, con entre 20.2 y 22.6% de intención de voto, seguida por Alejandro Giammattei de Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos) con entre 11.6 y 14.4% de los apoyos.
Más incierto es el tercer lugar que, según los sondeos, se disputan Edmond Mulet, de Partido Humanista; Roberto Arzú de Pan-Podemos; y Thelma Cabrera, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), con estimaciones de voto entre el 7% y el 8%.
En esta ocasión, la campaña electoral ha sido más corta luego de las reformas electorales de 2016: solo tres meses antes de primera vuelta y dos meses más para la segunda vuelta. Además, se permite por primera vez el voto en el extranjero y se introdujo la obligación de repetir los comicios si los votos nulos superan el 50%.
Otra de las novedades es que se igualó el tiempo de los partidos en la pauta de medios de comunicación, lo que dio una ventaja inicial a los candidatos que ya llevaban varios procesos electorales a cuestas, como Torres o Giammattei. La norma permitió que más candidatos se dieran a conocer, mientras que los partidos con mayor organización como la UNE de Sandra Torres compensaron la relativa reducción de espacios publicitarios con una mayor campaña de tierra.
Torres, la favorita en las encuestas
El domingo previo a las elecciones, Torres realizaba mítines en tres departamentos de la provincia y en la zona metropolitana. En un mitin en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, en la costa sur del país, Torres descendió en un helicóptero en el estadio municipal para presidir la actividad de campaña. “Este 16 de junio defendamos el voto, defendamos los programas sociales” fue la consigna recalcada por la candidata.
Como esposa del del expresidente Álvaro Colom (2008-2012), de quien se divorció en 2011, Torres fue la a de programas de asistencia social, como la entrega de bolsas de alimentos y bonos monetarios a padres de familia a cambio de la presencia de niños en las escuelas, acciones que aún hoy le representan réditos políticos.
La candidata tampoco es desconocida para las investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), una oficina de Naciones Unidas que ha asistido al Ministerio Público (MP) en los principales casos de corrupción de los últimos años y que finalizará funciones en septiembre, luego de que el gobierno de Jimmy Morales no la renovara el contrato.
La ex primera dama fue denunciada por presunto financiamiento electoral ilícito de su anterior campaña, en una investigación conjunta de MP y Cicig. Sin embargo, la acusación se llevó a los juzgados después de que Torres fue inscrita como candidata, lo cual la blindó con antejuicio.
Giammattei, el segundo, según los sondeos
La salida de Ríos y Aldana, ambas descartadas por la justicia en un movimiento que consideraron "político" dejó en el segundo lugar a Alejandro Giammattei, candidato de Vamos, quien busca por cuarta vez la presidencia.
Giammattei obtuvo su mejor resultado electoral en 2007 cuando ocupó el tercer lugar como candidato del partido oficialista Gana. Durante el gobierno de Óscar Berger, fue director del Sistema Penitenciario, pero fue más tarde acusado de ejecuciones extrajudiciales de reclusos bajo su cargo en una investigación del Ministerio Público y la Cicig, aunque un tribunal finalmente cerró el caso en su contra.
Giammattei no ha ganado una elección a los cargos públicos a los que se ha postulado en 20 años. Sin embargo, en este proceso electoral bajo un sistema de balotaje, de llegar a segunda vuelta sus posibilidades podrían mejorar notablemente ya que, como se mostró en los últimos comicios presidenciales, Torres enfrenta un antivoto fuerte. Los últimos sondean apuntan a que más de la mitad de los electores "difícilmente o nunca" votarían por ella.
El presidenciable de Vamos es además fuerte en las áreas urbanas del país, zonas que históricamente tienen mayor participación de electores en la segunda vuelta, ya que las autoridades locales, como alcaldes o diputados electos el mismo día, ya ha sido votados en la primera ronda de los comicios.
Los que se disputan el tercer puesto
El tercer lugar se encuentra se encuentra más disputado, según apuntan los sondeos, que colocan a Edmond Mulet, del Partido Humanista (PM), Roberto Arzú García-Granados, de PAN-Podemos y Thelma Cabrera, del Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP).
