ACLU vuelve a demandar al gobierno por su lentitud al reunificar a las familias separadas en la frontera
Mientras los abogados del gobierno vuelven a justificar las demoras en la reunificación de más de 400 menores separados forzosamente en la frontera con México entre mayo y junio, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) dijo el jueves que presentaron una nueva demanda a nombre de dos casos en los que el gobierno denegó la reunión familiar porque los padres tenían antecedentes criminales.
El anuncio ocurre seis semanas después de finalizar el plazo fijado el 26 de junio por el juez federal Dana Sabraw, quien ordenó al gobierno reunificar en un plazo de 30 días a los más de 2,500 menores separados forzosamente de sus padres, luego que a estos les formularan cargos criminales por ingreso ilegal a Estados Unidos.
Hasta ahora, de acuerdo a documentos entregados el jueves al tribunal, más de 600 menores permanecen bajo la custodia de las autoridades federales o fueron entregados a personas que no eran sus progenitores con los que llegaron a la frontera, sino a familiares o amigos.
Los casos de la demanda
Uno de los casos incluidos en la demanda corresponde al de un menor de 4 años (tenía 3 cuando fue separado en la frontera por los agentes de la Patrulla Fronteriza). El menos no fue reunificado porque la madre tiene una orden de arresto en el extranjero a causa de presuntamente ser miembro de una pandilla.
La ACLU señala que la mujer niega acusación, y que incluso un juez de inmigración ha señalado que tal orden no era evidencia suficiente para determinar que representaba un peligro para la comunidad.
"Este menor está sufriendo mucho en detención y en particular está en riesgo de un daño grave e irreparable", consideraron los abogados de ACLU.
El segundo caso corresponde a un menos de dos años separado de su padre. El gobierno puso en duda su parentesco, pero luego argumentó que el progenitor tenía antecedentes criminales desde 2010.
El Gobierno dijo en la corte de Sabraw que, si existe desacuerdo con sus decisiones, "los demandantes pueden presentar los casos de aquellos individuos que consideren fueron excluidos erróneamente ante la corte para su resolución".
El gobierno sostiene, además, que hay 53 casos en los que los padres han accedido a que el menor sea enviado a su país de origen, entre ellos 20 que ya cuentan con una orden de salida voluntaria. Y que otros 109 padres han renunciado a su derecho de reunificación y han optado a que el menor sea entregado a un familiar o tutor en Estados Unidos.
Demora preocupante
La lentitud en el cumplimiento de la orden judicial inquieta a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). Argumenta que la demora tiene consecuencias en la salud emocional de los niños, daños que pudieran convertirse en permanentes.
El grupo de derechos civiles publicó en su página de la red social Twitter un nuevo recordatorio, diciéndole al gobierno que “el impacto que esta política (de separaciones forzadas) tiene en el bienestar emocional y psicológico de los niños, persistirá durante décadas.
En un segundo mensaje la ACLU fustiga que el gobierno haya anunciado su salida del acuerdo judicial de 1997 conocido como Flores versus Meese, que prohíbe la privación de libertad de menores inmigrantes. El objetivo de la Casa Blanca es mantener presos a los inmigrantes y con ello garantizar sus deportaciones.
“Otro ejemplo más de la hostilidad de la istración Trump hacia los inmigrantes que resulta en una política incompatible con los valores humanos básicos”, escribió la ACLU. “Es repugnante ver que el gobierno busca formas de encarcelar a más niños por más tiempo. Esto es todo lo contrario de lo que deberíamos estar haciendo”, agregó.
El último dato
De acuerdo con los informes del gobierno entregados el jueves, hasta ahora han sido reunificadas 2,181 de las 2,654 afectados por la política de tolerancia cero del gobierno de Trump.
En junio, cuando el tribunal presidido por Sabraw emitió la orden de reunificación, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había afirmado que el número de separaciones alcanzaba las 2,551.
La diferencia en la cifra de separaciones es una más de las inconsistencias denunciadas por la ACLU desde que arrancó el juicio.
La ACLU también ha denunciado que los datos que el gobierno la proporcionado sobre las familias afectadas (nombres, direcciones y números de teléfono, entre otros) son insuficientes para poder ubicarlos y ayudar en las reunificaciones.
Las cifras también indican que de los 416 menores que permanecen bajo cuidado de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), después de haber sido entregados por el Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS), son hijos de inmigrantes sobre los que el gobierno asegura haber hallado factores de riesgo, tales como historial delictivo del padre o simplemente porque no son aptos de recibir al menor.
Documentos dudosos
La ACLU reitera que es “lamentable” que el gobierno no haya podido reunificar a la totalidad de las familias separadas en la frontera “siendo que se trata de un problema que ellos generaron y no supieron responder a la hora de regresarlos con sus padres”, dijo ha dicho Esmeralda Flores, directora del programa de defensa de los derechos de inmigrantes y asuntos binacionales de la ACLU en San Diego.
“La angustia de estas familias es evidente”, dijo Clara Long, investigadora sénior del programa sobre Estados Unidos de Human Rights Watch. “No saber dónde están sus hijos o por qué el gobierno no los libera, les causa un enorme padecimiento”.
Durante los dos últimos meses, Human Rights Watch y Justice in Motion, que defiende los derechos de los migrantes en América Latina y Estados Unidos, han realizado entrevistas exhaustivas a padres en El Salvador, Honduras y Guatemala cuyos hijos siguen en Estados Unidos. Muchos afirmaron haber estado meses sin saber por qué sus hijos no han sido liberados o enviados de regreso, y esto les provoca un grave daño psíquico.
Testimonios de la tragedia
“Más que todo, nos estamos traumando”, indicó Pablo D. desde su vivienda en el departamento de Huehuetenango, en Guatemala. Pidió que se lo identificara de esa forma por temor a que, si hablaba, esto pudiera demorar de algún modo el reencuentro con su hijo. Su hijo Byron, de ocho años, ha estado detenido en Estados Unidos desde fines de mayo de 2018. “Los padres estamos aquí tratando de sobrevivir esto. Imagínese los niños ahí, estando solos. Están como que sus papás ya no existen”.
Muchos de los padres entrevistados aceptaron ser deportados con la expectativa de que sus hijos se fueran con ellos. Algunos han tomado la difícil decisión de permitir que sus hijos permanezcan en Estados Unidos para que sigan adelante con sus propios trámites de inmigración, pero otros desean que sus hijos regresen y han tenido que esperar meses para la reunificación.
Los padres deportados solos han revelado que firmaron documentos en inglés, un idioma que no conocen, y renunciaron a sus derechos de permanencia y de tutela de sus pequeños sin que nadie les advirtiera de los riesgos que ello implicaba.
La preocupación por sus hijos ha hecho que algunos padres dejen de comer, tengan problemas para dormir, sufran pesadillas y, en un caso, una persona tuvo que ser internada por ansiedad, según contaron familias a Human Rights Watch. Tras la reunificación, varias familias indicaron que sus hijos parecían estar traumados por la experiencia vivida.
