Centroamérica se rearma contra sí misma
Ningún país de Centroamérica está en guerra y dos de ellos ni siquiera tienen un ejército. La Guerra Fría solo vive en los libros de historia y el territorio centroamericano debería estar ya muy lejos de ser aquel laboratorio de pulsos entre Washington y Moscú. Nadie ha renegado de los acuerdos de paz de 1987 y muchos de los guerrilleros de otrora ahora son empresarios o políticos en democracia, incluso presidentes. La angosta franja en mitad de América es un escenario teórico de paz.
Todo eso es cierto, sí, pero Centroamérica está cada vez mejor preparada para los combates armados, con más hombres y mejores equipos.
Con una tasa de crecimiento de 50.6% en el gasto militar entre 2004 y 2014, la región integrada por siete países da señales claras de haber retornado ese reciente pasado militarista que la desangró y que expulsó a cientos de miles de sus habitantes. Las fuerzas armadas han crecido hasta sumar ahora 73.000 hombres cada vez más fuera de los cuarteles, con tareas de seguridad ciudadana en el marco de la “mano dura” contra la delincuencia o de combate contra ese enemigo amorfo y hábil llamado narcotráfico.
Los enemigos no son ya los revolucionarios o las fuerzas ‘contrarevolucionarias’ ni el país vecino alineado con el otro bloque mundial. No, ahora el ‘enemigo’ puede andar vestido de civil entre las barriadas miserables o las urbes desordenadas, de campesino en los caminos rurales o en las montañas, quizás un opositor político. Puede ser el pandillero o el peón de una finca donde aterrizan avionetas con cocaína, el pescador que sirve de enchufe para los capos de la droga o toda una alameda dominada por una ‘mara’, cuando los escrúpulos no sobran. Con la escalada militar centroamericana y la probada debilidad de las instituciones democráticas, quedan dudas sobre el predominio de los criterios civiles en las respuestas a los problemas que azotan a la región donde viven 47 millones de personas.
Son la delincuencia común y el narcotráfico, aunados a la incapacidad policial y a los estímulos de Estados Unidos los justificantes que han sacado de los cuarteles a las fuerzas armadas en Guatemala, El Salvador y Honduras, países del llamado “triángulo norte” centroamericano, convertido en una de las regiones sin guerra más sangrientas del mundo. Lo señala el Quinto Informe Estado de la Región, presentado este mes y cuya conclusión principal es la incapacidad regional de romper las estructuras de exclusión social que mantiene en la pobreza a más de la mitad de la población, con desafíos grandes en materia de educación.
A ese “triángulo norte” se suma Nicaragua, cuyo presidente Daniel Ortega ha logrado revertir el proceso de separación del Ejército Nacional del poder político y lo ha colocado como un poderoso factor de respaldo en sus cuestionables políticas internas, incluso con participación en ejercicios en zonas rurales. Esta semana exhibió uno de los 50 tanques rusos que, según reportes periodísticos desde Moscú, había pactado con el gobierno de Vladimir Putin por $80 millones, aunque el jefe del ejército nicaragüense, Julio César Avilés, aseguró que el equipo es donado. En Managua se sospecha que incluso son vehículos usados. Igual, son tanques de guerra, lamentan los opositores.
Con Costa Rica y Panamá carentes de ejércitos y por tanto, observantes de los movimientos militares de sus vecinos, Centroamérica parece alojar un renaciente duelo de influencia entre Estados Unidos y Rusia, proyectado mediante una competencia de Nicaragua con el “triángulo norte”, señala Jorge Vargas Cullell, director del Programa Estado de la Nación, la plataforma académica costarricense a cargo del informe regional. Además de la utilidad de una institución con alto reconocimiento popular en la política interna, el Ejército nicaragüense ve cómo sus vecinos del norte refuerzan y ejercitan sus fuerzas armadas. Honduras es el país que más las ha hecho crecer, lo que significó que el gasto público que a ellas le dedica per cápita pasó de 9 dólares en 2004 a 30 dólares en 2014, según el informe.
Ahí está el desfase. Mientras el costo militar por habitante en Honduras creció más de un 200%, el presupuesto anual del Poder Judicial per cápita alcanza solo los 10 dólares. Los hondureños sacaron de sus arcas 1,518 millones de dólares en la última década para comprar armas a Estados Unidos, un volumen que representa el 75% del total que la región pagó por armamento y equipos estadounidenses. Esto concuerda con el constante llamado de Washington para combatir el narcotráfico y las bandas vinculadas en la región, a la que dedicó $768 millones en asistencia para seguridad.
Guatemala aumentó un 57% en los últimos seis años el tamaño de su ejército, al pasar de 14,193 en 2008 a 22,326 en 2014. Las fuerzas armadas de El Salvador aumentaron en un 50% y en 2014 contaban con un recurso de 24,800 personas, el contingente más numeroso de la región y el más oneroso, con más de $250 millones (41 dólares por habitante). Lo ha empleado en tareas de contención de la delincuencia en las calles, mediante decretos extraordinarios que son cada vez más usuales, pero han brotado también las denuncias por abusos y participación en muertes de pandilleros.
Nicaragua tiene solo 10,358 efectivos, pero su presupuesto se expandió un 80%. Refleja la aparente compra de 50 tanques de guerra rusos T72B, seis cazabombarderos MIG-29 (a $29 millones por unidad) y helicópteros MI-171, además de 12 sistemas de defensa antiaérea ZU-23-2, de acuerdo con informaciones emitidas en Moscú. Este equipo nuevo ha provocado la preocupación de Costa Rica, cuya Cancillería acusa un quebranto de los equilibrios en la región y asegura que prohibirá el paso de ese equipo por sus aduanas.
La competencia, sin embargo, está dirigida hacia el “triángulo norte” y en concreto Honduras, según Vargas Cullell, aunque también es clara la intención del gobierno de Ortega de hacerse con el favor de las fuerzas armadas. Tampoco han faltado las quejas de organizaciones derechos humanos por el uso del Ejército para reprimir manifestaciones contra el megaproyecto del canal interoceánico que Managua ha encargado al empresario chino Wang Jing.
