Quiénes son los colaboradores de Trump acusados de interferir en las elecciones de 2020
Mientras Donald Trump busca regresar a la Casa Blanca, se acumulan cargos penales para las personas que intentaron ayudarlo a permanecer allí en 2020 a partir de sus falsas teorías de fraude electoral.
En al menos cuatro de los estados ganados en 2020 por el presidente Joe Biden se han presentado cargos a quienes supuestamente conspiraron para instalar a electores que votarían a favor de Trump en el Colegio Electoral y enviar al Congreso certificaciones que al menos retrasaran o bloquearan la oficialización de la victoria del entonces candidato demócrata el 6 de enero de 2021.
Algunos de los acusados de participar en ese esquema de injerencia electoral siguen involucrados en la política republicana en la actualidad, incluido el abogado que supervisa la “integridad electoral” para el Comité Nacional Republicano.
Y por supuesto Trump, que como imputado enfrenta cargos federales en Washington DC y estatales en Georgia, y es co-conspirador no acusado en los proceso abiertos en Arizona y Michigan.
He aquí un vistazo a quiénes son y la acusación que enfrentan estas personas de la órbita de Trump.
Donald Trump
El expresidente enfrenta cargos estatales en Georgia y cargos federales en Washington DC por sus esfuerzos por revertir su derrota electoral de 2020 y ha sido identificado como un cómplice no acusado por investigadores en Arizona y Michigan.
En Georgia, la fiscalía del condado de Fulton se basó en la conocida como ley RICO, usada para combatir el crimen organizado, para acusar a Trump y a otras 18 personas de participar en un plan de amplio alcance, que incluía el esfuerzo de los electores republicanos, para tratar ilegalmente de revertir su estrecha derrota en el estado.
Trump es el único acusado en el caso federal en Washington DC, pero varios colaboradores cercanos son reconocibles como cómplices no acusados.
El expresidente ha negado haber cometido ninguna ilegalidad y su alegada inmunidad presidencial absoluta llegó a la Corte Suprema.
Y, por supuesto, sigue activo en política. De hecho, tras haber ganado las primarias republicanas, está a la espera que su condición de candidato presidencial en noviembre sea formalizada en la convención del partido.
Rudy Giuliani
Extorsión y conspiración se encuentran entre los cargos que enfrenta en Georgia el exalcalde de Nueva York y abogado alineado con Trump. En Arizona, los cargos en su contra aún no se han hecho públicos.
En Michigan, un investigador estatal testificó que Giuliani se encuentra entre varios cómplices de alto perfil no acusados en un caso contra republicanos que firmaron certificados de electores diciendo falsamente que Trump había ganado el estado.
También es un cómplice no acusado en el proceso federal en Washington DC, que cita comentarios que hizo en la manifestación 'Stop the Steal' antes del asalto al Capitolio.
Su portavoz, Ted Goodman, dijo en un comunicado el jueves que “el continuo uso del sistema de justicia como arma política debería preocupar a todos los estadounidenses, ya que causa un daño permanente e irrevocable al país”.
Christina Bobb
Christina Bobb es una abogada y personalidad de los medios conservadores que fue acusada en Arizona. Trabajó estrechamente con Giuliani mientras él intentaba persuadir a los legisladores de ese estado para que bloquearan la certificación de los resultados electorales.
Más tarde recaudó dinero para una auditoría desacreditada de los resultados electorales en el condado de Maricopa y cubrió el espectáculo para One America News Network.
Como abogada de Trump, Bobb firmó una carta en la que afirmaba que se había llevado a cabo una “búsqueda diligente” de registros clasificados y que todos esos documentos habían sido devueltos al gobierno antes de que una búsqueda del FBI revelara docenas de documentos protegidos en su casa de Mar-a-Lago.
Recientemente fue designada para supervisar los esfuerzos de “integridad electoral” en el Comité Nacional Republicano.
Cuando se le preguntó sobre el papel de Bobb en el Comité Nacional Republicano, el portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, acusó a los demócratas de “convertir el sistema legal en un arma política”.
Boris Epshteyn
Colaborador de Trump desde hace mucho tiempo, Boris Epshteyn está entre los acusados de Arizona por, presuntamente, ayudar con el plan de los electores falsos.
Es un abogado que ha estado al lado de Trump en algunas de las comparecencias del expresidente ante los tribunales, incluida la del jueves en Nueva York.
Epshteyn fue uno de los principales portavoces en la campaña presidencial de 2016 y realizó frecuentes apariciones en televisión. Se desempeñó brevemente como asesor principal de la Casa Blanca antes de convertirse en analista de Sinclair Broadcast Group.
Mark Meadows
El jefe de la Casa Blanca de Trump está acusado de extorsión en Georgia, pero no en relación con la reunión de electores republicanos. Entre otras cosas, participó en una llamada telefónica en enero de 2021 entre Trump y el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, durante la cual el entonces presidente instó al funcionario electoral a ayudar a “encontrar” los votos necesarios para revertir su estrecha derrota en el estado.
