Un diálogo estancado y militares en las calles: Bolivia sigue sin ver la luz en la crisis política
LA PAZ, Bolivia.- Sumida en un estancamiento del diálogo entre el Gobierno provisional y los representantes del expresidente Evo Morales, y protestas donde los manifestantes denuncian haber sido reprimidos por el Ejército y la policía, Bolivia aún no logra ver la luz en la crisis política y social que estalló tras las elecciones del 20 de octubre.
La Iglesia Católica, Naciones Unidas y la Unión Europea promueven las conversaciones entre el Movimiento al Socialismo (MAS), de Morales, y el Gobierno de transición liderado por Jeanine Áñez para definir una convocatoria a las elecciones y la selección de quienes deben ser los máximos vocales o jueces electorales que dirigirán ese proceso.
“Estamos a contrarreloj y urge que la clase política esté a la altura de las circunstancias y sepa negociar”, dijo a Univisión Noticias el analista político Marcelo Arequipa, para quien la actual coyuntura de Bolivia “es de alta incertidumbre y una tensión social en la misma magnitud”.
No ha habido anuncios oficiales de avances tras las reuniones realizadas a puerta cerrada. Según fuentes citadas por medios locales, el tranque se debe a la insistencia de un sector del MAS de mantener sus protestas contra Áñez y pedir su exilio en México.
En tanto, la presencia de los militares en las calles se ve cada vez más fortalecida, sobre todo porque Áñez aprobó dos normas: un decreto que exonera de culpa a los militares en los operativos de control ante las protestas y otro que asigna un presupuesto adicional de casi $5 millones para el equipamiento castrense.
Los militares ya tuvieron un protagonismo al “sugerir” el 10 de noviembre la renuncia de Morales, lo que fue catalogado por Morales, sus partidarios y algunos países de la región como un golpe de Estado. Los adversarios políticos del ahora expresidente sostienen, en cambio, que las Fuerzas Armadas optaron por esa vía en lugar de salir a reprimir las protestas que acusaban al mandatario de fraude electoral.
La crisis se agudizó luego de que la Organización de Estados Americanos (OEA) denunció un fraude electoral tras una auditoría hecha por un equipo multinacional de profesionales, lo que después usó la Fiscalía General para acusar y detener a los máximos jueces electorales del país acusados de manipular los comicios.
Bloqueos y disturbios en puntos clave del país
Los tres mayores focos de conflicto se centran actualmente en los bloqueos desde hace varios días en la ciudad de El Alto, que impiden la llegada de gasolina y varios tipos de alimentos a la vecina La Paz; en la localidad de Sacaba, en Cochabamba, donde hay disturbios por choques entre seguidores de Morales y las fuerzas de seguridad, y en la localidad de Yacapaní, en la región de Santa Cruz, también por cortes en las carreteras que impiden la circulación de alimentos.
En los tres puntos, los manifestantes rechazan la presidencia de Áñez y piden el retorno de Morales, que está asilado en territorio mexicano desde el 12 de noviembre, el mismo día en que asumió la gobernante en una sucesión constitucional argumentada con el abandono del mandatario y las renuncias consecutivas de los oficialistas que estaban en la línea de sucesión.
Desde que comenzaron los conflictos postelectorales, han muerto 23 personas, según cifras de la Fiscalía General. Una parte durante las protestas que denunciaban fraude contra Morales y otra, en la gestión de Áñez.
El pasado viernes fue una de las jornadas más violentas con un saldo de nueve muertos por disparos en Sacaba en medio de choques entre los campesinos de la federación de productores de hojas de coca, a la que pertenece Morales, y una fuerza compuesta por los militares y los policías.
La violencia contra las protestas ya está en la mira de la alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, que ha enviado una comisión a Bolivia para investigar lo sucedido en Sacaba.
La disyuntiva entre el retorno de Morales y el llamado a elecciones
Lo que pase en próximas horas o días en Bolivia se definirá entre los planteamientos de la vuelta de Morales al país con su intención de acabar el tercer mandato hasta el 22 de enero del 2020, pese a su renuncia y el asilo en México, y la posibilidad de que Áñez convoque por decreto a nuevas elecciones y use una norma similar para elegir a los vocales electorales, si no hay un consenso con el MAS para elaborar una ley que avale el proceso.
“Creo que pensar en el retorno de Evo Morales, pensar en que él sea como el eslabón que vaya a resolver este conflicto ya es algo desfasado. Él en este momento no forma parte de la solución, sino más bien que forma parte del problema que vivimos”, consideró el analista Arequipa.
Un sector parlamentario del MAS ha convocado a una sesión de la Asamblea Legislativa en las próximas horas en la que se prevé leer la carta de renuncia del mandatario antes de salir del país, lo que ha abierto una interrogante acerca de la posibilidad de que la misiva sea rechazada, lo que equivaldría a que Morales recupere el cargo de presidente y Áñez sea destituida.
Un sector del MAS, que perdió el poder tras casi 14 años consecutivos, apuesta a mantener el conflicto, mientras que otro mantiene negociaciones con el Gobierno.
“La posible destitución de Áñez y el retorno de Morales nos plantea una mayor conflictividad. Pedir la renuncia de Añez está fuera de la ley, es subversivo”, advirtió, de su parte, politólogo Carlos Cordero, para quien “la única solución a la crisis es electoral”.
Cordero dijo a Univisión Noticias que la historia ha demostrado que “a pesar de las tensiones y el nivel de conflictividad, la sociedad boliviana apuesta siempre por las salidas democráticas”.
La convocatoria por decreto a elecciones tiene un precedente que data del 2005, cuando el presidente de transición Eduardo Rodríguez Veltzé en 2005 organizó los comicios que luego ganó Morales por mayoría absoluta.
La designación de magistrados judiciales por decreto, por su parte, también tiene un precedente en dos normas similares del mismo Morales, lo que permitiría a Áñez avanzar con el nombramiento de los del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en reemplazo de los que están detenidos.
En medio del secretismo sobre las conversaciones y los plazos, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que fue un factor clave en la organización de las protestas para exigir la renuncia de Morales, ha pedido públicamente a la presidenta que se designe a más tardar este jueves a los nuevos magistrados y que los comicios se celebren el 19 de enero.
Dar un paso hacia las nuevas elecciones podría tener el efecto de concentrar a las fuerzas políticas y a la ciudadanía en la campaña electoral, aliviando las tensiones en el país, de acuerdo con analistas.
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