Las nueve medidas clave de la nueva política migratoria de Estados Unidos
Las órdenes ejecutivas migratorias firmadas por el presidente Donald Trump pusieron en riesgo inmediato de deportación a los 11 millones de indocumentados que se estima viven en Estados Unidos. Esconden una serie de mecanismos que, al ser puestos en vigor, reducen las posibilidades para quedarse de quienes llevan tiempo en el país y carecen de antecedentes criminales.
1. Todos los indocumentados son vistos como una amenaza
A partir de ahora todos “los inmigrantes que entran indocumentados sin inspección o isión, o dejaron vencer sus visas, representan una amenaza significativa para la seguridad nacional y pública”. Las órdenes no aclaran si son los indocumentados que entren después del 25 de enero del 2017 o si tiene efectos retroactivos y abarca a los 11 millones que ya están presentes en EEUU.
También se establece que la inmigración ilegal “representa un peligro claro y presente para los intereses del país”, por lo que estipula repatriaciones y deportaciones “de forma rápida, consistente y humana”.
A su vez, establecen nuevas prioridades de deportacion, cancelando las que había decretado el expresidente Obama el 20 de noviembre de 2014. La orden ahora afecta a:
- Quienes fueron condenados por cualquier delito.
- Quienes han sido acusados de cualquier delito, incluso cuando el proceso no ha sido resuelto.
- Quienes cometieron actos que constituyen un delito penal imputable.
- Quienes hayan incurrido en fraude o tergiversación deliberada en relación con cualquier asunto oficial o solicitud ante un organismo gubernamental.
- Quienes hayan abusado de cualquier programa relacionado con la recepción de beneficios públicos.
- Quienes estén sujetos a una orden final de deportación, pero no han cumplido con su obligación legal de abandonar el país.
- Quienes a juicio de un funcionario de inmigración supongan un riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional.
2. Deportaciones expeditas
La orden ejecutiva de Trump precisa que, “para prevenir la inmigración ilegal”, las agencias involucradas en la seguridad nacional “desplegarán todos los medios legales para proteger la frontera (…) para repatriar a extranjeros ilegales de forma rápida, consistente y humana”.
La orden no aclara si en aquellos casos en los que existen caminos legales para regularizar una estadía seguirán vigentes. Por ejemplo: los cónyuges indocumentados de ciudadanos estadunidenses que entraron legalmente al país pero dejaron vencer sus visas. Tampoco explica si la exención contenida en las acciones ejecutivas migratorias de Obama de 2012 y 2014, que permite a ciudadanos y residentes legales pedir la residencia de sus cónyuges indocumentados que entraron con o sin visa al país, reciban un perdón provisional para salir y hacer el trámite consular, y no les caiga encima la Ley del Castigo.
3. Los indocumentados no serán liberados
Trump eliminó la práctica conocida como ‘detener y liberar’ ( catch and release). Aunque esta política estaba en desuso, su aplicación dependía de la discreción del agente que llevaba a cabo un arresto, y de las prioridades de deportación establecidas el 20 de noviembre de 2014.
El presidente ordenó que todos los indocumentados detenidos sean puestos en un proceso de deportación acelerado. “Esto se ha discutido muchas veces”, explica el abogado Ezequiel Hernández, colaborador permanente del Noticiero Univision. “Aquí no se está violando la ley. Las personas detenidas pueden presentar cada seis meses un recurso de 'habeas corpus' y pedir su libertad. Pero el gobierno usa el argumento de la seguridad nacional para mantenerlos detenidos”.
Hernández agregó que si todos los detenidos presentan recursos de 'habeas corpus', al final obligarán a las cortes a determinar si pueden permanecer en libertad mientras esperan la resolución de sus casos: “Veremos qué pasa en el futuro. Por ahora, el gobierno puede seguir haciéndolo”.
4. Muéstrame tus papeles
El Secretario de Seguridad Nacional tomará “medidas adecuadas” para activar a nivel nacional la sección 287(g) de la Ley de Inmigración, que permite alcanzar acuerdos con las agencias locales de policía (estatal y municipal) y otorgarles poderes extraordinarios para que su personal actúe como agentes de inmigración.
Estos acuerdos o asociaciones son la base de la fuerza nacional de deportaciones que el presidente anunció en su campaña. Entre las facultades otorgadas, cualquier policía que opere bajo la sección 287(g) estará facultado para detener a un individuo si tiene sospecha de que se trata de un indocumentado y pedirle que documente su presencia migratoria en Estados Unidos, algo que solo le compete al gobierno federal. Si el policía prueba o determina que se trata de un indocumentado, entregará al detenido a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para que sea puesto inmediatamente en proceso de deportación.