Los cargos de Meadows en Arizona no se conocen públicamente. También fue identificado por el investigador del estado de Michigan como un cómplice no acusado.
Su abogado, George Terwilliger, se refirió a la acusación del miércoles en Arizona como una “acusación descaradamente política y politizada y será impugnada y derrotada”.
Meadows ahora trabaja para el Conservative Policy Institute, un grupo de expertos de Washington que describe su papel como líder de “iniciativas estratégicas en el Capitolio, con otras organizaciones asociadas y con activistas de base en todo el país”.
John Eastman
A John Eastman, exdecano de la facultad de derecho de la Universidad Chapman en el sur de California, se le atribuye la autoría de un memorando argumentando que Trump podría permanecer en el poder si el entonces vicepresidente Mike Pence anulaba los resultados de la certificación electoral durante una sesión conjunta del Congreso utilizando las listas de electores republicanos de los estados en el campo de batalla.
Los cargos contra él en Georgia incluyen extorsión y conspiración, mientras que los cargos en Arizona no se han hecho públicos. También se le menciona como co-conspirador no acusado en la acusación federal, que cita sus comentarios en la manifestación “Stop the Steal” del 6 de enero de 2021 en Washington.
Se declaró inocente de los cargos en Georgia y su abogado Charles Burnham dijo que es inocente de los cargos en Arizona.
Jenna Ellis
Ellis fue acusada en Georgia después de aparecer con Giuliani en una audiencia en diciembre de 2020 organizada por legisladores republicanos estatales en el Capitolio de Georgia durante la cual se hicieron acusaciones falsas de fraude electoral. Se declaró culpable en octubre de un delito grave de complicidad en declaraciones y escritos falsos después de llegar a un acuerdo con los fiscales. No fue acusada en relación con los esfuerzos de los electores republicanos en Georgia.
No quedó claro de inmediato si tenía un abogado en Arizona que pudiera comentar sobre los cargos que enfrenta allí, que aún no se han hecho públicos.
Michael Romano
Roman, miembro del personal de la campaña de Trump y ex asistente de la Casa Blanca, fue acusado de varios cargos de conspiración relacionados con la reunión de electores republicanos y la presentación del certificado de elector en Georgia. También fue acusado en Arizona.
Roman se declaró inocente de los cargos en Georgia. No quedó claro de inmediato si todavía tenía un abogado en Arizona.
Kenneth Chesebro
Chesebro, un abogado, trabajó con republicanos en múltiples estados indecisos para coordinar y ejecutar el plan electoral de Trump. Fue acusado de extorsión y varios cargos de conspiración en relación con ese trabajo en Georgia y en octubre llegó a un acuerdo con los fiscales para declararse culpable de un delito grave de conspiración para cometer la presentación de documentos falsos.
Chesebro es un cómplice no acusado en la acusación electoral federal de Trump, que dice que "ayudó a diseñar e intentar implementar un plan para presentar listas fraudulentas de electores presidenciales para obstruir el procedimiento de certificación".
También fue nombrado en la demanda civil de Wisconsin, y cuando entregó los documentos para resolver esa demanda no itió responsabilidad, pero prometió nunca participar en esfuerzos similares.
Sidney Powell
Powell, abogada y aliada inquebrantable de Trump, fue acusada de extorsión y conspiración en Georgia, pero no estuvo implicada en el plan electoral. La acusación del condado de Fulton la acusó de participar en una violación no autorizada del equipo electoral en una oficina electoral del condado rural de Georgia.
En octubre se declaró culpable de seis delitos menores acusándola de conspirar para interferir intencionalmente con el desempeño de deberes electorales después de llegar a un acuerdo con los fiscales.
Es una cómplice no acusada en el caso de interferencia federal en las elecciones, donde los fiscales dicen que presentó una demanda en Georgia que amplificaba acusaciones falsas o sin fundamento de fraude electoral.
Jeffrey Clark
Clark era un funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos que defendió las falsas afirmaciones de fraude electoral de Trump. Fue acusado en Georgia de extorsión e intento criminal de cometer declaraciones y escritos falsos después de presentar a sus colegas un borrador de carta instando a los funcionarios de Georgia a convocar una sesión legislativa especial sobre los resultados de las elecciones.
Se declaró inocente de los cargos en Georgia.
También fue uno de los co-conspiradores no acusados en la acusación electoral federal contra Trump.
Electores republicanos de Trump
Además de en Arizona, se han presentado cargos penales contra republicanos que se presentaron como electores en Michigan, Georgia y Nevada. Los republicanos de Wisconsin que firmaron certificados de electores llegaron a un acuerdo en una demanda civil, itiendo que sus acciones fueron parte de un esfuerzo por anular la victoria de Biden. No se han presentado cargos en Pensilvania ni en Nuevo México, y el fiscal general de este último dijo que no hay posibilidad de enjuiciamiento según la ley estatal.
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