Para el Vaticano son pecados, para las víctimas son delitos: el país con más denuncias de abusos del clero reacciona a las medidas del Papa
SANTIAGO DE CHILE, Chile.- “En este tipo de actos hay una revictimización. Estos pronunciamientos del Vaticano producen rabia porque uno quisiera ver actos reales, concretos”. Esas son las palabras con las que Helmut Kramer, un ingeniero de 47 años que fue abusado sexualmente por un sacerdote jesuita en el norte de Chile cuando era niño, se refiere a la Carta Apostólica en forma Motu Proprio “Vos Estis Lux Mundi”, que el papa Francisco dio a conocer el jueves pasado.
El documento, que el pontífice se había comprometido a entregar en la reunión que sostuvo en Roma con los presidentes de las Conferencias Episcopales del mundo en febrero pasado, establece nuevos procedimientos para prevenir y denunciar los casos de abusos dentro de la Iglesia. Las nuevas normas estipuladas entrarán en vigor el próximo 1 de junio y contemplan, entre otras cosas, medidas como la obligatoriedad para las distintas diócesis de entregarles “sin demora” a los obispos los antecedentes que les llegan y la creación de un plazo de 90 días para investigar los hechos.
Según los expertos, esta Carta Apostólica representa un cambio sin precedentes en la historia de la Iglesia Católica que no contaba hasta ahora con una regulación precisa para tratar las denuncias de abuso. Pero en Chile, el país de América Latina que concentra el mayor porcentaje de investigaciones contra religiosos y el mayor número de obispos removidos de sus cargos, no todos recibieron el documento con el mismo entusiasmo.
“El problema es que aquí se sigue manteniendo la mirada de que son sacerdotes los que investigan a sacerdotes. Esta carta legitima la Iglesia Católica como un ente capaz de investigar crímenes cometidos en territorio chileno, siendo que (los religiosos) no son abogados, no son investigadores, no son detectives ni son jueces”, dice Kramer, quien es hoy vocero de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos. “La Iglesia sigue tratando esto como pecados, para nosotros son delitos”.
Para Valeria López, abogada canonista y vocera de la organización Voces Católicas en Chile, con la Carta Apostólica “ el papa Francisco pone en evidencia una vez más su determinación de establecer medidas concretas para terminar con el problema de los abusos sexuales”.
Destaca varios puntos esenciales en las nuevas normativas: el hecho que establezca claramente la obligación para los clérigos y religiosos de informar no solo los delitos sexuales contra menores de edad, sino que también los que ocurran contra adultos vulnerables, así como el uso de pornografía infantil, las amenazas y los abusos de autoridad; la incorporación en el documento de medidas para tratar el problema del encubrimiento y la obligatoriedad para todas las diócesis de tener de aquí a junio de 2020 una estructura de fácil para la recepción de las denuncias; y la inclusión de procedimientos específicos en los casos en que las autoridades están involucradas en los hechos.
“Otro aspecto que es una fortaleza es que establece un procedimiento para los casos donde los denunciados son los cardenales, obispos, patriarcas y legados pontificios, o toda persona con algún encargo de gobierno pastoral”, dice López. “Ciertamente es un avance”.
Algunos temen, sin embargo, que la entrega de información a los obispos constituya un problema. Juan Carlos Claret, vocero de la Organización de Laicos y Laicas de Osorno que llevó una batalla de años contra la designación del obispo Juan Barros (acusado de encubrimiento) habla de la existencia de una estructura eclesiástica que obliga a los obispos al secretismo y que se mantendrá con estas nuevas regulaciones.
“¿Ayuda este protocolo a uniformar criterios? Sí, pero esta innovación lo único que hace es trasladar el problema a competencia exclusiva del obispo. Las causas van a seguir bajo secreto pontificio, se van a guardar en el archivo secreto diocesano regulado por el derecho canónico que establece también que cada cierto tiempo se debe eliminar la evidencia de las causas que ya fueron tramitadas”, dice. “ Es una estructura que obliga a los obispos a ser criminales”.
Claret teme además que el Motu Proprio del papa contribuya a favorecer acuerdos de colaboración como el que la Fiscalía de Chile intentó firmar con la Iglesia a fines de abril y que tuvo que ser desahuciado tras las críticas de la opinión pública y de las víctimas.
“El Papa en vez de obligar a los obispos a entregar los antecedentes a la justicia, los obliga a mantenerlos bajo la lógica vaticana, no quedándole más alternativa a la Fiscalía que firmar este tipo de convenios con la Iglesia que investiga para tener a las denuncias. Es un sistema perverso”, dice.