5. Pautas de enjuiciamiento
Las órdenes ejecutivas ordenan al Fiscal General que tome medidas apropiadas “para establecer pautas de enjuiciamiento” y permitir que los fiscales “otorguen alta prioridad a los enjuiciamientos de los delitos que tengan nexo con la frontera sur”. Es decir, todo indocumentado que haya ingresado por la frontera sur “es una prioridad de deportación”.
6. Lista de delitos deportables
Con sus órdenes ejecutivas, Trump potenció las causales de inisibilidad a Estados Unidos y deportación del país, de acuerdo con lo estipulado en la Sección 1101 Título 8 de la Ley de Inmigración. Incluye la entrada ilegal, violación migratoria sobre requisitos de documentación, violaciones al estado inmigratorio y cualquier tipo o clase de delito agravado, entre otras causas. Es decir, convierte en inisible a cualquier persona con presencia indocumentada, sea por ingreso ilegal o por vencimiento de los términos de una visa. Con ello, establece que todos los indocumentados, por el solo hecho de no estar autorizados para permanecer en Estados Unidos, son una amenaza para la seguridad nacional.
7. Ayudar a un indocumentado es delito
Una de las secciones de la orden ejecutiva sobre las ciudades santuario busca convertir en delito facilitar la presencia de un indocumentado en Estados Unidos, una medida alarmante que criminalizaría, por ejemplo, a los inmigrantes legales con familiares sin papeles. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) advirtió en noviembre del año pasado que se enfrentará a Trump “con toda la munición disponible” si encuentra que sus medidas violan la Constitución.
8. Encarcelar a los inmigrantes que piden asilo
La privación de libertad de los inmigrantes que piden asilo está contermplada en la Ley Real ID del 10 de abril de 2005. La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) advirtió a finales de ese año que esta legislación "dificultará la vida de millones de inmigrantes en Estados Unidos", y que las modificaciones aprobadas por el Congreso obligarán a miles de extranjeros que no tienen estatus legal de estadía "a esconderse todavía más".
El Real ID también autoriza a caza recompensas a perseguir y arrestar a inmigrantes en cualquier parte de Estados Unidos; permite la deportación de inmigrantes antes de que concluyan los procesos de apelación; y elimina el derecho de utilizar la ley de Hábeas Corpus, vigente desde la guerra civil.
Además, faculta a los agentes del servicio de inmigración para que rechacen peticiones de asilo y sometan al extranjero a una deportación acelerada, procedimiento que evita que el fallo sea apelado ante una corte de inmigración.
También expande las razones para deportar a un extranjero, crea un régimen de detención obligatoria de personas que sean responsables de un delito, elimina la suspensión discrecional y establece procedimientos de expulsión acelerada.
9. Llevar a los jueces a las cárceles
Hasta el 31 de diciembre de 2016 las cortes de inmigración tenían acumulados 533,000 casos de deportación y solo contaban con 273 jueces. Las primeras citas las estaban dando para mediados de abril de 2020. Si Trump lleva a cabo sus planes, que incluyen redadas y deportaciones masivas, el número de casos en los tribunales de inmigración aumentarán considerablemente, y también los retrasos. La solución, dice, es llevar los jueces a los centros de detención.
¿Qué pasará con la defensa de los inmigrantes encarcelados? ¿Tendrán tiempo suficiente para defender sus casos y quedarse en EEUU?
“Ya hay jueces que van a los centros de detención para celebrar juicios”, dijo Jaime Barron, un abogado de inmigración que ejerce en Houston, Texas. “No es nuevo. Una vez tuve un caso así en San Antonio. El problema ahora es que hay tantos casos que no hay tiempo para agilizar los procesos”.
“Si el presidente lo ordena, pues tendrán que contratar a más jueces. El problema es que si agilizan los procesos, entonces los indocumentados no van a tener tiempo para preparar sus defensas. La simplificación va en contra de la posibilidad de armar un caso para convencen al juez y ganar el juicio”, señaló.
Barrón advirtió que “cuando los casos se apuran crece la posibilidad de abuso. Y la gente no debe olvidarse que en la ley criminal si el acusado no tiene dinero, el estado le da un abogado de oficio, pero en la ley de inmigración si el detenido no tiene fondos se queda sin defensa. Con eso, las posibilidades de quedarse se reducen sustancialmente”.