Mulet, quien fue secretario general adjunto para Operaciones de Paz de Naciones Unidas entre 2011 y 2015 y presidente del Congreso a principios de los noventa, es un diplomático de carrera, que estuvo fuera de la política local por cerca de 20 años. En este proceso participa por el PM, de reciente creación, pero integrado con figuras del desaparecido Frente Republicano Guatemalteco (FRG), que gobernó entre 2000 y 2004.
Candidato emergente en esta campaña, Roberto Arzú García Granados es hijo del expresidente Álvaro Arzú, electo por el Partido de Avanzada Nacional, PAN (1996-2000) e investigado también por la Cicig en un caso de corrupción hasta su fallecimiento en 2018.
Arzú García-Granados nunca ha ocupado un cargo público y compite con una alianza de partidos que incluye al antiguo partido de su padre, el PAN, y una nueva agrupación, Podemos, que tiene entre sus liderazgos y candidatos a figuras del cancelado Partido Patriota, del expresidente Otto Pérez Molina, procesado por varios casos de corrupción.
El candidato de PAN-Podemos ganó notoriedad en este proceso electoral por su intenso uso de las redes sociales, y recibió una multa de US$160,000 por su uso de propaganda no regulada en estos medios. Además, enfrenta una demanda por US$6 millones presentada en Miami, Florida, por el consultor político Juan José Rendón por presuntos servicios de asesoría no cancelados.
La tercera en disputa es Thelma Cabrera, presidenciable del MLP. Indígena maya mam, Cabrera ha sido una de las candidatas que más rápido ha crecido en popularidad en este proceso.
El MLP, partido oficializado en 2018, es el instrumento político del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) una agrupación surgida en los años noventa entorno a reivindicaciones de tierra y derechos laborales de los trabajadores en la costa sur del país.
Dirigentes de Codeca han sido acusados en tribunales de promover conexiones ilegales a la red eléctrica y promover el impago de servicios de energía eléctrica en comunidades del interior del país. Como partido, el MLP promueve la revisión de las concesiones de recursos naturales por parte del Estado y la nacionalización del servicio de energía eléctrica, entre otras cosas.
Su reivindicación de la nacionalización de servicios públicos tiene de fondo la propuesta de “refundación del Estado” mediante una Asamblea Constitucional Plurinacional a semejanza de modelos políticos como los emprendidos en Bolivia por Evo Morales y en Ecuador por Rafael Correa.
Una probable segunda vuelta
Los sondeos apuntan a que ningún candidato presidencial obtendría más del 50% de los votos, lo que hace predecible una segunda vuelta con Torres y Giammattei. Torres lidera las estimaciones de voto, pero enfrenta el reto de no repetir la caída del 2015, cuando obtuvo el primer lugar en la primera vuelta, pero solo 1,328,000 votos en la primera vuelta frente a los 2,750,000 del actual presidente Jimmy Morales en segunda vuelta.
El ambiente político se ha caldeado en los últimos quince días con la amenaza de exmilitares de boicotear el proceso electoral, impidiendo el a los centros de votación si no reciben una compensación por supuestos servicios prestados durante el conflicto armado interno finalizado en 1996.
La amenaza, recurrente en otras elecciones, ha sido tomada con más seriedad luego de que este miércoles la fiscal general Consuelo Porras anunciara que el fiscal de Delitos Electorales, Oscar Schaad, ha salido del país “por amenazas tangibles” contra su vida y su familia. Esto una semana después de que Schaad confirmará que había iniciado una investigación de oficio contra los exmilitares que amenazaban con boicotear el proceso electoral.
Al clima político enrarecido de las últimas semanas, también ha contribuido las denuncias en redes sociales del supuesto uso de recursos públicos por parte del partido oficial, Frente de Convergencia Nacional, FCN-Nación, para actividades de campaña. La confianza de la ciudadanía en el TSE se ha visto afectada, a su vez, con el anuncio esta semana de la entrega de Q12.9 millones (US$ 1.67 millones) por parte del tribunal al partido oficial, en aportes públicos atrasados entre los años 2016 y 2018, pese a que el partido enfrenta un proceso de cancelación por irregularidades en su manejo de recursos.
