Expertos aseguran que el cierre de la frontera para solicitantes de asilo empeora la pandemia del coronavirus
Las familias que huyen de sus países de origen por situaciones peligrosas tienen el derecho legal de pedir la protección de Estados Unidos en la frontera con México, pero en cambio son criminalizados, separados de sus hijos, desatendidos, devueltos a covid-19.
Así resume la situación que se vive en la frontera sur el Comité Internacional de Rescate (IRC) en un informe publicado el miércoles. El documento desnuda los cambios al reglamento de asilo anunciados en junio por el gobierno de Donald Trump, nuevas reglas que otorgan poderes extraordinarios a los agentes fronterizos para rechazar pedidos de asilo, impedir que los refugiados se presenten ante un juez de inmigración y acelerar las deportaciones.
“Si bien el gobierno afirma estar protegiendo la salud pública, sus ataques contra los solicitantes de asilo no hacen nada”, dice la organización. “La istración Trump está utilizando el pretexto de la pandemia del coronavirus para intensificar su ataque de años contra los solicitantes de asilo”, agrega.
El reporte añade que las políticas implementadas por los departamentos de Justicia (DOJ) y Seguridad Nacional (DHS) “exponen a los demandantes de asilo a peligros que solo han sido exacerbados por el covid-19”.
La mayoría de los afectados “son personas de color, en mayor riesgo, y amenazan con destruir el sistema de asilo tal como lo conocemos”, agrega. “En lugar de proteger al público, es probable que las nuevas propuestas empeoren nuestra crisis de salud sin precedentes”, puntualiza.
El cambio
A mediados de junio el DOJ y DHS los departamentos de Justicia (DOJ) y Seguridad Nacional (DHJS) publicaron en el registro federal (diario oficial estadounidense) el nuevo reglamento de asilo que restringirá aún más este beneficio que data de 1980.
La nueva norma modifica la actual política que se fundamenta en la palabra o el testimonio de los inmigrantes que solicitan este recurso legal disponible, pero que desde enero de 2017, a golpe de órdenes ejecutivas y memorandos, el gobierno ha minado hasta el punto que el pasado 22 de abril, con el argumento de la pandemia del nuevo coronavirus, detuvo la entrada de extranjeros que llegaban a la frontera en busca de protección.
“Esta nueva regla propuesta restringirá radicalmente la capacidad de las personas que huyen de la persecución para obtener asilo en Estados Unidos", advierte el profesor Stephen Yale-Loehr, de la práctica de inmigración de la escuela de leyes de la Universidad de Cornell, Nueva York.
Las modificaciones
Entre otras medidas, la propuesta del gobierno:
- Impone nuevas barreras al asilo, entre ellos no haber pagado impuestos;
- Pide elevar la definición de “persecución” para cubrir solo los daños “extremos”;
- Pide redefinir los motivos de asilo tal como membresía a un "grupo social particular". Abogados temen que esto deje fuera a personas que huyen de la persecución de pandillas o por violencia doméstica.
- Restringir la capacidad de pedir asilo por motivo de género. También limita a las mujeres que huyen de la esclavitud sexual.
“También revisar las reglas de procedimiento para permitir que los jueces de inmigración denieguen las solicitudes de asilo sin una audiencia si carecen de cierta evidencia”, agregó Yale-Loehr. “Esto perjudicaría particularmente a los solicitantes sin un abogado”.
“Esta regla propuesta es el sueño de quien odia el asilo. Destriparía el sistema de asilo de Estados Unidos y en definitiva muy pocas personas podrían obtenerlo”, indicó.
De vuelta al peligro
El IRC dice que el cierre de las fronteras para los solicitantes de asilo “empeoran la pandemia”, esto debido a que son regresados a México a esperar una oportunidad para hablar con un juez bajo escasas condiciones de salubridad y seguridad pública.
“Están obligando a los solicitantes de asilo a presentar su caso desde México en lugar de hacerlo dentro de Estados Unidos”, indica el reporte.
