7 claves del plan migratorio bipartidista que incluye un camino a la ciudadanía para algunos indocumentados

El martes fue presentado en Washington DC el plan migratorio ‘Dignidad 2023’ patrocinado por las congresistas María Elvira Salazar (R-Florida) y Verónica Escobar (D-Texas). La iniciativa, según las autoras, busca activar un debate por ahora estancado en ambas cámaras e incluye una vía de legalización para ciertos indocumentados que llevan tiempo en Estados Unidos y carecen de antecedentes criminales.

De avanzar a nivel de comité en la Cámara de Representantes, el proyecto de ley necesita 218 votos en el pleno donde los republicanos tienen mayoría con 222 curules mientras que los demócratas cuentan con 213 escaños. En el Senado, por su parte, donde los demócratas tienen una mínima mayoría con 51 asientos, tres de ellos independientes, el futuro del plan es complejo y se requieren 60 votos para ser aprobado.

Hasta ahora los liderazgos de ambos partidos no se han pronunciado al respecto, al igual que la Casa Blanca, que en marzo de 2021 logró una victoria a medidas en la Cámara Baja con la aprobación de dos iniciativas bipartidistas de reforma migratoria con un camino a la ciudadanía para unos 4 millones de indocumentados.

Ambos proyectos de ley, sin embargo, perecieron en el Senado por falta de apoyo tanto de republicanos como demócratas.

“Damos la bienvenida y apreciamos cualquier esfuerzo serio para forjar una solución bipartidista en inmigración y reemplazar los miopes intentos de corto plazo con una modernización integral de nuestro sistema migratorio disfuncional", dijo Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America’s Voice tras la presentación de la iniciativa.

Estas son las claves del nuevo proyecto denominado ‘Ley Dignidad 2023’.

Los ejes del proyecto Dignidad

La iniciativa de ley se basa en cuatro pilares:

1. Seguridad fronteriza;
2. Asilo;
3. Legalización, camino a la ciudadanía;
4. Proteger a los trabajadores estadounidenses;
5. Inmigración legal (cambios al programa de visas H-2); y
6. Reducir los atascos en el servicio de inmigración y la Corte de Inmigración.

"Nos preocupan algunas de las disposiciones del proyecto de ley, pero también entendemos que se trata de un punto de partida", indicó Cárdenas. "Antes de resolver los problemas que plagan a nuestro sistema migratorio, los legisladores deben sentarse en la mesa de negociación, y las congresistas Salazar y Escobar y sus colegas al menos están iniciando el diálogo y preparando esa mesa".

1. Seguridad fronteriza

El proyecto asigna $25,000 millones para asegurar la frontera. Además, obliga al 100% de empleadores el uso del programa E-.

Nota. La ley actual incluye el uso del programa para verificar el estado migratorio de los trabajadores.

El plan, además, incluye:

• La construcción de “barreras físicas mejoradas y despliega la tecnología más avanzada en la frontera”;
• Fondos para la contratación de nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza y unidades de inteligencia fronteriza;
• Nuevos sistemas de ubicación y rastreo de traficantes de personas y carteles del narcotráfico;
• Designa a los carteles mexicanos como organizaciones delictivas transnacionales especiales;
• Completar el sistema biométrico de entradas y salidas en los puertos fronterizos;
• Autoriza al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) utilizar pruebas de ADN para verificar las relaciones familiares.

2. Política de asilo

El plan migratorio bipartidista recomienda ‘acelerar’ el proceso de asilo y resolver casos en un plazo de 60 días. Pero no menciona que el gobierno de Joe Biden lo aceleró en mayo del año pasado y estipuló plazos de hasta 45 días para tomar decisión respecto a conceder y rechazar un caso de asilo.

Tampoco menciona las políticas implementadas a partir del 12 de mayo, tras el levantamiento de la Orden del Título 42 de los Centros para el Control de las Enfermedades (CDC), que incluyen nuevas regulaciones de asilo, procesos expeditos, a asesoría legal y deportaciones aceleradas para aquellos que no tienen una causa o motivo legal para permanecer en Estados Unidos.

Además, recomienda:

• Poner fin a la política del ‘catch and release’ (capturar y liberar);
• Crea cinco Campus Humanitarios (HC) en la frontera sur para recibir personas y familias que lleguen en busca de asilo;
• Los extranjeros permanecerán detenidos hasta que se resuelvan sus casos de asilo;
• Los casos de asilo se resolverán en un plazo de 60 días;
• Crea cinco centros de inmigración adicionales en América Latina para detener las caravanas de migrantes,
• Establece una nueva política de doble penalización para quienes sean atrapados cruzando por un lugar que no sea puerto de entrada, con el fin de garantizar que los solicitantes de asilo legítimos reciban el tratamiento adecuado mientras se detiene a los delincuentes.

