Autoridades de Nicaragua declaran “traidores a la patria” a los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli y a más de 90 opositores
Las autoridades de Nicaragua declararon este miércoles “traidores a la patria” a 94 opositores y críticos del gobierno, a los que además retiraron la nacionalidad y ordenaron la confiscación de sus bienes inmuebles.
La disposición, anunciada por el magistrado Ernesto Rodríguez Mejía, del Tribunal de Apelaciones de Managua, declara a los afectados, muchos exiliados, “prófugos de la justicia”. Además, no podrán ejercer cargos públicos ni de elección popular “de forma perpetua”.
Entre los afectados están los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, así como numerosos periodistas, activistas y defensores de derechos humanos como la abogada Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el periodista Carlos Fernando Chamorro, la exguerrillera Mónica Baltodano y su familia, y el excomandante sandinista Luis Carrión.
La medida llega apenas seis días después de la excarcelación y destierro de 222 opositores presos, quienes fueron enviados a Estados Unidos en un avión facilitado por el gobierno de Joe Biden. A los expulsados también se les quitará la nacionalidad nicaragüense, según se ha informado.
Acusados de propagar “noticias falsas”
Los delitos imputados contra los acusados son “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”, indicó Rodríguez Mejía. Esos delitos se han aplicado a decenas de opositores encarcelados en los últimos años.
Entre los 94 señalados, figuran además el obispo católico Silvio Báez y el sacerdote Edwin Román, ambos exiliados en Miami, la líder campesina Francisca Ramírez, el disidente exembajador ante la OEA, Arturo McFields, el excanciller Norman Caldera y el exvicepresidente de la Corte Suprema de Justicia Rafael Solís, que abandonó Nicaragua tras las protestas de 2018.
El texto leído por Rodríguez Mejía se refiere a la confiscación de propiedades como “inmovilización y decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles y sociedades” vinculadas a los acusados.
Las confiscaciones de propiedades fueron una práctica común durante el primer gobierno sandinista (1979-1990), del cual Ortega fue presidente durante cinco años. Miles de casas, haciendas y empresas industriales fueron expropiadas a personas ligadas al dictador Anastasio Somoza.