Marcial Sánchez, historiador y experto en la Iglesia Católica, no comparte del todo esa mirada, pero reconoce que el caso chileno presenta desafíos particulares por la profunda crisis en la que se encuentran las autoridades religiosas locales. Hoy, explica, entre 6 y 7 por ciento de los diocesanos y 10 obispos están siendo investigados. Además, dos cardenales fueron imputados por encubrimiento.
Las cúpulas que, según el documento, estarán a cargo de crear instancias para recibir e investigar las denuncias, aún están en proceso de recomposición. A eso se suma que la serie de escándalos por abusos eclesiásticos, que siguen saliendo a la luz pública, ha generado una profunda desconfianza en la población chilena. Hace menos de un mes, el país fue nuevamente golpeado por las denuncias de una mujer, Marcela Aranda, quien declaró haber sido brutalmente abusada por el sacerdote jesuita Renato Poblete, una figura muy respetada en Chile. El presbítero la habría incluso obligado a abortar en tres oportunidades.
Hoy, dice Sánchez, “la curia no alcanza más del 13% de adhesión”. En ese contexto, es difícil que las víctimas se acerquen a las autoridades de la Iglesia para denunciar.
Helmut Kramer, de la Red de sobrevivientes de abusos eclesiásticos, confirma el extremo descrédito de la Iglesia en su país. “En el caso chileno, este documento centraliza toda la información en la Conferencia Episcopal que en este momento está siendo investigada por la justicia, es decir que centraliza todo en las mismas personas que están siendo acusadas de encubrimiento”, lamenta. “Nos parece contradictorio de Francisco le dé aún más atribuciones a la conferencia Episcopal. No ha entendido que el fondo de la problemática es un tema de poder”.
Justicia canónica y justicia civil
La Carta Apostólica, no obstante, tiene distintas interpretaciones. El padre Eugenio de la Fuente es uno de los sacerdotes que fueron invitados a Santa Marta por el papa en junio del año pasado. Él fue víctima de abusos de consciencia y de poder por parte de Fernando Karadima, un influyente sacerdote de Santiago que abusó de decenas de menores durante décadas. Según este presbítero, una de las grandes fortalezas del documento del pontífice, es justamente que trata el tema del encubrimiento y que podría contribuir a terminar con la impunidad de la que gozaron durante décadas las autoridades de la Iglesia chilena.
“Creo que por fin dice una palabra muy clara para poner fin a ese fuero implícito que tenían los cardenales, los obispos, los religiosos y todos los equiparables. En eso es un paso muy grande. Se acabó el privilegio especial de ese ámbito jerárquico”. El padre de la Fuente destaca que el documento explicita por primera vez “mecanismos sobre a quién recurrir incluso cuando el metropolitano está afectado”.
Otro punto importante, dicen los expertos, es que el Motu Proprio, si bien no obliga a denunciar ante la justicia civil, sí invita claramente a hacerlo a través de su último artículo titulado “cumplimiento de las leyes estatales” que estipula que las nuevas normas “se aplican sin perjuicio de los derechos y obligaciones establecidos en cada lugar por las leyes estatales”.
“ Lo que más nos preocupa a nosotros en Chile son los códigos del silencio. Estos hacían que muchas veces los obispos conversaban con los sacerdotes y les decían “No es necesario que esto lo contemos, solucionemos los problemas entre nosotros”, dice Marcial Sánchez. “Pero hoy el artículo es muy simple y dice que hay potestad para efectivamente dar cuenta a la justicia civil o penal, como corresponda”.
Ese podría ser un punto central. Los especialistas afirman, efectivamente, que a pesar del gran avance que constituye esta Carta Apóstolica, sigue habiendo espacio para mejoras en las normativas del Vaticano. La abogada canonista Valeria López habla de “cierto vacío legal con relación a cómo llevar adelante las investigaciones en las que hay que avanzar para no vulnerar los derechos de las víctimas y de los denunciados”, mientras que el padre De la Fuente expresa preocupación frente a la poca capacidad investigativa que tiene la Iglesia. Recuerda que en la Santa Sede los oficiales de habla hispana dedicados a investigar abusos sexuales son muy pocos. Para que estas nuevas normativas puedan ser aplicadas es imprescindible generar la capacidad estructural de gente capacitada para que se puedan implementar.
“Es un trabajo casi titánico”, dice. “Pero yo soy optimista. El documento incluye elementos éticos que debieran estar hace mucho tiempo. Y al establecer la obligación de cumplir las leyes del país hace que las víctimas y quienes les ayudan se empoderen mucho más”.