Nota 1 . La política del ‘catch and release´ data de 1990. El gobierno, por autoridad Ejecutiva, puede optimizar los recursos y poner bajo un Programa Alternativo de Detención (ATD) a inmigrantes que no representan un peligro para la seguridad pública, nacional o fronteriza de EEUU y esperar en libertad sus casos de asilo en los tribunales de inmigración.

Nota 2. Contrario al plan del gobierno de Biden, el proyecto de ley no incluye a asesoría legal para los inmigrantes detenidos en busca de asilo.

Nota 3. A finales de abril los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y de Justicia (DOJ), anunciaron la creación de 100 centros regionales en Centroamérica y Sudamérica para frenar las caravanas, ofrecer información sobre programas legales de ingreso a Estados unidos y favorecer la inmigración legal.

3. Legalización, camino a la ciudadanía

• Crea un estatus de protección inmediata y un camino simplificado para dreamers y titulasres del Programa de Protección Temporal (TPS);
• Crea un camino de legalización (programa dignidad) de siete años para indocumentados que llevan al menos 5 años en el país (desde la fecha de promulgación de la ley);
• Quienes califiquen tendrán derecho a un permiso de trabajo;
• Entre los requisitos, hablar inglés, pagar impuestos y carecer de antecedentes criminales;
• Los beneficiarios pagarán una multa de $,5000 en concepto de restitución durante los siete años del programa;
• Las personas que participen no tendrán a prestaciones o beneficios federales condicionados a los recursos económicos;
• Al término de los siete años serán elegibles para pedir la ciudadanía estadounidense por naturalización.

Nota. No queda claro si la multa de 5,000 será un solo pago por los siete años de permanencia en el programa dignidad o cada año deberán renovar la cancelación de la multa.

4. Proteger a los trabajadores estadounidenses

El proyecto de ley Dignidad 2023 crea un nuevo Fondo para los trabajadores estadounidenses, utilizando los pagos de restitución del programa de redención.

El fondo proporcionará “formación, capacitación y educación a los trabajadores estadounidenses desempleados”, señala.

La iniciativa indica que el programa “garantizará que los estadounidenses puedan asegurarse un empleo en las carreras más demandadas”, pero no explica cómo.

5. Inmigración legal

La propuesta migratoria bipartidista:

• Agiliza el procesamiento de visas tipo H-2A y H-2B;
• Aumenta la cuota de visas H-2A y H-2B de acuerdo con la demanda y los períodos estacionales;
• Expande el programa de visas H-2 a otros rubros; y
• Permitir que ciertos trabajadores con visas H-2 califiquen para pedir la residencia después de 8 años de permanencia más experiencia laboral.

6. Reducir los atascos

El plan menciona la modernización del sistema de inmigración legal y reducir en un plazo de 10 años los atascos en la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) y la Corte de Inmigración (EOIR), pero no detalla cómo ni por qué en menos tiempo.

Además, propone:

• Reducir la espera de cupos de visa basado en familia o empleo;
• Aumentar del 7% al 15% el límite de cupo por país establecido en la Ley de Inmigración de 1990.
• Permitir que graduados de doctorado en STEM de las universidades estadounidenses, incluidos los estudiantes de medicina, puedan optar a una visa O y trabajar EEUU;
• Otorgar permisos de trabajo a titulares de visas H-4 una vez reciban el estatus;
• Crea una nueva visa para Visitas Familiares Temporales;
• Modernizar el programa de Visas F para estudiantes extranjeros; y
• Crea un zar o Coordinador de Agencias de Inmigración.

Benjamin Johnson, director ejecutivo de la Asociaciñon Americana de Abogados de Inmigración (AILA) dijo que, en respuesta a la presentación de la Ley de Dignidad de 2023 por parte de las Representantes Escobar y Salazar, que "la presentación de un proyecto de ley bipartidista integral que moderniza nuestro sistema de inmigración es una señal alentadora en esta era dividida y ultrapartidista".
"Este es un primer paso importante, un reinicio de la conversación que debe ocurrir para que las leyes de inmigración de nuestro país satisfagan las necesidades de una economía del siglo XXI", agregó.

Johnson dijo además que "AILA se complace en que estos dos líderes estén abordando el tema de la legalización, un componente necesario y vital de cualquier esfuerzo de reforma migratoria que se haya dejado de lado debido al enfoque en la frontera sur". Y que si bien la entidad "no está de acuerdo con todo en este proyecto de ley, espera trabajar con estos líderes para encontrar un compromiso inteligente y viable”.

7. Quiénes son los co-autores del proyecto

Además de las congresistas Salazar y Escobar, el Proyecto Dignidad 2023 es copatrocinado por los legisladores Jenniffer González-Colón (R-Puerto Rico), Hillary Scholten (D-Michigan), Lori Chávez-DeRemer (R-Oregón), Kathy Manning (D-Caroiloina del Norte) y Mike Lawler (R-Nueva York).