Expulsión de venezolanos "amplía la abusiva política de deportación fronteriza", denuncia informe
La política migratoria del gobierno de Joe Biden para los venezolanos anunciada el 12 de octubre pone en jaque los derechos y las vidas de miles de inmigrantes que huyen de ese país sudamericano en busca de asilo en Estados Unidos, revela un reciente informe publicado por Human Rights Watch (HRW).
La nueva regla estipula que los venezolanos que crucen la frontera de manera irregular “serán inmediatamente expulsados a México” sin que se les permita solicitar asilo, un recurso legal disponible.
La estrategia, publicada el 19 de octubre en el registro Federal, señala que hasta 24,000 venezolanos podrán entrar legalmente al país por medio de un patrocinador que viva legalmente en Estados Unidos y pase una serie de controles biométricos de seguridad y verificación de antecedentes criminales.
La decisión tomada por Biden y respaldada por su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, “amplía la abusiva política de deportación fronteriza, regida por el Título 42, política que fue activada en 2020 por el gobierno anterior para combatir la pandemia del COVID-19, pero que otorga facultades extraordinarias a los agentes fronterizos para expulsar migrantes por razones de seguridad sanitaria.
Esta situación “pone sus vidas en riesgo y viola el derecho internacional”, asevera el grupo de derechos humanos en el informe.
El veto a venezolanos
El 12 de octubre Estados Unidos y México anunciaron simultáneamente una nueva regla migratoria para venezolanos cuyo objetivo es “reducir la cantidad de personas que llegan” a la frontera entre ambos países, una crisis que fue advertida en 2013 y que estalló por primera vez a principios de junio de 2014.
Human Rights Watch dice que hasta el 18 de octubre habían sido expulsados 4,050 venezolanos que buscaban asilo. “El anuncio de una nueva vía legal para que algunos venezolanos puedan ingresar a Estados no sirve para esconder debajo de la alfombra el daño que sufrirán tantos otros como consecuencia de la ampliación masiva por el gobierno de Biden de una política Trumpista de expulsión fronteriza”, dijo Tyler Mattiace, investigador para las Américas de Human Rights Watch y uno de los autores del informe.
“Con esta medida, Biden está, en la práctica, castigando a todos aquellos venezolanos que se ven obligados a huir de su país a pie, negándoles su derecho a solicitar asilo e intentando endulzar esta política abusiva con un programa de permisos humanitarios que solo beneficiará a un grupo selecto”, agregó.
Detalles de la norma
La política migratoria cuestionada por HRW señala que quienes califiquen (como refugiados temporales) recibirán un permiso de isión a Estados Unidos por un período de dos años y tendrán opción de solicitar una autorización de empleo (EAD) por el mismo período de tiempo.
La nueva regla también permitirá a las personas buscar ayuda humanitaria u otros beneficios migratorios a los que puedan ser elegibles, y trabajar y contribuir a la economía de los Estados Unidos mientras lo hacen”.
Pero aquellos a quienes no se les concede asilo u otro beneficio migratorio disponible, “deberán salir de Estados Unidos al vencimiento de su período autorizado de libertad condicional o, generalmente, será puesto en proceso de deportación después del vencimiento del permiso”, advierte.
A su vez, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) precisó que la implementación del programa (Proceso de Libertad Condicional para venezolanos) “está condicionado a que México continúe aceptando a ciudadanos de ese país sudamericano deportados por Estados Unidos”.
El futuro de los deportados
En cuanto a los los venezolanos expulsados a México en los últimos días “han recibido visas válidas para quedarse sólo por unos días o documentos de las autoridades mexicanas en los cuales se les ordena abandonar el país a través de la frontera sur”, indica el reporte de HRW.
Los investigadores señalaron que “esta documentación no les autoriza a permanecer en México ni les habilita a acceder a servicios públicos, como atención médica o educación”, situación que los deja totalmente desprotegidos y con ña única opción de regresar a su país del cual huyeron en busca de un mejor futuro.
“Human Rights Watch preguntó a representantes del Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México sobre el estatus legal de las personas expulsadas, pero al 21 de octubre no había recibido una respuesta”, se lee en el informe.
Quiénes podrán entrar
Además del anuncio de expulsiones, Estados Unidos y México anunciaron que a partir del 18 de octubre hasta 24,000 venezolanos que cumplan con determinados requisitos puedan solicitar permiso para viajar a Estados Unidos por vía aérea.
“Para poder hacerlo, deben tener un pasaporte válido y contar con el apoyo de alguien en Estados Unidos que tenga estadía legal y que acepte proporcionar vivienda y ayuda económica. Y que aquellos que ingresaron a Estados Unidos, México o Panamá de manera irregular después del 18 de octubre “no pueden beneficiarse de este programa”.
Pero el grupo de derechos humanos dice que cumplir con los requisitos para ser un beneficiario de los 24,000 cupos de refugiados temporales disponible “suele ser muy difícil” y que muchos venezolanos “enfrentan obstáculos istrativos y económicos para obtener o renovar pasaportes u otros documentos oficiales —como certificados de matrimonio y nacimiento— debido a que los servicios consulares venezolanos son escasos e inasequibles”.
“Exigir que solicitantes de asilo presenten un pasaporte emitido por el mismo gobierno que los estaría persiguiendo es contradictorio, señaló HRW. Y agregó que el gobierno de Biden “debería restablecer el al derecho a solicitar asilo para cualquier persona que llegue a la frontera entre Estados Unidos y México, independientemente de su nacionalidad, o de los recursos económicos, documentos, o vínculos familiares con los que cuente”.
A su vez, “debería eliminarse el requisito del pasaporte que impedirá que muchas personas venezolanas puedan solicitar los beneficios del nuevo programa”, precisa el reporte.
“Biden y López Obrador deberían trabajar en conjunto para crear sistemas de inmigración y asilo que sean humanos y equitativos, y que respeten los derechos fundamentales en lugar de restringir el al asilo en función de criterios como la raza, la nacionalidad, los recursos económicos o los vínculos familiares de los solicitantes”, manifestó Ari Sawyer, investigadora de la frontera de la división de Estados Unidos de HRW.
