ACLU demanda a Trump por violar derechos constitucionales de inmigrantes encarcelados
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) demandó el miércoles en una corte de Los Ángeles al presidente Donald Trump por "violar los derechos constitucionales" de inmigrantes detenidos en la Prisión Federal de Victorville, ubicada en California.
La demanda, que es también contra la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), se origina con el traslado desde junio pasado de inmigrantes desde instalaciones de ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a "cárceles operadas por la Oficina Federal de Prisiones (BOP)" y en la que se albergan a convictos, indica un comunicado.
Los trasladados de unos 1,600 inmigrantes indocumentados, entre ellos solicitantes de asilo y padres separados de sus hijos en la frontera, fueron a instalaciones de BOP en California, Texas, Arizona, Oregón y Washington.
Las separaciones fueron anunciadas en abril por el gobierno de Trump como parte de la política de 'tolerancia cero'. Si bien no existe una ley que regule esta práctica, el gobierno ideó formular cargos criminales por ingreso ilegal a padres inmigrantes para poder arrebatarles a sus hijos mientras concluyen sus casos en los tribunales de justicia.
La práctica fue implementada entre el 5 de mayo y el 9 de junio, pero fue desestimada por Trump tras una ola de criticas dentro y fuera de Estados Unidos. Durante ese período de tiempo fueron afectados 2,551 menores, según reconoció el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Los argumentos de ACLU
"Como las políticas de separación familiar y 'tolerancia cero' de la istración Trump, estas transferencias se hicieron de manera precipitada y sin tener en cuenta la vida de las personas detenidas", dijo Victoria López, abogada del Proyecto de Prisión Nacional de la ACLU.
Las primeras quejas tienen que ver con la poca o nula comunicación entre los inmigrantes detenidos y sus abogados y familiares, una práctica que se ha vuelto común desde que Trump llegó a la Casa Blanca en enero de 2017.
Una demanda de emergencia fue presentada entonces por ACLU el pasado 20 de junio. Un día después, el juez Otis Wright II, del Tribunal de Distrito en Los Ángeles, ordenó al Gobierno Trump dar a los detenidos a la ayuda legal para poder defender sus derechos de permanencia en el país.
La comunicación de los abogados con sus clientes permitió conocer los problemas que estaban enfrentando los detenidos en la cárcel, ubicada al noreste de Los Ángeles, entre ellas la falta de atención médica y de salud mental adecuada.
La demanda presentada el miércoles asegura que los detenidos no tienen mínimo a espacios al aire libre, aire fresco y luz solar, y que la alimentación es inadecuada e insuficiente.
La querella recalca además que, continúa la falta de a asesoría legal, que los materiales sobre su caso están en inglés y que los inmigrantes describen sus condiciones como "peligrosas y caóticas".
ACLU ha advertido que la firma de documentos cuyo contenido desconocen los inmigrantes privados de libertad puede llevarlos a perder sus derechos de permanencia en Estados Unidos.
Un caso
Uno de los casos nombrados en la demanda es el de Noé Mauricio Granados Aquino, un solicitante de asilo político que fue trasladado el pasado el 20 de julio a la cárcel en Victorville y a quien se le confiscó una biblia tras ser detenido en la frontera.
El inmigrante, un cristiano de arraigadas creencias religiosas, sufre una fuerte depresión a causa del aislamiento que experimenta.
"Confinar inmigrantes en estas condiciones es inconcebible e inconstitucional", recalca López.
La demanda solicita al Tribunal que ordene, dentro de un plazo estricto y lo más rápido posible, el traslado de todos los inmigrantes detenidos en Victorville a instalaciones de ICE.
Además que ordene atención médica adecuada, buena alimentación, textos religiosos, oportunidades de oración y adoración en grupo, y otras adaptaciones necesarias para practicar sus creencias religiosas, entre otras.
En junio ACLU presentó en una corte federal del sur de California, en San Diego, una demanda para frenar la separación de familias en la frontera. El día 26 de ese mes, el juez Dana Sabraw ordenó al gobierno que en un plazo de 14 días reunificada a los menores de 5 años y 30 días al resto de niños.
En el vencimiento del primer plazo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) solo reunificó a 58 de los 103 menores de 5 años reconocidos por el gobierno. Al término del segundo plazo, el 26 de julio, el DHS dijo que unos 650 menores no habían sido reunificados, entre otras causas, porque sus padres habían sido deportados o porque no eran elegibles para cumplir con el mandato de la corte.
El fin de semana pasado el juez Sabraw emitió una segunda orden al gobierno para que entregue la lista completa y detallada de todos los menores que no fueron reunificados, además de un plan para reunificarlos.
El plazo venció a la medianoche de ayer miércoles. Se espera que la corte emita una opinión este jueves para conocer si el gobierno, esta vez, cumplió con lo ordenad por el tribunal.