A principios de marzo, tres semanas antes del cierre de la frontera, más de 62,000 inmigrantes habían sido devueltos a territorio mexicano bajo el Programa de Protección al Migrante (MPP). Después del cierre, “en solo seis semanas la Patrulla Fronteriza negó la entrada a unas 20,000 personas, incluidos 400 Menores No Acompañados (UAC). Estos casos fueron considerados en un promedio de solo 96 minutos cada uno antes de decidir rechazar sus peticiones de asilo sin ninguna capacidad para reforzar su caso o proporcionarles más información”, precisa el reporte.
El IRC indica que “aunque las comunidades locales en el norte de México han realizado valientes esfuerzos para dar la bienvenida a los rechazados en la frontera, los servicios están abrumados y los solicitantes de asilo, a menudo, corren el riesgo de sufrir el mismo tipo de violencia de la que huyeron en sus países de origen”.
El estudio precisa además que el gobierno está enviando a inmigrantes que buscan asilo a “centros de detención notoriamente superpoblados y con registros de negligencia en materia de saneamiento, atención médica y seguridad personal”, sin tener en consideración advertencias hechas por expertos en salud pública quienes han advertido “que es probable que los centros de detención se conviertan en focos del covid-19”.
Decisiones parcializadas
Otra de las preocupaciones del IRC es la discrecionalidad otorgada por el gobierno a los agentes federales fronterizos para negar una audiencia imparcial a los solicitantes de asilo.
“Pedir asilo en Estados Unidos nunca ha sido fácil y las políticas del gobierno de Trump lo han hecho casi imposible”, subrayan. “Y las nuevas reglas anunciadas en junio “terminarían efectivamente con el sistema de asilo tal y como lo conocemos, no solo durante la pandemia, sino en los años venideros. Negarán a los solicitantes de asilo cualquier posibilidad de una audiencia imparcial”.
Según la propuesta del gobierno, las personas que buscan seguridad enfrentarían la tarea casi imposible de armar un caso integral de asilo “en la primera etapa del proceso”, indican. “Después de un largo y arduo viaje, se espera que presenten detalles sobre la condición de su país en términos legales, evidencia documental como informes policiales, testimonios de expertos que expliquen aún más las condiciones que sufrieron y argumentos legales cuidadosamente desarrollados, todo mientras están detenidos. Y probablemente sin representación legal”, puntualizan.
Jueces alarmados
Las preocupaciones del IRC también son compartidas por la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ). En una carta fechada el 15 de julio y enviada a Lauren Alder Reid, director de la Corte de Inmigración (EOIR), el sindicato solicitó el “inmediato retiro” de la nueva regla de asilo para dejar que sean los jueces y no los agentes federales “quienes decidan los casos de no ciudadanos en procedimientos de deportación”.
Al mismo tiempo, indicaron que la cancelación de la orden permitirá revisar las determinaciones de miedo creíble y razonable hechas por los agentes de asilo empleados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el primer paso dentro del largo proceso para obtener asilo en Estados Unidos.
La Asociación dijo además que “es importante compartir nuestra perspectiva y experiencia con respecto a algunas de las repercusiones predecibles de este reglamento propuesto” y que como árbitros neutrales en estos casos, “observamos los códigos éticos establecidos por el Código Modelo de Conducta Judicial del Colegio de Abogados”.
“Estos cánones les recuerdan a los jueces que es nuestra responsabilidad de respetar y honrar la confianza pública depositada en nosotros, y esforzarse por mantener y mejorar la confianza en el sistema legal”, indicaron.
La NAIJ señala además que la regla de asilo propuesta en junio por el gobierno “ paraliza la capacidad de los jueces de inmigración para adjudicar asilo y otras solicitudes humanitarias de manera justa y eficiente” y denuncia la existencia de una “desafortunada politización de los tribunales de inmigración”.
El IRC es una Organización No Gubernamental fundada por iniciativa del físico Albert Eistein en 1933 con el propósito de oponerse a las políticas raciales de Adolfo Hitler. El grupo opera en Estados Unidos con autorización del Departamento de Estado para atender a refugiados que llegan desde todas partes del mundo.
